El Dr. Carlos Maldonado, Académico del Departamento de Ciencias Sociales, apunta que la reforma corre el riesgo de trasladar costos políticos al Instituto sin frenar infiltración criminal
“Sin accountability y sin consecuencias para los partidos políticos, el riesgo es que el sistema termine administrando responsabilidades en lugar de prevenir el problema”, afirma
Considera que una estrategia contra la infiltración criminal tendría que incorporar controles permanentes, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades claras
La propuesta para que el Instituto Nacional Electoral (INE) participe en la revisión de posibles vínculos criminales de las candidaturas abre una discusión sobre
quién debe asumir la responsabilidad política por los perfiles que llegan al poder
.
El Dr. Carlos Maldonado Alvarado, Académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (IBERO), apuntó que el diseño planteado puede convertirse más en un mecanismo de validación política que en un verdadero filtro contra la infiltración del crimen organizado.
Consideró que el INE fue concebido como autoridad electoral, no como instancia de investigación criminal y su función institucional está orientada a garantizar procesos electorales transparentes, administrar registros, supervisar campañas y asegurar condiciones de competencia democrática.
“El INE no cuenta con atribuciones propias para desarrollar investigaciones penales ni para generar inteligencia sobre redes criminales. Difícilmente puede convertirse en una autoridad capaz para detectar vínculos complejos con estructuras delictivas”, explicó.
Desde esa lógica, sostuvo que el esquema planteado tendría una limitación estructural que dependería completamente de terceros: instancias de seguridad, inteligencia financiera o procuración de justicia para construir cualquier evaluación de riesgo.
El problema, añadió, es que incluso en ese escenario el resultado sería únicamente una recomendación y no una resolución obligatoria.
Acotó que, si la investigación no es vinculante y si el INE depende de otras autoridades para obtener información, el incentivo para someter candidaturas al proceso sería mínimo.
“Un partido que ya investigó a sus perfiles no necesitaría una certificación adicional. Y uno que tiene dudas probablemente preferirá no exponerlas”, planteó.
El académico también indicó que la primera responsabilidad para elegir candidaturas sin vínculos criminales tendría que recaer en los partidos políticos durante sus mecanismos internos de selección y no trasladarlos al árbitro electoral.
“La pregunta tendría que ser por qué un partido postula perfiles sobre los cuales existen dudas y no por qué el INE no detectó algo después”, señaló.
Bajo ese escenario, advirtió el riesgo político de que se comience a construir una narrativa donde los partidos puedan deslindarse si aparecen funcionarios electos ante presuntos vínculos criminales con el argumento de que ya había sido revisado por el INE.
Afirmó que esta situación diluye la rendición de cuentas además que los calendarios electorales exigen definiciones rápidas sobre registros y candidaturas, mientras que las investigaciones penales, financieras o de inteligencia operan bajo otros ritmos y procesos jurídicos.
El Dr. Maldonado Alvarado planteó que el fenómeno tiene al menos tres etapas críticas: la selección previa por parte de los partidos; el momento de la postulación formal; y el ejercicio del poder una vez que la persona ya fue electa.
Consideró que un perfil que no presente indicios previos puede enfrentar presiones una vez en funciones, por lo que una estrategia contra la infiltración criminal tendría que incorporar controles permanentes, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades claras.
Acotó que una reforma efectiva tendría que fortalecer mecanismos institucionales para que exista trazabilidad política: quién postuló, quién validó y quién responde cuando un funcionario termina involucrado en prácticas ilegales.
“Sin accountability y sin consecuencias para los partidos políticos, el riesgo es que el sistema termine administrando responsabilidades en lugar de prevenir el problema”, concluyó.
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