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PRENSA IBERO
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• Durante la mesa “Libertad de expresión, información y democracia”, académicos y periodistas advierten que la desinformación, la autocensura y el debilitamiento institucional amenazan la conversación pública • Especialistas subrayan que el acceso a información, el pluralismo y la alfabetización digital son indispensables para una ciudadanía capaz de decidir libremente • La mesa forma parte del seminario “Derecho y comunicación en la era digital: plataformas, libertades y democracia”
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx

La libertad de expresión no puede reducirse al derecho de hablar, pues requiere acceso equitativo a la información, medios de comunicación plurales, instituciones independientes y condiciones para que las personas participen en las decisiones públicas sin temor a represalias.
Esta fue una de las reflexiones que vertieron especialistas en la mesa “Libertad de expresión, información y democracia”, realizada en la Universidad Iberoamericana (IBERO), como parte del seminario “Derecho y comunicación en la era digital: plataformas, libertades y democracia”, organizado por la Academia Mexicana de la Comunicación, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la IBERO y
Al respecto, la Dra. Flavia Freidenberg, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la libertad de expresión es uno de los componentes democráticos que más se han debilitado en América Latina y otras regiones durante las últimas décadas.y

Durante la mesa moderada por el Mtro. Julio Patán, la especialista destacó que una democracia debe garantizar que las personas puedan expresar opiniones distintas, incluso cuando contradigan a las mayorías que llegaron al poder mediante elecciones.

“Sin libertades no hay democracia”, sostuvo durante su exposición al plantear que la defensa de este sistema político debe acompañarse de mejores condiciones de bienestar, dignidad y participación ciudadana.
Advirtió que las democracias no pueden dar por sentado que la población defenderá sus principios si sus resultados no responden a las necesidades sociales.
El Dr. Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, cuestionó que la libertad de expresión continúe entendiéndose bajo una lógica tradicional, en la que el acceso a los medios permanece concentrado en quienes controlan los espacios de difusión.

Explicó que, aunque las redes sociales permiten a millones de personas emitir opiniones, la distribución de sus mensajes depende de algoritmos cuyo funcionamiento y decisiones no están bajo el control de quienes producen los contenidos.
El académico también planteó que la democracia implica participación en las decisiones colectivas, pero también igualdad en las posibilidades de acceder a información y hacer escuchar la propia voz.
Por ello, consideró necesario avanzar hacia una esfera pública donde la ciudadanía tenga mayores oportunidades de expresar directamente sus preocupaciones sobre asuntos como los impuestos, el gobierno y las condiciones de vida.
Por su parte la Mtra. Ligia Claudia González Lozano, integrante de la Escuela Libre de Derecho, vinculó la libertad, el conocimiento y la democracia con el derecho de acceso a la información.

La abogada explicó que la ciudadanía necesita contar con datos suficientes, educación y capacidad de discernimiento para evaluar lo que recibe y tomar decisiones autónomas.
Recordó que el artículo 6º constitucional establece límites a la libertad de expresión relacionados con la protección de la vida privada, los derechos de terceros y otros supuestos previstos por la ley. Subrayó, además, que las restricciones deben ser expresas, justificadas y proporcionales.
Advirtió que cuando se restringe el acceso a información pública o se limita la posibilidad de contrastar fuentes, se debilita la capacidad de la sociedad para participar democráticamente.
Por su parte, el Dr. Leonardo Curzio alertó sobre el avance de la posverdad y de los discursos que colocan la identidad política o la pertenencia a un grupo por encima de la argumentación.

Explicó que las democracias enfrentan procesos de erosión institucional cuando se desacredita sistemáticamente a universidades, periodistas y otras voces críticas, al tiempo que se fomenta la desconfianza hacia quienes expresan opiniones diferentes.
Durante su intervención, identificó prácticas que reducen el espacio cívico, entre ellas la distribución desigual de publicidad oficial, los ataques contra periodistas, las presiones judiciales, el debilitamiento de organizaciones civiles, el exilio de comunicadores y la pérdida de autonomía institucional.
También alertó sobre la autocensura provocada por el temor a campañas de desprestigio o represalias en redes sociales.
Ante este escenario, la Dra. Freidenberg propuso fortalecer la alfabetización digital y construir espacios cívicos más plurales, donde el desacuerdo no sea motivo de exclusión.
Las y los participantes coincidieron en que la libertad de expresión debe contribuir al entendimiento y no limitarse a una competencia por imponer la voz más fuerte.
La discusión concluyó con un llamado a defender el pluralismo, el acceso a información confiable y la participación ciudadana como condiciones necesarias para preservar la convivencia democrática en la era digital.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
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