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PRENSA IBERO
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• Un acuerdo del IMSS limita la Modalidad 40 al último salario más una UMA, elimina pagos retroactivos y prohíbe combinarla con el registro como trabajador independiente • El Mtro. Jorge Antonio Loyo Pérez, Académico del Departamento de Derecho señala que, si el Congreso convierte ese acuerdo en ley, la pensión esperada caería del 85% a entre 45% y 55% del salario real • La pérdida estimada va de 36,000 a 45,000 pesos mensuales de por vida y alrededor de 500 mil trabajadores en transición podrían verse afectados, apunta
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Reportero de la IBERO

¿Qué pasa si una regla que le quita fuerza a tu pensión deja de ser un acuerdo administrativo y se vuelve ley? Esa es la pregunta que responde el Mtro. Jorge Antonio Loyo Pérez, Académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO), en una estrategia constitucional que plantea cómo defender a quienes cotizan en la Modalidad 40 del IMSS si el Congreso de la Unión aprueba una reforma a la Ley del Seguro Social.
La Modalidad 40 permite a las personas del régimen de 1973 que ya dejaron su empleo seguir cotizando por su cuenta
Hoy el Consejo Técnico del IMSS ya restringió ese mecanismo mediante un acuerdo, pero esa medida puede impugnarse porque un órgano administrativo no puede cambiar lo que dice la ley. Si el Congreso la eleva a ley, ese argumento desaparece y la defensa debe cambiar de rumbo.
En su exposición de argumentos, el Mtro. Loyo resume que la estrategia "ejecuta un pivote constitucional hacia los límites materiales del Poder Legislativo", es decir, hacia aquello que ni siquiera el Congreso puede hacer.
El primer límite, menciona, es la prohibición de aplicar leyes en perjuicio de las personas de forma retroactiva, prevista en el artículo 14 de la Constitución. Para el especialista, quien ya dejó de trabajar antes de la reforma ya ganó el derecho a elegir, durante cinco años, cotizar hasta 25 UMAs y pagar de forma retroactiva.
Ese derecho, explica, es "una consecuencia jurídica diferida" que "ninguna ley posterior puede suprimir ni modificar en perjuicio del asegurado". Por eso considera que el amparo indirecto, el juicio con el que una persona pide a un juez federal protección frente a una ley, es plenamente procedente.
La estrategia se apoya en cinco pilares:
Irretroactividad: los derechos que ya se generaron no pueden borrarse con una ley nueva.
No regresividad: el Estado no puede retroceder en derechos sociales ya alcanzados; reducir la pensión esperada a la mitad sería un retroceso severo.
Estándares internacionales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia obliga a los jueces mexicanos, ha reconocido que los efectos económicos de una pensión forman parte del derecho a la propiedad.
Protección por edad: la medida recae sobre personas mayores o cerca de los 60 años, lo que obliga a los jueces a revisarla con especial rigor.
Igualdad: quien logró inscribirse un día antes conservaría las 25 UMAs, mientras que alguien en la misma situación las perdería.
El Mtro. Loyo reconoce que cuidar las finanzas del IMSS es un objetivo válido, pero sostiene que castigar a unos 500 mil trabajadores "bajo una presunción generalizada de fraude viola la presunción de inocencia", cuando el Instituto podría revisar caso por caso las simulaciones y respetar a quienes ya dejaron de trabajar.
El 18 de noviembre de 2026, el director general del IMSS, Zoé Robledo, admitió ante senadores que aún no hay una cifra clara del supuesto daño financiero: "el estudio actuarial que está llevándose a cabo es el que nos va a permitir tener una claridad", dijo. También señaló que el objetivo son "esos abusos de quienes estaban financiándose a través de créditos".
Para el abogado, esas declaraciones muestran que la medida es desproporcionada, pues afecta por igual a quienes pagan sus cuotas con su propio dinero.
La ruta propuesta incluye entregar al Senado un dictamen técnico antes de que se apruebe la reforma; presentar amparos dentro de los 30 días hábiles posteriores a su entrada en vigor; promover una acción de inconstitucionalidad, a cargo de la CNDH o de legisladores, y, como último recurso, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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