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PRENSA IBERO
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• La Dra. Virdzhiniya Petrova Georgieva, académica del Departamento de Derecho de la IBERO, explicó hace unos meses los mecanismos jurídicos y diplomáticos con los que México puede exigir investigaciones, justicia y reparación del daño • La especialista advierte que, ante posibles violaciones graves a derechos humanos, el Estado mexicano puede recurrir a mecanismos internacionales, además de fortalecer la protección consular
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx

La muerte de otro ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, registrada el 17 de octubre en Laredo, Texas, elevó a 18 el número de connacionales fallecidos durante operativos migratorios o en centros de detención desde el 20 de enero de 2025.
Ante la recurrencia de estos casos, surge una pregunta: ¿qué puede hacer México para exigir justicia por las muertes de sus ciudadanos en territorio estadounidense?
La Dra. Virdzhiniya Petrova Georgieva, académica del
Entre estas posibilidades se encuentra ejercer la protección diplomática de sus connacionales y, bajo determinadas condiciones jurídicas, acudir a tribunales internacionales para exigir justicia y reparación del daño.
La especialista señaló que entre los derechos potencialmente vulnerados en estos casos se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personales, a no sufrir detenciones arbitrarias ni tratos crueles o inhumanos, así como el derecho a recibir asistencia consular.
De acuerdo con el análisis de la académica IBERO, una de las primeras herramientas es fortalecer la asistencia y protección consular, mediante asesoría jurídica, contacto con familiares y representantes legales, visitas a centros de detención y seguimiento de las investigaciones.
Cuando se han agotado los recursos jurídicos internos disponibles en Estados Unidos, México puede evaluar el ejercicio de la protección diplomática para reclamar la responsabilidad internacional del Estado extranjero.
En marzo de 2026, cuando el gobierno mexicano contabilizaba 13 fallecimientos relacionados con operativos o detenciones migratorias, Petrova Georgieva ya había señalado la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, siempre que se cumplieran las condiciones jurídicas necesarias.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en julio de 2026 que había remitido denuncias a autoridades estadounidenses, solicitado investigaciones y acudido a mecanismos de Naciones Unidas para expresar su preocupación por los fallecimientos.
Tras conocerse el caso más reciente en Texas, la Cancillería exigió una investigación exhaustiva y anunció que presentaría una denuncia ante las autoridades correspondientes del condado de Webb.
La especialista IBERO recomendó que las familias que sospechen de abusos contra sus seres queridos acudan a los consulados mexicanos, documenten posibles violaciones de derechos humanos y busquen asesoría jurídica especializada.
También pueden solicitar que el gobierno mexicano evalúe la posibilidad de ejercer protección diplomática, especialmente cuando se hayan agotado los mecanismos internos de justicia.
Ante la continuidad de los fallecimientos, el análisis de la académica plantea la importancia de utilizar los instrumentos del derecho internacional para defender los derechos de las personas migrantes y exigir que las posibles violaciones no queden impunes.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
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