Violencia armada silencia al periodismo y amenaza la democracia: Especialistas en las Jornadas IBERO para la Reducción de las Armas de Fuego

Cuando las armas imponen el silencio

Mariana Suárez, coordinadora de Protección de Artículo 19 México y Centroamérica, advirtió que la violencia contra la prensa tiene consecuencias que trascienden a quienes son agredidos y limita el derecho de la sociedad a estar informada.

Al recordar el testimonio de una mujer afectada por la violencia armada, expuso cómo el miedo y el dolor de perder a un ser querido se prolongan durante la búsqueda de justicia y la exigencia de respuestas a las autoridades. Las estadísticas, señaló, representan historias de personas, familias y comunidades cuyas vidas quedan profundamente afectadas.

Suárez explicó que, en distintas regiones del país, grupos criminales y otros actores violentos buscan controlar no sólo el territorio, sino también la información: qué se dice, qué se publica y qué puede investigarse. En ese contexto, cubrir desapariciones, corrupción, violencia y abusos de poder puede representar un riesgo para periodistas y comunicadores.

La impunidad, la corrupción, la posible complicidad institucional y la falta de respuestas eficaces del Estado contribuyen a perpetuar estas agresiones. El desplazamiento de periodistas y el silenciamiento de medios, añadió, generan autocensura, que en muchas ocasiones no es una elección, sino una estrategia para sobrevivir.

Por ello, llamó a fortalecer las investigaciones exhaustivas, diligentes e independientes, así como los mecanismos de protección con recursos suficientes y capacidad real de respuesta. También defendió una política integral para reducir la violencia armada que atienda el tráfico y la disponibilidad ilícita de armas, la corrupción y la impunidad.

“Defender a la prensa es defender el derecho que tenemos todas y todos a saber”, fue el sentido central de su mensaje. Permitir que las armas impongan el silencio, advirtió, pone en riesgo la libertad de expresión y la democracia.

Militarización, desapariciones y derechos humanos

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, vinculó la violencia armada con la militarización de la seguridad pública y la crisis de derechos humanos en México.

Señaló que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se ha profundizado durante distintos gobiernos y que esta estrategia no ha resuelto problemas como los homicidios y las desapariciones. También cuestionó el cambio institucional de la Guardia Nacional hacia un modelo militarizado, al considerar que la seguridad pública debe observar los estándares internacionales de derechos humanos.

Olivares destacó las condiciones de riesgo que enfrentan las familias buscadoras, en particular las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos. La violencia armada en los territorios donde realizan sus labores añade una dimensión de peligro a una crisis que ya implica sufrimiento, incertidumbre y exigencia de justicia.

La activista subrayó que la situación mexicana no puede entenderse sin considerar el tráfico de armas de fuego y la responsabilidad de Estados Unidos en este fenómeno. Por ello, sostuvo que la reducción de la violencia requiere políticas de control de armas y acciones coordinadas que coloquen en el centro la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales.

Cooperación para construir soluciones

Daniel Friedman, director de la Red de Igualdad de Género para el Control de Armas Pequeñas (GENSAC), planteó que la violencia armada debe abordarse desde distintas perspectivas, debido a sus efectos sobre la seguridad, los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de paz.

Propuso fortalecer el diálogo entre organizaciones y movimientos sociales, incorporar las experiencias de las comunidades al diseño de políticas públicas, mejorar la implementación de los compromisos internacionales y regionales, y abrir espacios para que las personas afectadas participen en las decisiones.

Friedman enfatizó que la participación ciudadana no debe limitarse a escuchar testimonios cuando las políticas ya están definidas: las comunidades deben intervenir desde la identificación del problema hasta la construcción de las respuestas. Para ello, consideró necesario reconocer las deficiencias institucionales y mejorar la información disponible para diseñar acciones que reduzcan la violencia.

El arte para cuestionar la normalización de la violencia

Ana Cristina Flores, coordinadora de Arte y Cultura de la IBERO, destacó que las prácticas artísticas pueden abrir espacios de reflexión sobre la relación entre las armas, la tecnología y la manera en que las sociedades perciben la violencia.

Explicó que el arte no debe limitarse a embellecer o hacer más amable una discusión difícil, sino ayudar a formular preguntas que el debate público no siempre consigue plantear. También invitó a examinar cómo ciertas tecnologías, presentes tanto en el entretenimiento como en escenarios de guerra, transforman la mirada y pueden convertirse en instrumentos de vigilancia, identificación y destrucción.

Desde esta perspectiva, la cultura permite hacer visibles aspectos de la violencia que las estadísticas no siempre alcanzan a expresar: las experiencias humanas, las relaciones de poder y las formas en que determinadas prácticas terminan normalizándose.

Tres días para reflexionar y definir responsabilidades

Magda Coss, coordinadora de las Jornadas Académicas, Artísticas y Culturales para la Reducción de las Armas de Fuego, señaló que el encuentro busca ir más allá del análisis y la reflexión para contribuir a la construcción de respuestas colectivas.

Las actividades abordarán la violencia armada desde sus dimensiones territoriales, familiares, laborales y sociales, así como desde la responsabilidad de las instituciones encargadas de prevenirla y reducirla. La intención, explicó, es relacionar las perspectivas académicas, artísticas y de derechos humanos para identificar responsabilidades y posibles rutas de acción.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, también participó en la apertura del encuentro.

Las jornadas parten de la premisa de reducir la violencia armada exige reconocer sus múltiples consecuencias y construir respuestas que involucren a las autoridades, las organizaciones civiles, las comunidades y las universidades. La tarea no consiste únicamente en controlar las armas, sino en crear condiciones para que la seguridad, la justicia, la libertad de expresión y la vida digna sean una realidad.