PRENSA IBERO
AUTOR
Mariana Domínguez Batis
Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional
• La cobertura de servicios financieros en el campo apenas llega al 7% de las empresas rurales
• Especialistas llaman a crear esquemas adaptados a territorios, ciclos productivos y organización comunitaria
Solo alrededor del 15% de las empresas rurales accede a financiamiento en México, mientras la cobertura de servicios financieros en estas zonas apenas alcanza el 7% y las microempresas reciben apenas el 14.6% del crédito total, advirtió el especialista Javier Delgado Mendoza en la IBERO, quien advirtió que “la película se repite”, ya que el financiamiento rural en México arrastra los mismos problemas desde hace décadas, lo que exige rediseñar los esquemas de financiamiento.
La Universidad Iberoamericana reunió a especialistas, académicas, académicos y actores del sector financiero para analizar los retos de la inclusión financiera de empresas sociales rurales, en un foro que puso sobre la mesa una constante: el financiamiento sigue sin responder a las realidades del campo mexicano.
Durante la apertura del encuentro “Inclusión financiera de las empresas sociales rurales como estrategia de desarrollo rural sustentable”, organizado por el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria (CIIESS) y el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS), se destacó que el objetivo es identificar qué condiciones deben cumplir los instrumentos financieros para ser realmente accesibles y útiles en contextos rurales.
El reto estructural
En la conferencia magistral, el ingeniero Javier Delgado Mendoza, especialista con más de 50 años de experiencia en financiamiento rural, fue contundente: “Los mercados financieros rurales de México presentan un desempeño muy pobre”.
Explicó que la baja cobertura, los altos costos, la falta de información y la percepción de riesgo limitan el acceso al crédito, mientras que solo una pequeña proporción de empresas rurales logra financiamiento.
Delgado planteó que el modelo actual debe transformarse hacia esquemas diseñados “desde la base hacia arriba”, con instrumentos financieros hechos a la medida de los territorios y acompañados de capacitación y asistencia técnica.
Repensar el financiamiento
El especialista propuso fortalecer mecanismos como garantías de crédito, fondos de capital semilla y esquemas de financiamiento adaptados a ciclos productivos rurales, además de impulsar un sistema que reduzca riesgos para la banca sin encarecer el crédito.
Coincidió con participantes en que la inclusión financiera no puede limitarse a ampliar cobertura, sino que debe replantear el sentido del financiamiento en función del desarrollo rural sustentable.
Barreras del sistema
El Mtro. Diego Orozco, del CIIESS, advirtió que el problema no es solo la falta de recursos, sino la desconexión entre el sistema financiero y las formas de organización comunitaria: “No se trata únicamente de acceder a recursos financieros, sino de hacerlo en condiciones que no vulneren la lógica colectiva, comunitaria y transformadora de los proyectos”, señaló.
En ese sentido, subrayó que muchas empresas sociales rurales, como cooperativas y organizaciones comunitarias, enfrentan esquemas que no reconocen sus tiempos, riesgos ni dinámicas territoriales.
Un sistema que no entiende al campo
El Dr. José Alberto Lara, director del CENTRUS, explicó que se busca recabar información directa de empresas rurales para identificar sus necesidades reales de financiamiento.
Detalló que se aplicará un ejercicio estadístico que evalúa variables como tasas de interés, plazos, garantías y mecanismos de pago, con el fin de diseñar instrumentos más adecuados.
En este contexto, la IBERO impulsa la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias, un programa mixto que fortalece las capacidades para diseñar, poner en marcha y gestionar modelos de negocio solidarios, viables y sostenibles. La maestría forma liderazgos capaces de innovar y proponer alternativas al modelo económico tradicional, en coherencia con los principios de la economía social y solidaria y el bien común.