La Clínica Jurídica ‘Alaíde Foppa’ y el Servicio Jesuita a Refugiados promovieron el amparo mediante el cual se busca garantizar transparencia en las detenciones que realiza el INM y reducir con ello riesgos de desapariciones forzadas y tortura
Con esta determinación, que obliga al Congreso a crear un registro nacional de personas migrantes detenidas, se sienta una jurisprudencia que fortalece el marco legal en favor de los derechos de las personas migrantes
  • Edificio de la SCJN. Foto: Especial
Gracias a un amparo promovido por la Clínica Jurídica ‘Alaíde Foppa’de la Universidad Iberoamericana, y por el Servicio Jesuita a Refugiados,el Congreso mexicano deberá crear un registro nacional de personas migrantes detenidas, obligación pendiente desde 2019.
Lo anterior luego de que el 27 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) emitiera un fallo a favor del procedimiento legal, con lo cual se reconoce el incumplimiento del Poder Legislativo, el cual, en palabras del personal de la Clínica Jurídica, “ha vulnerado derechos humanos de la población en movilidad humana ”.
“A partir de la sentencia, el Congreso tendrá hasta antes de que concluyan los próximos dos periodos legislativos ordinarios para emitir la normativa, sentando con ello una jurisprudencia que fortalece el marco legal en favor de los derechos de las personas migrantes ”, señaló la Clínica Jurídica de la IBERO en un comunicado de prensa.
En su mensaje a la opinión pública, las y los especialistas criticaron que hasta ahora, en detenciones de personas migrantes, “los familiares se enfrentan a la incertidumbre sobre si su familiar fue detenido o víctima de la delincuencia organizada. Esta situación se potencia con las negativas constantes del Instituto Nacional de Migración (INM) para informar sobre sus detenciones y la incomunicación a la que someten a las personas migrantes detenidas”.
Con el registro de personas migrantes detenidas se espera garantizar transparencia en las detenciones realizadas por el INM, reducir riesgos de desapariciones forzadas y de tortura en detención, fortalecer el acceso a la justicia de las personas arbitrariamente detenidas, y permitir la localización oportuna de personas detenidas, facilitando el trabajo de organizaciones y familiares.
“Este fallo no sólo obliga al Congreso a cumplir con un mandato constitucional pendiente, sino que establece un precedente legal fundamental al considerar que la omisión legislativa es una violación de derechos humanos. La sentencia subraya la responsabilidad del Estado en garantizar la protección y dignidad de todas las personas en movilidad, marcando un avance significativo en la lucha por los derechos humanos en México”, se agrega en el comunicado.

Reaccionan la ONU y la Compañía de Jesús

Entre las reacciones a partir de la sentencia se cuentan la de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) y la de la Compañía de Jesús.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos saludó la sentencia en sus redes sociales:
La Compañía de Jesús celebró la sentencia de la SCJN y consideró que el registro público de personas migrantes detenidas será “una herramienta fundamental para garantizar transparencia y proteger los derechos humanos de las personas en movilidad”.

La Clínica Jurídica ‘Alaíde Foppa’ es un espacio académico de la Universidad Iberoamericana, dedicado al litigio estratégico en la defensa de derechos humanos y justicia social. Integrada por abogados, académicos y estudiantes, la clínica colabora en casos de alto impacto que buscan garantizar justicia y fortalecer los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.

Texto: Prensa IBERO
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