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PRENSA IBERO
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• Redes sociales, y plataformas operan sin regulación para frenar daño reputacional, coinciden especialistas en la mesa "Privacidad, reputación e identidad digital" del Departamento de Derecho • Señalan el caso de una funcionaria y toda su familia —incluidos hermanos sin cargo público— quienes fueron señalados en 2017 de estar investigados por lavado de dinero; de 25 medios contactados, solo 15 retiraron la nota, que siguió apareciendo en buscadores años después • México derogó los delitos de difamación y calumnia, que sí existen en otros países, señala el Dr. Diego García, procurador de Derechos Universitarios de la IBERO
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx

México carece de mecanismos eficaces para frenar el daño reputacional en redes sociales, además que las plataformas operan sin regulación real, coincidieron abogados y comunicólogos en la mesa "Privacidad, reputación e identidad digital", del seminario Derecho y Comunicación en la Era Digital, organizado por la Academia Mexicana de la Comunicación, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Universidad Iberoamericana (IBERO) y El Universal.
"Hemos creado tecnologías sin pensar antes cómo controlarlas. Todas las leyes están llegando tarde

Durante la mesa moderada por el Mtro. Javier Solórzano, la comunicóloga citó al filósofo Paul Virilio al decir que “toda tecnología inventa su propio accidente, como el barco inventó el naufragio” y manifestó que el de las redes sociales "es que estamos colisionando contra nosotros mismos, por la velocidad y la escala".

Olabuenaga expuso casos con daño reputacional irreversible como el ocurrido con Armando Vega Gil, bajista de “Botellita de Jerez”, quien dejó una carta antes de morir: "Mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia. Solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo".
La Dra. Carmen Quijano Decanini, quien calificó la privacidad como "el derecho humano de este siglo", relató el caso de una funcionaria señalada en 2017 —junto con toda su familia, incluidos hermanos sin cargo público— de ser investigada por lavado de dinero.

Detalló que la PGR desmintió la investigación, pero la aclaración no tuvo la fuerza de la nota original. Contó que de 25 medios contactados, 15 retiraron la información al reconocer que no cumplía estándares periodísticos; aun así siguió en buscadores años después, y la familia enfrentó problemas para obtener créditos y cruzar a Estados Unidos.
El Dr. Diego García Ricci, procurador de Derechos Universitarios de la IBERO, distinguió entre honor —percepción íntima de uno mismo— y reputación —percepción social externa—, y recordó que México eliminó los delitos de difamación y calumnia que sí existen en otros países.

Asimismo, propuso tres reglas: autorregulación con rendición de cuentas y sanciones reales; jurisdicción obligatoria en México para plataformas con datos de mexicanos; y transparencia forzosa sobre los algoritmos.
Por su parte, el Dr. Óscar Cruz Barney añadió que el marco legal sigue fragmentado entre el Código Civil Federal y los estatales, con hasta cuatro modelos distintos para indemnizar el daño moral.

La mesa cerró con una advertencia compartida: ninguna disculpa pública, desmentida oficial o sentencia de desindexación llega a tiempo para reparar un daño que en redes se viraliza en minutos.
El Dr. García Ricci resumió que en lo digital la afectación es a nivel personal. "La peor política de respeto es la de dejar hacer, dejar pasar, porque entonces unas cuantas empresas logran imponer sus intereses particulares a los de toda una sociedad", puntualizó.
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