Se puede discriminar sin intención: prejuicios normalizados sostienen la desigualdad, advierte especialista

“La discriminación puede ocurrir sin intención porque es parte de las estructuras, de nuestra cultura profunda”, señaló la especialista, quien explicó que las diferencias humanas no producen por sí mismas desigualdad. El problema comienza cuando la sociedad les asigna significados y decide, muchas veces sin advertirlo, qué cuerpos considera normales, qué familias reconoce como legítimas, qué acentos relaciona con competencia o qué barrios asocia con peligrosidad.

La académica del ITAM participó en la cuarta sesión de esta iniciativa impulsada por el Clúster Universitario de Alto Nivel de Álvaro Obregón y la IBERO.

Durante su exposición, sostuvo que los actos discriminatorios visibles son el resultado de un proceso que comienza mucho antes. Este trayecto puede avanzar de la diferencia al estereotipo y después al prejuicio, el estigma, la normalización, la exclusión y, finalmente, la institucionalización.

Cuando esas ideas se incorporan a la manera en que se organiza una sociedad, explicó, se convierten en desigualdad estructural: un sistema que coloca a determinados grupos en condiciones persistentes de ventaja y a otros en posiciones de desventaja.

Los prejuicios también deciden quién accede a oportunidades

La especialista señaló que la desigualdad estructural es particularmente difícil de identificar porque se encuentra normalizada. Quienes ocupan una posición de privilegio pueden no percibir los obstáculos que otras personas enfrentan cotidianamente.

Como ejemplo, mencionó los edificios diseñados sin considerar a quienes tienen alguna dificultad de movilidad. Para una persona que puede subir escaleras sin problemas, estas construcciones pueden parecer funcionales; para alguien con discapacidad motriz, representan una barrera material que restringe su acceso.

Una situación semejante ocurre en los procesos de contratación. Aunque las leyes prohíban discriminar por razones reproductivas, una entrevista laboral puede estar condicionada por percepciones sobre el género, el color de piel, la forma de vestir, el acento o el lugar de residencia de la persona candidata.

De esta manera, una decisión que aparentemente se presenta como una evaluación de competencias puede encontrarse atravesada por prejuicios culturales que influyen en quién obtiene un empleo, quién accede a la educación o quién recibe determinados recursos.

Ortega Ortiz explicó que el prejuicio es una valoración que antecede al conocimiento individual: en lugar de acercarnos a una persona a partir de sus características particulares, la interpretamos mediante las ideas que hemos construido sobre el grupo al que suponemos que pertenece.

Posteriormente aparece el estereotipo, mediante el cual se atribuyen características homogéneas a colectivos diversos. Así se reproducen afirmaciones como que las personas pobres no se esfuerzan, que las mujeres son naturalmente mejores para cuidar, que las personas migrantes representan un peligro o que quienes viven con alguna discapacidad son necesariamente dependientes.

Además de ser falsas generalizaciones, estas concepciones vulneran la dignidad y limitan las posibilidades de que cada persona construya su propio proyecto de vida.

Las instituciones también producen cultura

La ponente advirtió que las instituciones no son actores inocentes dentro de este proceso. No solamente reproducen los prejuicios presentes en la sociedad: también pueden profundizarlos y producir nuevas formas de exclusión mediante sus normas, prácticas y decisiones.

Esto sucede, por ejemplo, cuando una escuela niega el ingreso a una niña o un niño dentro del espectro autista porque presupone que no cuenta con las capacidades necesarias para atenderle, sin considerar sus condiciones específicas. También ocurre cuando determinados grupos son excluidos sistemáticamente de los espacios donde se define el destino de las comunidades.

Para analizar estos fenómenos, Ortega Ortiz retomó las tres dimensiones de la justicia desarrolladas por la filósofa Nancy Fraser: reconocimiento, redistribución y representación.

El reconocimiento se refiere al valor que la sociedad concede a distintas identidades y a sus aportaciones culturales; la redistribución, al acceso a recursos y oportunidades; y la representación, a la posibilidad de participar en las decisiones que afectan la propia vida.

La exclusión puede manifestarse en cualquiera de estas dimensiones: cuando las aportaciones de las mujeres o los pueblos indígenas quedan fuera de la historia y la cultura reconocidas; cuando ciertos sectores reciben menos recursos, o cuando las decisiones que afectan a una comunidad se toman sin escucharla.

Reconocer nuestros privilegios para dejar de repetir la discriminación

La especialista aclaró que todas las personas podemos reproducir estereotipos debido a que hemos sido socializadas dentro de sistemas discriminatorios. Reconocerlo no significa asumir que todas ejercen el mismo grado de poder, sino identificar desde qué posición participa cada una en una relación concreta.

Una persona puede encontrarse en una situación de privilegio por su clase social y, al mismo tiempo, experimentar opresión por su género, origen étnico u orientación sexual. Esta coexistencia de identidades y desigualdades se estudia mediante la interseccionalidad.

Por ello, Ortega Ortiz llamó a utilizar las posiciones de privilegio para favorecer a quienes enfrentan obstáculos estructurales, así como a escuchar las experiencias de las personas que padecen exclusión.

Deconstruir la discriminación, concluyó, requiere algo más que prohibir determinadas expresiones. Demanda generar conciencia, ampliar las condiciones materiales para que los grupos históricamente excluidos produzcan y difundan sus propios discursos, reconocer sus aportaciones y construir espacios de deliberación.

La transformación comienza al admitir que no toda discriminación es deliberada: muchas veces se encuentra en las ideas que repetimos, las categorías con las que interpretamos a otras personas y las decisiones aparentemente cotidianas que terminan definiendo quién tiene acceso a derechos y oportunidades.