Detención de alcaldes en funciones rompe blindajes políticos y revela focos de vulnerabilidad local, advierte Carolina Jasso
Señala que capturas aisladas no bastan si no hay reconstrucción institucional y procesos judiciales sólidos
La reactivación de la Operación Enjambre en Morelos, con la detención de alcaldes presuntamente vinculados con el crimen organizado, exhibe la fragilidad estructural de los gobiernos municipales frente a redes criminales y confirma que el ámbito local se ha convertido en el principal espacio de disputa territorial entre organizaciones delictivas, advirtió la Dra. Carolina Jasso González, consultora del
Programa de Seguridad Ciudadana
de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara esta mañana sobre la captura del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, la especialista señaló que los municipios representan “el eslabón más vulnerable del entramado de seguridad pública en México”.
“La violencia política electoral, que en los últimos procesos ha tenido como blanco preferente candidaturas y autoridades locales, confirma además que el municipio se ha consolidado como el espacio donde las organizaciones criminales disputan de manera más directa cuotas de poder formal”, explicó.
Municipios, bajo presión criminal
La investigadora indicó que las policías municipales operan con las condiciones laborales, salariales y de supervisión más precarias del país, mientras que los gobiernos locales enfrentan presupuestos limitados, ciclos cortos de gestión y débiles mecanismos de control interno.
Estas condiciones, dijo, facilitan procesos de captura institucional sostenida por parte del crimen organizado.
Para Jasso González, la actual fase de la Operación Enjambre revela que existe “un diagnóstico oficial consolidado” sobre dónde se concentran las mayores vulnerabilidades institucionales y que las capacidades de inteligencia federal están enfocándose deliberadamente en ese nivel de gobierno.
Añadió que, a diferencia de antecedentes en estados como Tamaulipas o Michoacán, el operativo actual presenta características distintas.
“Por una parte, la captura se ejecuta contra alcaldes en funciones y no únicamente exfuncionarios, lo que supone un costo político mayor y una ruptura del blindaje habitual del fuero”, sostuvo.
También destacó que las detenciones involucran a representantes de distintas fuerzas políticas, lo que, afirmó, disminuye la percepción de persecución selectiva y fortalece la credibilidad institucional del operativo.
Riesgo de quedarse en lo mediático
Aunque reconoció que acciones como Enjambre pueden romper inercias de impunidad y enviar señales de presión sobre redes locales de protección criminal, la académica advirtió que su alcance es limitado si no se acompaña de transformaciones estructurales.
“La detención de funcionarios individuales no desarticula la economía política que sostiene los mercados de extorsión y los pactos informales de gobernanza criminal”, señaló.
La especialista añadió que experiencias comparadas en México y América Latina muestran que las estrategias centradas en la captura de actores clave pueden generar fragmentación criminal e incluso incrementar la violencia local en territorios disputados si no existe una reconstrucción institucional sostenida.
Entre las condiciones necesarias para que estas acciones tengan efectos duraderos, mencionó procesos judiciales técnicamente sólidos, fortalecimiento de capacidades municipales y mecanismos efectivos de control interno y transparencia.
“Conviene subrayar que el problema no se agota en el ámbito municipal, pues existen evidencias suficientes de redes de colusión también en los órdenes estatal y federal cuya intervención sigue pendiente”, concluyó.
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