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PRENSA IBERO
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• En 2025, el INEGI documentó alrededor de 3 mil 600 defunciones por homicidio que no aparecen como víctimas en las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías • La divergencia se amplió particularmente en Quintana Roo, Zacatecas y San Luis Potosí, entidades que también registraron algunos de los mayores descensos • El Programa de Seguridad Ciudadana reconoce que la reducción nacional parece real, pero pide datos abiertos, auditorías independientes y análisis rigurosos para determinar su magnitud
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx

Los homicidios bajan, pero los datos cuentan una historia más compleja. En 2025, el INEGI registró 15% más homicidios que las fiscalías: unas 3,600 defunciones que no aparecen como víctimas en carpetas de investigación.
El análisis del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO) encuentra brechas crecientes entre los registros del SESNSP y el INEGI. La reducción de homicidios en México es real, pero entenderla exige mirar más allá de una cifra, pues sin datos confiables, no hay forma de evaluar qué está funcionando.
Por primera vez en una década, los registros oficiales apuntan hacia una disminución sostenida de los homicidios en México. Sin embargo, algunas de las entidades que reportaron las reducciones más pronunciadas presentan también las mayores diferencias entre las víctimas contabilizadas por las fiscalías y las defunciones por homicidio documentadas por el
La investigación reconoce la relevancia de la disminución observada en el país, pero advierte que las divergencias entre las fuentes oficiales dificultan establecer con precisión su magnitud y explicar sus causas.
De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI, durante 2025 se contabilizaron preliminarmente 27 mil 989 presuntos homicidios, equivalentes a una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, frente a la tasa de 25.8 registrada en 2024.
La tendencia descendente continuó durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las fiscalías del país reportaron 9 mil 305 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 40% menos que en el mismo periodo de 2024.
El homicidio doloso de hombres disminuyó 40%, al pasar de 13 mil 474 a 8 mil 29 víctimas; el de mujeres bajó 41%, de mil 312 a 772, y los feminicidios se redujeron 28%, de 440 a 317.
Para el PSC, la reducción nacional parece consistente, pues se observa en los distintos grupos de víctimas y no presenta irregularidades evidentes en datos básicos como el sexo. La composición también permaneció prácticamente igual: los hombres asesinados con arma de fuego representaban 64 de cada 100 víctimas en 2024 y 63 de cada 100 entre quienes dejaron de registrarse hacia 2026.
No obstante, el análisis advierte que el tamaño de la disminución depende de la calidad y consistencia de la información disponible.
El INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizan los homicidios mediante fuentes diferentes.
El INEGI integra las defunciones a partir de certificados y registros administrativos de oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y agencias del Ministerio Público. El SESNSP, en cambio, reporta a las víctimas incluidas en las carpetas de investigación de las fiscalías estatales.
En 2024, el INEGI contabilizó 8.5% más homicidios que las fiscalías. Para 2025, la diferencia aumentó a 15%, lo que equivale a cerca de 3 mil 600 defunciones por homicidio documentadas en los registros de mortalidad que no aparecen como víctimas en las carpetas de investigación.
La brecha, señala el estudio, no creció de manera uniforme: se concentró precisamente en algunas entidades que presentaron los mayores descensos en sus cifras de homicidio.
En Quintana Roo, la relación entre los registros del INEGI y del SESNSP pasó de 0.96 a 1.75; en Zacatecas, de 1.12 a 1.77, y en San Luis Potosí, de 1.11 a 1.72.
Esto significa que, en esas entidades, por cada cuatro víctimas registradas en carpetas de investigación existen hasta siete defunciones por homicidio certificadas.
El documento no atribuye las diferencias a una manipulación deliberada ni establece una causa única. Sin embargo, sostiene que el contraste obliga a revisar con mayor rigor la magnitud de las reducciones y a esclarecer por qué numerosas defunciones certificadas no se reflejan de la misma manera en los datos de las fiscalías.
Otra señal de que la reducción debe analizarse entidad por entidad es que los cambios no comenzaron simultáneamente.
Zacatecas presentó una reducción de 76% en su nivel promedio mensual desde diciembre de 2023. Michoacán y Tamaulipas mostraron cambios durante 2024, antes del relevo en la administración federal.
Trece entidades modificaron sus tendencias entre diciembre de 2024 y abril de 2025, durante la implementación de la nueva estrategia de seguridad. En otros estados, como Chihuahua, Nayarit y Puebla, el descenso se observó hasta finales de 2025.
La dispersión de los cambios a lo largo de más de dos años sugiere que la tendencia nacional responde a diversos procesos y no necesariamente a un solo factor. Las dinámicas criminales locales continúan desempeñando un papel central.
Mientras Zacatecas reportó una disminución de 76% en su nivel medio mensual, Quintana Roo presentó una reducción de 65% y San Luis Potosí de 72%. En contraste, Sinaloa registró un aumento de 216%; Tabasco, de 194%, y Baja California Sur, de 129%.
Estos contrastes muestran que una misma estrategia nacional puede generar resultados diferentes debido a las condiciones locales, su implementación y las reconfiguraciones de los grupos criminales.
El Programa de Seguridad Ciudadana sostiene que los registros disponibles permiten reconocer una reducción real de la violencia homicida, pero todavía no explican completamente su alcance, sus causas ni las diferencias entre las entidades.
Por ello, propone estandarizar los registros de homicidio y desaparición, transparentar las metodologías, facilitar el acceso público a las bases de datos y someter la información a auditorías independientes.
También recomienda desagregar las cifras para distinguir tipos de violencia, contextos y perfiles de las víctimas; diseñar acciones preventivas para territorios específicos; fortalecer las fiscalías y la coordinación institucional, y establecer metas verificables y evaluaciones periódicas.
La coyuntura representa una oportunidad para consolidar la disminución de los homicidios, pero hacerlo exige convertirla en una política de Estado con continuidad, presupuesto, capacidades locales y mecanismos públicos de rendición de cuentas.
Para la IBERO, reconocer el descenso no debe impedir examinar críticamente las cifras. Por el contrario, sólo mediante registros confiables y comparables será posible saber dónde se está reduciendo la violencia, qué intervenciones están funcionando y cómo sostener sus resultados.

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