La Dra. Carolina Jasso González del Programa de Seguridad Ciudadana señaló que el problema no termina cuando una candidatura llega al cargo, pues las redes criminales también buscan capturar gobiernos ya en funciones
La especialista advirtió que los municipios siguen siendo el eslabón más vulnerable frente al crimen organizado
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado representa un paso positivo en el fortalecimiento democrático y la seguridad pública del país; sin embargo, también es indispensable vigilar y evitar que autoridades ya en funciones establezcan alianzas o pactos con estructuras delictivas una vez que llegan al poder, consideró la
La especialista explicó que limitar el acceso de perfiles presuntamente ligados a grupos criminales a cargos de elección popular atiende una preocupación legítima sobre la infiltración del crimen en la política mexicana. No obstante, señaló que el fenómeno es más complejo y no se reduce únicamente al momento electoral.
De acuerdo con Jasso González, las organizaciones criminales también operan mediante procesos de captura institucional que pueden desarrollarse durante el ejercicio del gobierno, aprovechando las debilidades estructurales de muchos municipios del país, especialmente en materia de supervisión, control interno y capacidades institucionales.
En ese sentido, advirtió que el riesgo no desaparece automáticamente cuando una candidatura supera filtros de revisión, pues las presiones, amenazas, redes de corrupción y acuerdos ilegales pueden consolidarse posteriormente desde el poder público.
La académica sostuvo que uno de los principales retos consiste en fortalecer mecanismos permanentes de vigilancia institucional, transparencia y rendición de cuentas, particularmente a nivel local, donde el crimen organizado suele disputar el control territorial y político de manera más directa.
La especialista recordó que, en distintos procesos electorales recientes, la violencia política ha tenido como blanco prioritario a candidaturas y autoridades municipales, fenómeno que evidencia la relevancia estratégica de los gobiernos locales para las organizaciones criminales.
Asimismo, explicó que muchas policías municipales operan bajo condiciones precarias, con bajos salarios, escasa supervisión y limitadas capacidades institucionales, mientras los ayuntamientos enfrentan presupuestos reducidos y ciclos administrativos cortos. Estas condiciones, dijo, facilitan procesos de captura institucional sostenida por parte del crimen organizado.
Recientemente, la Dra. Carolina Jasso había analizado la reactivación de la Operación Enjambre en Morelos, donde fueron detenidos alcaldes y exfuncionarios presuntamente vinculados con redes criminales. La especialista indicó que estas acciones muestran cómo el ámbito municipal se ha convertido en uno de los espacios más vulnerables frente a la infiltración del crimen organizado.
De acuerdo con la consultora de la IBERO, el operativo encabezado por autoridades federales refleja que existe un diagnóstico claro sobre las mayores fragilidades institucionales en los gobiernos locales y evidencia una mayor disposición del Estado para actuar incluso contra alcaldes en funciones, rompiendo blindajes políticos tradicionales.
No obstante, la académica advirtió que las detenciones aisladas no bastan para desmontar las estructuras económicas y políticas que sostienen los mercados de extorsión, corrupción y gobernanza criminal en distintas regiones del país.
“La detención de funcionarios individuales no desarticula la economía política que sostiene los mercados de extorsión y los pactos informales de gobernanza criminal”, señaló previamente la experta de la IBERO al analizar la Operación Enjambre en Morelos.
Para Jasso González, combatir la infiltración criminal en la política requiere una estrategia integral que combine filtros electorales más estrictos, fortalecimiento institucional, profesionalización policial, mecanismos efectivos de control y procesos judiciales sólidos capaces de evitar que las redes delictivas se reconfiguren dentro de los propios gobiernos.
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