Relatora de la ONU utilizará informe de la IBERO para documentar violencia contra personas defensoras ambientales

“Será un documento que voy a usar dentro de la Relatoría, por ejemplo, en la preparación del próximo informe acerca de la situación de las personas defensoras del ambiente a nivel global”, señaló la también Coordinadora del Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática de la Clínica Jurídica “Berta Cáceres” de la IBERO mediante un mensaje videograbado.

La investigación del OCSA documentó 1,139 proyectos extractivos, el asesinato de 107 personas defensoras y la desaparición de otras 24. Puentes Riaño advirtió que estos registros no deben reducirse a cifras, pues representan personas, pueblos y comunidades afectados por proyectos que prometen crecimiento económico, pero que no necesariamente producen bienestar.

“Los proyectos que son llamados de desarrollo no necesariamente, y definitivamente no de manera automática, lo son”, sostuvo.

Zonas de sacrificio y falta de voluntad estatal

Areli Sandoval, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking y del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, afirmó que los daños multidimensionales y acumulativos de los proyectos extractivos pueden constituir violaciones de derechos humanos.

Atribuyó estas afectaciones a las acciones y omisiones del Estado y sostuvo que su persistencia responde a una falta de voluntad, no de capacidad institucional, para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones.

Sandoval alertó particularmente sobre la proliferación de “zonas de sacrificio”, donde la contaminación, las enfermedades y el dolor se han normalizado, así como sobre los ataques recurrentes contra quienes defienden el territorio.

También cuestionó la contradicción entre una política social que busca atender carencias y una estrategia económica que ofrece facilidades a grandes inversiones sin garantizar la participación de las comunidades. Como ejemplo mencionó los polos de desarrollo industrial y las nuevas necesidades energéticas asociadas con el Plan México.

La violencia protege el movimiento de mercancías

Carlos Tornel, integrante de Global Tapestry of Alternatives, explicó que el extractivismo ya no puede entenderse únicamente como la extracción acelerada de minerales, hidrocarburos o productos agrícolas.

También implica, dijo, una reorganización de los territorios para facilitar el traslado de mercancías, mediante corredores logísticos y grandes obras de infraestructura, mientras se restringe la movilidad de las personas y disminuyen sus posibilidades de resistencia.

El especialista vinculó este proceso con la militarización de actividades civiles y con mecanismos coercitivos que incluyen la criminalización, las agresiones y la intervención del crimen organizado en los territorios.

Junto a esas formas abiertas de violencia, agregó, operan mecanismos aparentemente legales, como consultas simuladas, falsificación de actas, procesos de consentimiento efectuados después de iniciar las obras y decisiones institucionales que no reflejan lo acordado por las comunidades.

Para Tornel, esta “ingeniería social” muestra que el despojo no ocurre al margen del Estado, sino que necesita instituciones capaces de facilitarlo, legitimarlo o protegerlo.

Comunidades que se quedan sin jóvenes

Desde la Sierra Tarahumara, Víctor Manuel Ojeda, integrante de Servicios Integrales Emuri, explicó que los impactos también pueden observarse en la transformación de la vida cotidiana y la salida de las nuevas generaciones.

En cuatro comunidades integradas por un total de 85 familias, contabilizó solamente cinco jóvenes de entre 15 y 30 años. En una de ellas no encontró ninguno.

“¿Por qué no están en su comunidad? ¿Qué consecuencias tendrá que estos jóvenes no estén?”, cuestionó.

Ojeda señaló que los pueblos de la región han sido obligados a cambiar más durante los últimos 30 años que en los tres siglos anteriores. El extractivismo, explicó, no sólo modifica físicamente los territorios: también desarticula trabajos colectivos, celebraciones, conocimientos y formas de relacionarse con el mundo.

Advirtió además que el despojo no siempre se impone mediante una violencia evidente. También puede presentarse a través de la seducción y de discursos que prometen modernización, productividad y progreso.

El derecho también puede defender los territorios

Edmundo del Pozo, de la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que las leyes han sido utilizadas históricamente para impulsar el modelo extractivo, pero destacó que las comunidades también han convertido el derecho en una herramienta de defensa.

Informó que la Corte trabaja en protocolos sobre justicia ambiental, bioculturalidad y perspectiva intercultural. Además, ha realizado 20 diálogos con más de 23 pueblos indígenas en 10 entidades para acercar a las personas juzgadoras a sus sistemas normativos y formas de entender el territorio.

Por su parte, Ameyali Magallón, del Observatorio Vecinal Verónica Anzures, trasladó la discusión a la Ciudad de México y advirtió que las manifestaciones de impacto ambiental y las consultas vecinales pueden convertirse en mecanismos de legitimación cuando sólo informan decisiones previamente tomadas.

Frente a este panorama, Puentes Riaño destacó que el informe de la IBERO no debe recibirse únicamente como un diagnóstico desalentador, sino como un llamado para mejorar la regulación, exigir rendición de cuentas y garantizar que las inversiones respeten los derechos humanos.

“Tenemos las herramientas; hace falta la voluntad”, concluyó la relatora.