¿Te apagan el celular? Académico IBERO advierte violaciones por registro obligatorio

En entrevista con Prensa IBERO, el especialista en materia de regulación y gestión del espectro radioeléctrico explicó que hay tres artículos constitucionales que deben considerarse cuando se habla del derecho a usar una línea telefónica, particularmente cuando ésta permite acceder a datos e internet.

El académico relacionó el derecho de poder comunicarse con el artículo 2 constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el cual contempla derechos específicos relacionados con la comunicación y los medios.

A ello sumó el derecho a la información, contemplado en el artículo 6 constitucional, pues un teléfono celular funciona como una terminal para consultar contenidos, noticias, servicios y conocimiento. En ese sentido, cortar una línea no representa dejar de recibir llamadas: significa limitar el acceso a la información.

También mencionó el artículo 7 constitucional que estipula la libertad de expresión por cualquier medio como el teléfono celular. Por ello, el académico advirtió que cualquier restricción debe analizarse desde la perspectiva de los derechos que se ejercen a través de ese medio.

Los datos personales, el otro gran riesgo

El especialista reflexionó sobre lo que ocurre con la información que las personas deben entregar para vincular una línea telefónica. El problema, explicó, aparece cuando una base de datos concentre información que podría permitir que se conozca el número telefónico, la ubicación y los patrones de comunicación de una persona.

El Dr. Martínez Cervantes advirtió que una de las preocupaciones es precisamente la protección de los datos personales, pues si la información termina expuesta, es robada o usada indebidamente, la ciudadanía podría quedar vulnerable frente a terceros.

Señaló que no existe garantía suficiente para que las y los usuarios sepan qué ocurrirá con sus datos o quién podrá tener acceso a ellos y aunque se afirme que la información permanecerá en manos de los operadores, hay disposiciones de cooperación con autoridades que contemplan el acceso a determinados datos.

La justificación gubernamental de la medida está relacionada con el combate a la extorsión y otros delitos, pero para el Dr. Martínez Cervantes no basta con decir que el registro protegerá a la población, ya que también debe garantizarse que los datos estarán protegidos y que la información no será usada para vigilancia indebida.

En su opinión, apuntó que, si una autoridad pudiera relacionar un número telefónico con la identidad de una persona y eventualmente con información sobre sus comunicaciones o ubicación, el riesgo trasciende la regulación de las telecomunicaciones.

“La frontera estaría en evitar que una medida presentada como mecanismo de seguridad termine afectando derechos fundamentales. Pueden restringir la capacidad de comunicarnos en favor de una supuesta seguridad que ni siquiera pueden garantizar”, resumió.

El debate, puntualizó, no se reduce a si una persona registró o no su número antes de una fecha determinada, pues lo que está en juego es cómo garantizar la seguridad sin convertir el acceso a las telecomunicaciones en un mecanismo de vigilancia, restricción o censura.

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