PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de Comunicación Institucional de la IBERO
- El informe del GIEI demuestra que el asesinato de Berta Cáceres fue parte de una estructura compleja que involucró intereses empresariales, financiamiento internacional y fallas deliberadas del Estado
A diez años del asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres, un panel en la Universidad Iberoamericana (IBERO) convocó a reflexionar sobre la memoria, la justicia y la defensa del medio ambiente, a partir de los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el diálogo con especialistas en derechos humanos.
Durante el encuentro, se expuso que el crimen no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el resultado de una estructura compleja que articuló intereses empresariales, financieros y estatales. El informe del GIEI documenta que el asesinato de Bertha Cáceres fue precedido por años de amenazas, vigilancia y criminalización vinculadas a la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado sin consulta adecuada a comunidades indígenas.
Uno de los hallazgos más contundentes es que el crimen fue predecible y prevenible. El Estado hondureño contaba con información previa —incluidas comunicaciones interceptadas— que advertían sobre la planificación del asesinato, sin que se tomaran medidas para evitarlo. Además, se identificaron múltiples incursiones de vigilancia en los meses previos, así como una coordinación constante entre los autores materiales y altos mandos empresariales y militares.
El informe también revela vínculos financieros entre recursos provenientes de bancos internacionales de desarrollo y la ejecución del crimen. A través del rastreo de flujos de dinero, se documentaron transferencias que terminaron financiando pagos a los sicarios, sin que estas operaciones fueran reportadas como sospechosas.
Asimismo, se evidenció la obstaculización de la investigación penal, mediante la construcción de narrativas falsas, la criminalización de personas cercanas a la víctima y la falta de acceso a información clave. Aunque existen condenas contra autores materiales e intermedios, las investigaciones aún no han alcanzado plenamente a los autores intelectuales.
El panel subrayó que este caso refleja un patrón regional donde la defensa del territorio frente a proyectos extractivos implica altos riesgos, y donde la impunidad sigue siendo un factor que perpetúa la violencia.
En el evento participaron el Dr. Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la IBERO; la Dra. Astrid Puentes Riaño, relatora especial de la ONU; Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora del COPINH; Roxanna Altholz, de la Universidad de Berkeley; Gustavo Soto Castro, de Otros Mundos AC, y Jorge Peláez Padilla, de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Bertha Cáceres” IBERO.
El informe del GIEI también evidenció graves omisiones en la investigación oficial, al excluir a actores empresariales clave y altos mandos de seguridad. A pesar de contar con pruebas relevantes —como intervenciones telefónicas y dispositivos electrónicos—, no se profundizó en la responsabilidad de la junta directiva de la empresa ni en los flujos financieros que financiaron el crimen. Incluso se documentaron conflictos de interés, como la participación de un agente investigador con vínculos previos con la empresa implicada, así como presiones, manipulación de pruebas y persecución contra quienes intentaron avanzar en el caso.
Estos elementos, señalaron especialistas, reflejan un fenómeno de captura del Estado, donde instituciones públicas operaron en favor de élites económicas, debilitando el acceso a la justicia. El GIEI concluye que el asesinato no fue un hecho aislado, sino el resultado de una estructura que combinó decisiones económicas, financiamiento internacional y desprotección institucional.
Otro hallazgo clave fue la responsabilidad de bancos de desarrollo, cuyos mecanismos de supervisión fallaron. Parte significativa de los recursos destinados al proyecto fue desviada y utilizada en dinámicas vinculadas a la violencia, evidenciando debilidades en los controles contra corrupción y violaciones a derechos humanos.
Durante el panel, también se enfatizó la importancia de entender la reparación de manera integral, no solo hacia las víctimas directas, sino hacia los daños colectivos, incluidos los territorios y ecosistemas afectados. A una década del crimen de Bertha Cáceres, se advirtió que las condiciones de riesgo persisten: la concesión sigue vigente y el proyecto podría reactivarse, lo que subraya la necesidad de mantener la memoria activa.
Los testimonios destacaron que la justicia alcanzada hasta ahora es resultado de la presión social y la solidaridad internacional, pero aún insuficiente. El informe del GIEI representa, en este sentido, un punto de inflexión: ofrece evidencia sólida para avanzar hacia la rendición de cuentas de los niveles más altos de responsabilidad.
Finalmente, el panel llamó a redoblar esfuerzos frente a un contexto regional donde continúan los ataques contra personas defensoras del territorio. La exigencia es clara: evitar la impunidad, garantizar la no repetición y reconocer que la defensa ambiental es también una lucha por los derechos humanos en América Latina.
El cierre del diálogo enfatiza que el informe sobre el caso de Berta Cáceres no solo reconstruye los hechos, sino que funciona como una herramienta para “despertar” conciencia y fortalecer la lucha por verdad, justicia y reparación. Se subraya que este tipo de documentación valida las denuncias históricas de defensores y defensoras del territorio: los crímenes no son hechos aislados, sino parte de estructuras donde el Estado, por acción u omisión, permite la impunidad.
¿Qué dejó el informe de la GIEI sobre el asesinato de Bertha Cáceres?
Se destacan varias ideas centrales. Primero, la importancia del escrutinio internacional como mecanismo de protección: visibilizar los casos puede frenar abusos y presionar a los Estados. La experiencia diplomática muestra que la vigilancia global fue clave para proteger a testigos como Gustavo Castro y evidenciar irregularidades.
Segundo, se aborda la dimensión personal y emocional de sostener estas luchas. Las respuestas resaltan que la resistencia no es individual, sino colectiva: se sostiene en redes de apoyo, alianzas, comunidad y solidaridad. También se reconoce el miedo, las amenazas y la necesidad de atender la salud mental, aunque muchas personas defensoras continúan impulsadas por la convicción y el compromiso con sus comunidades.
Tercero, el informe se plantea como una herramienta práctica. Puede usarse en litigios, mediaciones y procesos de incidencia para prevenir conflictos, evidenciar patrones de violencia y exigir debida diligencia a empresas y Estados. Se insiste en la necesidad de traducirlo en formatos accesibles y pedagógicos para ampliar su impacto.
Finalmente, se subraya que la lucha contra la impunidad es colectiva y transnacional. Involucra no solo a víctimas y organizaciones, sino también a Estados, bancos, organismos internacionales y la sociedad en general. El papel de la universidad se reivindica como espacio clave para producir conocimiento, amplificar voces y acompañar procesos sociales. El llamado final es a no detenerse: convertir la memoria en acción y la dignidad en una práctica constante.