Positivo, avance en combate al reclutamiento criminal, pero urge atender precariedad y narcocultura entre jóvenes: experto IBERO

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara que las autoridades federales han identificado 1,800 páginas y perfiles vinculados con posibles prácticas de reclutamiento criminal, de los cuales aproximadamente 800 ya fueron dados de baja y otros mil se encuentran en proceso de eliminación, el especialista reconoció la importancia de estas acciones para prevenir que más jóvenes sean captados por organizaciones delictivas.

Castro consideró positivo que el Gobierno federal informe sobre los avances en la detección de estas redes y, especialmente, que las fiscalías y las instituciones de seguridad emprendan acciones concretas para combatirlas.

El académico explicó que el reclutamiento mediante plataformas digitales representa un desafío para las autoridades, debido tanto a las dificultades que enfrenta la policía cibernética para identificar estas actividades como a las restricciones de acceso que establecen las propias plataformas.

En ese sentido, destacó que dar a conocer las acciones emprendidas también contribuye a la prevención, pues permite que las familias y las juventudes conozcan los riesgos asociados con determinadas ofertas y contactos en internet.

Empleos fáciles y dinero rápido: las promesas con las que el crimen organizado atrae a jóvenes

¿Por qué un joven terminaría involucrado con una organización criminal después de encontrar una oferta de trabajo en redes sociales? Para el especialista de la IBERO, una parte de la respuesta se encuentra en las condiciones económicas que atraviesan las juventudes mexicanas y en la manera en que los grupos delictivos aprovechan sus necesidades y aspiraciones.

La precariedad económica, explicó, vuelve particularmente atractivas las ofertas que prometen ingresos sin exigir experiencia previa, estudios especializados o requisitos difíciles de cumplir.

Estas publicaciones pueden presentarse como oportunidades laborales legítimas, pero conducir a las personas interesadas a encuentros en los que son privadas de su libertad y obligadas a incorporarse a actividades delictivas.

De esta manera, lo que comienza como una búsqueda de empleo puede convertirse en una situación de desaparición, explotación y violencia de la que resulta extremadamente difícil escapar.

Castro también identificó otro factor que contribuye al problema: la normalización de una narcocultura que presenta la obtención rápida de dinero como una alternativa atractiva frente a las dificultades económicas.

En algunos casos, señaló, los jóvenes pueden acercarse voluntariamente a estas actividades motivados por la expectativa de obtener recursos con facilidad, sin dimensionar las condiciones de violencia y coerción a las que podrían quedar sometidos.

El académico sostuvo que estas circunstancias evidencian la necesidad de construir políticas públicas dirigidas a las juventudes desde los ámbitos municipal, estatal y federal, especialmente en territorios donde las organizaciones criminales mantienen una presencia importante.

Jóvenes reclutados también pueden ser víctimas de trata de personas

Uno de los aspectos centrales del análisis del especialista es la necesidad de distinguir entre quienes organizan el reclutamiento criminal y quienes terminan sometidos a estas redes mediante engaños o coacción.

Castro explicó que determinadas prácticas de reclutamiento pueden constituir trata de personas con fines de explotación laboral, especialmente cuando las organizaciones criminales retienen documentos, restringen la libertad y obligan a las personas a realizar actividades ilegales contra su voluntad.

En estas circunstancias, advirtió, los jóvenes pueden quedar atrapados en mecanismos de violencia que les impiden abandonar a las organizaciones, incluso cuando inicialmente aceptaron una supuesta oferta de trabajo.

Por ello, consideró fundamental que las instituciones encargadas de investigar estos hechos distingan entre las víctimas de explotación y las personas responsables de organizar las redes criminales.

Esta diferenciación resulta importante para garantizar una respuesta institucional que proteja los derechos humanos y permita investigar las posibles conductas de trata de personas, además de los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

El académico también resaltó el papel de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a prevenir y combatir la trata, cuyo trabajo puede contribuir a identificar riesgos y acompañar a las víctimas.

Combatir el reclutamiento requiere prevención, recursos y protección de los derechos humanos

Aunque reconoció las acciones del Gobierno federal para detectar y eliminar cuentas utilizadas por organizaciones criminales, Castro insistió en que el combate al reclutamiento exige una estrategia más amplia que articule las labores de seguridad con políticas de prevención.

En este esfuerzo, las fiscalías estatales y federales desempeñan un papel fundamental para investigar a las organizaciones responsables, mientras que las instituciones públicas y la sociedad civil pueden contribuir a fortalecer los mecanismos de información y protección de las juventudes.

El especialista también se refirió a las medidas encaminadas a mejorar la identificación y localización de personas desaparecidas, entre ellas posibles mecanismos de detección en centrales camioneras.

Consideró que las iniciativas destinadas a prevenir delitos y facilitar la búsqueda de personas pueden ser positivas, siempre que cuenten con fundamentos legales claros y salvaguardas para evitar violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de prevenir posibles actos de colusión entre agentes del Estado y organizaciones criminales, mediante una regulación adecuada y la vigilancia de la actuación de las autoridades.

Para Castro, las leyes existentes contra la trata de personas y la delincuencia organizada deben acompañarse de políticas públicas específicas, inversión en herramientas de detección y esfuerzos para que la población conozca los mecanismos mediante los cuales operan las redes de reclutamiento.

Así, la identificación y eliminación de cuentas de reclutamiento criminal constituye un paso positivo, pero la protección de las juventudes también exige atender las condiciones sociales que las vuelven vulnerables a las promesas del crimen organizado.

La precariedad económica, las ofertas engañosas de empleo y la expectativa de obtener dinero rápido muestran que este fenómeno no puede abordarse únicamente desde la vigilancia de las plataformas digitales, sino también desde la prevención, las oportunidades para las juventudes y la garantía de sus derechos humanos.