Regresión democrática ya afecta la actividad académica a nivel global: Director de Internacionalización IBERO
• Luis Alejandro Kauachi llamó a analizar los retrocesos democráticos más allá de América Latina y advirtió que los contextos políticos y las decisiones de los gobiernos ya forman parte de la discusión internacional sobre las capacidades de universidades y comunidades académicas para desarrollar su labor
7 OCTUBRE, 2026 | 08:24 hrs.lectura 4 minutos
AUTOR
Jorge Luis Cortés
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx
Luis Alejandro Kauachi es Director de Internacionalización en la IBERO. Foto: Jorge Luis Cortés
Los procesos de regresión democrática no son una preocupación exclusivamente latinoamericana: forman parte de una conversación global que comienza a alcanzar incluso las condiciones en las que universidades, investigadores y comunidades académicas desarrollan su trabajo. Así lo señaló el Dr. Luis Alejandro Kauachi, Director de Internacionalización de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, durante la inauguración del III Congreso Internacional de Justicia Transicional: “La protección de los derechos humanos en tiempos de regresión democrática en América”.
Kauachi celebró que el encuentro coloque a América Latina en el centro del análisis, pero llamó a ampliar posteriormente la discusión hacia una dimensión internacional, debido a que distintos países enfrentan tensiones relacionadas con derechos políticos, transformaciones institucionales y cambios en la forma en que las sociedades entienden la democracia.
El Director de Internacionalización señaló que en encuentros académicos internacionales recientes ya forma parte de la conversación el impacto que tienen los gobiernos y los cambios en el contexto político sobre la capacidad de las universidades para desarrollar su actividad.
Se trata, explicó, de una discusión que rebasa las dimensiones económica o electoral y alcanza directamente a instituciones dedicadas a la generación de conocimiento, la investigación y la formación.
“La conversación sobre la evolución del contexto político, el impacto de los gobiernos en las capacidades de desarrollar nuestra actividad académica, forma parte de un ideario y de una conversación vigente a nivel global”, señaló.
Desde esta perspectiva, el análisis de la regresión democrática no puede limitarse únicamente al funcionamiento de los sistemas electorales.
También debe considerar sus consecuencias sobre derechos humanos, políticos, sociales, económicos, educativos y culturales, así como sobre las capacidades que tienen distintas comunidades para participar, investigar, enseñar y producir conocimiento.
Kauachi planteó además una de las preguntas que atraviesan actualmente los debates sobre democracia en distintas regiones del mundo: “¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder derechos por algunos otros privilegios o ventajas?”
La interrogante resulta particularmente relevante frente a modelos políticos que ofrecen respuestas rápidas a problemas como la inseguridad, la inestabilidad o la falta de eficacia gubernamental, pero que pueden implicar restricciones sobre derechos, libertades o contrapesos institucionales.
El académico señaló que los aprendizajes obtenidos en América Latina pueden aportar elementos para comprender fenómenos que hoy se presentan también en otros contextos.
Por ello, invitó a quienes participan en el Congreso a llevar posteriormente las reflexiones construidas desde la región hacia una discusión de alcance global.
El objetivo, apuntó, es comprender no sólo dónde se encuentran actualmente las sociedades, sino hacia dónde desean conducir el ejercicio de sus derechos y la construcción de sus comunidades.
Las reflexiones se dieron durante la inauguración del III Congreso Internacional de Justicia Transicional, encuentro organizado por el Departamento de Derecho de la IBERO para analizar los desafíos contemporáneos que enfrentan la democracia, la justicia y los sistemas de protección de derechos humanos.
El presidium estuvo integrado por la Dra. Ariadna Salazar Quiñones, académica del Departamento de Derecho y coordinadora general del Congreso; el Mtro. Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana; el Dr. Manuel López-Pereyra, Coordinador de Posgrado; el Dr. Luis Alejandro Kauachi, Director de Internacionalización; y el Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho.
La ceremonia fue conducida por el Dr. Iván Escoto, profesor del Departamento de Derecho.
Durante la apertura, la Dra. Ariadna Salazar advirtió que las democracias contemporáneas pueden erosionarse de manera gradual, mantener elecciones e instituciones formales y, al mismo tiempo, debilitar los contrapesos encargados de controlar al poder.
El Mtro. Ernesto López Portillo abordó los desafíos que representan la gobernanza criminal y la creciente disposición de algunos sectores sociales a reducir contrapesos democráticos a cambio de seguridad y eficacia.
Por su parte, el Dr. Manuel López-Pereyra, coordinador de Posgrado, destacó la importancia de fortalecer desde la Maestría y el Doctorado en Derechos Humanos la investigación sobre los problemas que enfrentan actualmente las sociedades, así como involucrar desde etapas tempranas al estudiantado en estas discusiones.
El Dr. Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho, sostuvo que la justicia transicional enfrenta escenarios cada vez más complejos, pues ya no sólo debe responder a dictaduras que terminan o conflictos armados que llegan a su fin, sino también a violencias, redes de macrocriminalidad y regresiones institucionales que se desarrollan dentro de democracias formales.
El Congreso reúne durante dos jornadas a personas académicas, estudiantes, integrantes de organizaciones sociales, sistemas de justicia e instituciones nacionales e internacionales.
Desde la perspectiva internacional planteada por Kauachi, el desafío es mirar estos procesos como parte de una discusión mucho más amplia: qué derechos están dispuestas a proteger las sociedades, cuáles comienzan a considerar negociables y qué consecuencias puede tener esa decisión para las instituciones, las universidades y la vida democrática en su conjunto.
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