PRENSA IBERO
• En tres primarias de la Ciudad de México, el 46.3% de los empaques tirados en el recreo fueron de bebidas azucaradas y el resto de ultraprocesados • En las dos escuelas públicas analizadas, los bebederos no funcionaban y las y los niños solo tomaban agua si la llevaban de casa o la compraban • La resistencia de padres, madres y estudiantes y la dependencia económica de las cooperativas escolares son los principales obstáculos para la nueva normativa
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Reportero de la IBERO
En las escuelas de educación básica había alta disponibilidad y consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, pero acceso limitado a agua potable segura. Esa fue la principal conclusión de una investigación en la que participó la Dra. Alejandra Cantoral Preciado, del Departamento de Salud de la IBERO, junto con la Dra. Esther Nissan Schoenfeld.
El estudio, publicado en enero de 2026 en la revista científica Children
Hace dos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló de forma unánime la constitucionalidad de la regulación que prohíbe la comercialización, distribución y publicidad de "comida chatarra" dentro de las escuelas, y desestimó los amparos promovidos por empresas proveedoras y expendedoras de alimentos.
Para saber qué consumía realmente el alumnado, el equipo encabezado por las investigadoras recurrió a un método poco común: revisar la basura. Al terminar el recreo recogieron los desechos, los clasificaron y fotografiaron las etiquetas.
En las tres escuelas, a las que asistieron 1,020 alumnos los días de la visita, se recolectaron 345 empaques. Casi la mitad fueron de bebidas, sobre todo jugos (38.8%) y lácteos con azúcar añadida (36.9%). Les siguieron dulces, chocolates y gomitas (22.6%). En proporciones similares, galletas y pan dulce, y papas fritas.
Las etiquetas confirmaron que el azúcar fue el ingrediente más frecuente, el colorante rojo 40 apareció en uno de cada cuatro productos y los sellos más comunes fueron "exceso de azúcares" (37.5%) y "exceso de calorías" (32.7%). Además, la mayoría venía en plásticos de un solo uso.
La investigación también documentó que las tres escuelas tenían bebederos, pero solo en una escuela privada estaban limpios y funcionaban. En las dos escuelas públicas, ubicadas en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, no servían, lo que dejaba a las y los estudiantes con dos opciones: llevar agua de casa o comprarla.
Afuera de las escuelas públicas había tiendas y puestos con frituras, refrescos y dulces. En la privada, en Cuajimalpa, no había venta afuera, pero su cafetería ofrecía mayor variedad de productos e incluso permitía pedir comida por aplicaciones de entrega.
En el estudio se revisó el contenido de las loncheras de una muestra de alumnado. Encontraron agua, fruta y sándwiches, pero también jugos, yogures azucarados y papas fritas. La escuela privada fue la que tuvo más variedad de ultraprocesados. Para el equipo, esto muestra que la exposición a estos productos empieza en casa.
El equipo entrevistó a 23 personas: tres directores, 15 docentes y cinco vendedores. Todos conocían los lineamientos, pero señalaron barreras. La principal es la resistencia de padres y estudiantes. "Hay padres que de plano dijeron que no", relató un docente.
“Las ventas de las cooperativas escolares sirven para reparar y comprar cosas para la escuela. Vender frutas, verduras y leguminosas no va a alcanzar, y las y los niños no lo van a querer comprar", advirtió otro maestro.
Las escuelas públicas, además, no tienen cocina para preparar alimentos saludables y aunque dejen de vender chatarra, las y los niños pueden comprarla afuera.
En México, 18.5% de las y los niños de 5 a 11 años tiene sobrepeso y 15.7% obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023. Las medidas anteriores, como el acuerdo de 2010 y los lineamientos de 2014, no lograron cambiar el panorama, y en el ciclo 2023-2024 el 98% de las escuelas seguía vendiendo ultraprocesados.
El estudio funciona como una línea base, una fotografía del antes, que permitirá medir si la nueva normativa realmente cambia lo que comen las y los niños. Las autoras recomendaron crear un sistema de monitoreo, invertir en bebederos y cocinas, involucrar a las familias y buscar alternativas económicas para las cooperativas escolares.
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