¿Quién vigila al “defensor de las audiencias”? Académico IBERO alerta sobre el poder de los nuevos lineamientos

La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometida a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establece mecanismos para que las audiencias presenten quejas y para que exista una persona defensora encargada de resolverlas.

El proyecto establece que las personas defensoras deberán actuar de manera imparcial e independiente y tendrán a su cargo la recepción, registro, atención, resolución y seguimiento de las quejas. Deberán emitir determinaciones y, cuando corresponda, recomendaciones a las concesionarias.

Los requisitos buscan establecer cierta distancia entre el defensor y el medio. La persona defensora no podrá haber trabajado para la concesionaria durante los dos años previos a su designación o si existen vínculos familiares, societarios o de representación.

Para García Ricci, sin embargo, la discusión de fondo no termina con garantizar la independencia formal del defensor. La pregunta es qué ocurre cuando esa instancia determina que un contenido vulneró los derechos de las audiencias y el medio no está de acuerdo.

¿Quién decide cuándo se vulneró un derecho?

El procedimiento permite que una audiencia presente una queja por cualquier contenido, programa o publicidad que considere contrario a sus derechos. La persona defensora debe atenderla en 20 días y determinar si hubo vulneración y emitir recomendación para que la concesionaria rectifique o modifique el contenido.

Si la concesionaria no atiende la recomendación, la persona defensora puede solicitar la intervención de la CRT o la audiencia puede inconformarse ante la Comisión en determinados momentos del procedimiento.

La CTR puede confirmar, modificar o revocar la determinación de cumplimiento de la persona defensora y puede iniciar un procedimiento sancionatorio. Es en el procedimiento donde el Dr. García Ricci ubica una preocupación.

Detalló que el proyecto busca reconocer información veraz, plural y oportuna; distinguir entre publicidad e información; diferenciar información noticiosa de opinión y recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, cultural y lingüístico.

También, establece que los lineamientos no podrán interpretarse para restringir el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad programática o editorial, ni para ejercer censura previa.

No obstante, para el académico el reto está en que estos principios no se conviertan, en su aplicación, en criterios que permitan a una autoridad decidir qué contenido es aceptable y cuál debe modificarse.

García Ricci planteó que cualquier regulación de este tipo debería analizarse no solo pensando en quién ocupa actualmente una posición dentro del gobierno, sino también en quién podría ocuparla en el futuro.

Acotó que el debate sobre los lineamientos no debería reducirse a la confrontación entre “medios” y “gobierno”, sino que implica preguntarse qué tan sólidos son los contrapesos frente al poder regulador.

“Los derechos de las audiencias necesitan mecanismos efectivos para hacerse valer, pero necesitan reglas precisas, procedimientos transparentes y autoridades capaces de actuar sin convertir la protección de derechos en herramienta de intervención sobre los contenidos”, puntualizó.