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PRENSA IBERO
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• La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá en 2017 • La decisión se aprobó por nueve votos contra seis y es la primera vez que la Corte atribuye un genocidio a un Estado • La demanda no la presentó un país afectado, sino Gambia, a miles de kilómetros de distancia • El fallo podría influir en otros casos ante la CIJ, como los vinculados con Ucrania y Gaza
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Reportero de la IBERO
La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver disputas entre países, concluyó este 19 de noviembre que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá, minoría musulmana, durante las operaciones militares de 2017 en el norte del estado de Rakáin. Es una decisión inédita: nunca antes este tribunal había responsabilizado a un Estado por cometer genocidio.
¿Por qué tardó tanto en ocurrir algo así? Porque el genocidio es el crimen más difícil de probar. No basta con demostrar que hubo asesinatos u otras atrocidades: hay que probar que se cometieron con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo por su identidad.
Como explicó a Prensa IBERO la Dra. Virginia Petrova Georgieva, profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO)
En el caso de Myanmar, la respuesta fue no. Para la Corte, la única explicación razonable era la intención de destruir una parte sustancial del grupo. Por eso, destacó el especialista, "la sentencia sobre Myanmar marca un cambio histórico".
El tribunal analizó las pruebas en conjunto y encontró un patrón: asesinatos, violencia sexual generalizada, ataques contra niñas y niños, disparos contra personas que huían y la destrucción de aldeas enteras. Esas acciones, consideró, no podían explicarse solo como operaciones contra grupos armados ni como un intento de expulsar a los rohinyás.
Detrás de esas palabras hay una tragedia de enormes dimensiones. Según medios internacionales, alrededor de 740,000 rohinyás huyeron a Bangladesh en 2017, y hoy cerca de 1.2 millones viven en campamentos saturados en Cox's Bazar.
Una de las claves del caso es quién lo llevó a la Corte. No fue un país vecino ni una nación afectada, sino Gambia, en África occidental, como parte de la Convención sobre el Genocidio.
La académica de la IBERO explicó que los países que firmaron ese tratado comparten el interés de prevenir y sancionar el genocidio, por lo que cualquiera de ellos puede acudir a la Corte para exigir que otro cumpla sus obligaciones, aunque no sea el principal afectado. Es decir, el genocidio no es un asunto interno de un país: le concierne a toda la humanidad.
La historia de la Corte ayuda a dimensionar el fallo. En el caso de Croacia contra Serbia, el tribunal consideró que la violencia y el desplazamiento forzado no bastaban para probar una intención genocida. Y en el proceso por la masacre de Srebrenica, reconoció que hubo genocidio, pero no lo atribuyó directamente a Serbia, sino al ejército serbobosnio.
Con Myanmar, en cambio, la responsabilidad recae sobre el propio Estado.
La decisión podría pesar en otros procesos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como los relacionados con la guerra en Ucrania y con Gaza. Sin embargo, la especialista advirtió que esos casos tienen hechos y problemas jurídicos distintos, y que esta sentencia "no determina de antemano cómo se resolverán". Su mayor aporte, señaló, es demostrar que la Corte sí puede responsabilizar a un Estado cuando las pruebas alcanzan el alto nivel exigido.
De acuerdo con medios internacionales, la Corte ordenó reparaciones, entre ellas permitir un retorno seguro y voluntario de los rohinyás, y dio a Myanmar dos años para presentar un plan. El fallo es inapelable, pero la CIJ no tiene forma de obligar a cumplirlo.
Aun así, para la académico de la IBERO la decisión importa más allá de los tribunales.
"Aunque sus fallos no detienen por sí solos la violencia, pueden contribuir a visibilizar a las víctimas, fortalecer el rechazo internacional al genocidio y aumentar la presión sobre los gobiernos para que respeten sus obligaciones", concluyó.
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