Pensiones y jubilaciones absorben 73% del presupuesto del ISSSTE y 64% del IMSS, mientras crece la demanda de atención médica: académica IBERO

Ya desde 2006, Carlos Cruz y coautores presentaban la necesidad de acceso a servicios de Salud en el libro "Hacia un sistema único de salud, una propuesta no autorizada", posteriormente en 2012, Felicia Knaul y coautores analizaban en The Lancet (“The quest for universal health coverage: achieving social protection for all in Mexico”) cómo lograr la cobertura universal y subrayaron que la protección social debía abarcar no solo el acceso a los servicios, sino también la calidad de la atención y la protección financiera frente a la enfermedad. Afiliar a una persona a una institución no garantiza, por sí mismo, que reciba atención efectiva ni que esté protegida frente al gasto que ocasiona enfermarse.

Hoy esa perspectiva debe ampliarse: es insuficiente estudiar la transición epidemiológica y la demográfica como fenómenos aislados. Es necesario incorporar una tercera dimensión, la transición institucional y fiscal, entendida como la transformación de las decisiones del Estado, sus prioridades presupuestarias y los mecanismos mediante los que distribuye riesgos y recursos entre generaciones.

Reconocer este entorno cambiante no detendrá el envejecimiento ni las enfermedades asociadas a él, pero sí puede dar margen para responder.

Envejecer antes de alcanzar el desarrollo

Las cifras muestran la magnitud de la transformación. De acuerdo con estimaciones de CONAPO, México contaba en 2025 con alrededor de 17.1 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 12.8% de la población; la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI registró 19.2 millones (14.7%), un nivel que las proyecciones anticipaban hacia 2030.

Para 2070, se estima una proporción cercana a 34.2%. La Gráfica 1 resume las dos fuerzas detrás de este cambio: la tasa global de fecundidad descendió por debajo del nivel de reemplazo a mediados de la década pasada y se ubica en torno a 1.6 hijos por mujer, mientras que la esperanza de vida, tras caer a 68.9 años en 2021 por la pandemia de COVID-19, se recuperó a 75.9 años. Estas estimaciones dependen de supuestos sobre fecundidad, mortalidad y migración, y deben actualizarse periódicamente, pero la tendencia es inequívoca.

Fuente: CONAPO e INEGI. Esperanza de vida al nacer (eje izquierdo) y tasa global de fecundidad (eje derecho).

La pirámide poblacional pierde amplitud en su base y adquiere una forma más rectangular. México debe prepararse para una sociedad con proporcionalmente menos niñas, niños y jóvenes, y más personas mayores que necesitarán ingresos, atención sanitaria y, en algunos casos, cuidados de larga duración.

Hay una distinción entre envejecer y envejecer con desarrollo. Los países europeos más desarrollados y algunas economías asiáticas también enfrentan sociedades envejecidas, pero sus capacidades para atenderlas dependen de sus trayectorias históricas de ingreso, productividad, cobertura sanitaria, ahorro, pensiones y servicios públicos. México no puede suponer que tendrá automáticamente esas condiciones cuando alcance una estructura poblacional semejante.

Se enfrenta esta transición con un mercado laboral caracterizado por una elevada informalidad, desigualdades de ingreso persistentes, trayectorias laborales discontinuas y grandes diferencias en el acceso a la seguridad social. Millones de personas han trabajado sin acumular cotizaciones suficientes para obtener una pensión contributiva. Otras llegan a edades avanzadas con enfermedades que requieren atención permanente, pero sin ingresos suficientes para financiarla.

La pregunta no es cuántas personas mayores tendremos, sino con qué condiciones económicas, de salud, de soporte familiar, de redes sociales y sanitarias, llegarán a esa etapa. El envejecimiento debería ser una etapa estable del ciclo de vida, pero puede convertirse en un detonante adicional de desigualdad cuando la longevidad se crece más rápido que los recursos necesarios para sostenerla.

La doble carga epidemiológica: enfermedades crónicas, emergentes y transmisibles.

Uno de los errores al analizar la transición epidemiológica consiste en suponer que, cuando aumenta la importancia de las enfermedades crónicas, las infecciosas dejan de representar un problema relevante. En México, esa sustitución no se ha completado. Seguimos necesitando vigilancia epidemiológica, vacunación, atención materno-infantil y capacidad para responder a brotes de enfermedades transmisibles. Al mismo tiempo, debemos atender una carga elevada de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares, cuya prevención y tratamiento pueden prolongarse durante décadas.

La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2024 dimensiona el desafío. Entre las personas de 50 años y más, 41.5% reportó hipertensión y 25.5% diabetes; 9.3% presentaba al menos una limitación para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos o manejar su dinero. La Gráfica 2 ordena los ocho padecimientos de mayor prevalencia en ese grupo. La encuesta es especialmente valiosa porque permite observar la funcionalidad, no solo contar diagnósticos.

Fuente: INEGI, ENASEM 2024. *Estimación con base en ENSANUT Continua y literatura complementaria para población de 50 años y más.

La prevención es esencial y no significa únicamente recomendar comer mejor y hacer ejercicio. Exige crear condiciones para hacerlo y garantizar los tratamientos necesarios: medicamentos esenciales disponibles, atención primaria fortalecida y continuidad terapéutica sin interrupciones o dificultades de acceso. De lo contrario, un diagnóstico puede convertirse en una complicación costosa para la familia y el sistema de salud.

¿Tenemos un sistema de salud preparado para una población envejecida?

México cuenta con instituciones y servicios especializados, pero la pregunta es si la capacidad instalada, los recursos humanos y los modelos de atención son suficientes para responder al cambio demográfico. La atención de los adultos mayores requiere no solo consultas y hospitalizaciones, también necesita: especialistas en geriatra, enfermera geriátrica, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional, nutrición, atención domiciliaria y cuidados paliativos, y servicios para detectar el deterioro funcional.

No se trata de afirmar que no existen servicios geriátricos, el problema es la insuficiencia y la distribución desigual de las capacidades disponibles frente a las necesidades presentes y futuras. La formación de especialistas debe acompañarse de plazas laborales, infraestructura, equipos multidisciplinarios y mecanismos de referencia entre niveles de atención. Crear programas académicos sin generar los espacios donde puedan trabajar los especialistas, no resolvería el problema.

En paralelo, el sistema de salud debe atender a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos en edad productiva. La transición demográfica no elimina las necesidades de los demás grupos: las superpone y presiona al sistema. No se pueden organizar los servicios a partir de la estructura de edades que tuvo el país hace treinta años ni construir infraestructura pensando solo en la demanda actual. La cobertura efectiva también exige información clínica que acompañe al paciente, mecanismos de referencia funcionales y disponibilidad de medicamentos. Un sistema que diagnostica sin proveer el tratamiento ofrece una protección incompleta. Lo mismo ocurre cuando el hospital resuelve una urgencia, pero la persona vuelve a casa sin rehabilitación ni seguimiento.

La economía del cuidado: vivir más y conservar la autonomía

Hay una dimensión del envejecimiento que preocupa y se discute poco: el cuidado. Se habla de prolongar la esperanza de vida como si el objetivo fuera únicamente alcanzar más años, vivir más no garantiza hacerlo con autonomía ni plenitud. El desafío consiste en aumentar los años de vida saludable y en asegurar que quienes necesiten ayuda puedan recibirla sin empobrecerse ni depender exclusivamente de sus familiares.

Cuidar a una persona mayor puede implicar acompañarla a consultas, administrar medicamentos, preparar alimentos, ayudarla a bañarse, realizar ejercicios de rehabilitación o supervisar actividades cotidianas; en casos de dependencia, durante muchas horas al día. Cuando no existen servicios profesionales suficientes, las familias absorben la responsabilidad. En México, esa carga recae desproporcionadamente sobre las mujeres, que reducen jornadas, abandonan empleos o renuncian a oportunidades de formación.

La ENASEM 2024 encontró que 35% de las personas de 50 años y más cuidaba a menores de 12 años o a personas adultas enfermas o con discapacidad; con un 43.8% realizados por mujeres, frente a 25.1% por hombres. Además, personas que están envejeciendo, como ocurre con el cuidado de nietas y nietos.

Por eso es necesario desarrollar una verdadera economía del cuidado que implica formar y contratar cuidadores profesionales, enfermeras y enfermeros, fisioterapeutas, nutriólogos y especialistas en geriatría. Tal que contemple servicios diurnos, apoyo domiciliario, centros comunitarios y alternativas de "respiro" para las familias cuidadoras. Por ejemplo, una estrategia nutricional efectiva debe considerar preferencias alimentarias, tradiciones familiares, presupuesto y condiciones de salud; la adherencia depende de que las recomendaciones sean realistas.

La economía del cuidado no debe entenderse como un gasto improductivo. Es una actividad indispensable para el funcionamiento de los hogares, la participación laboral y el bienestar social. Reconocerla, profesionalizarla y distribuirla de manera más equitativa permitiría generar empleos y reducir la penalización económica que hoy enfrentan muchas mujeres. Un sistema nacional de cuidados no sustituye a las familias: amplía sus opciones y evita que cuidar implique, necesariamente, sacrificar ingresos, salud y futuro pensionario.

La desigualdad de género no desaparece al jubilarse

Vivir más plantea dilemas específicos: las mujeres tienen mayor esperanza de vida, pero enfrentan la vejez con más carencias económicas y menor acceso a pensiones contributivas. La desigualdad no comienza a los 60 años; es el resultado acumulado de la trayectoria personal y laboral. Las interrupciones laborales relacionadas con la maternidad y el cuidado, los salarios menores, la informalidad y la distribución desigual de las responsabilidades domésticas reducen las oportunidades de acumular ahorro y semanas de cotización; muchas mujeres han trabajado durante décadas sin recibir una remuneración por cuidar a sus hijos, parejas, padres u otros familiares. Cuando llega la vejez, esas restricciones acumuladas se traducen en una menor protección económica.

En 2022, aproximadamente 25% de las mujeres mayores recibía una pensión contributiva, frente a más de 41% de los hombres. Las diferencias no se explican por una menor contribución social de las mujeres, sino por las condiciones en que han participado en el mercado laboral y por la distribución del trabajo no remunerado en el hogar. La mayor esperanza de vida puede significar también más años de exposición a ingresos insuficientes, enfermedades y necesidad de cuidados. Condiciones como viudez y la ausencia de redes de apoyo pueden agravar la vulnerabilidad.

Pensiones contributivas y no contributivas: una presión fiscal creciente

El envejecimiento también transforma las finanzas públicas. Al aumentar la población en edad de retiro, crecen las obligaciones pensionarias y las necesidades de atención sanitaria. El desafío es financiarlas sin comprometer otras funciones esenciales del Estado.

De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el gasto presupuestado en pensiones y jubilaciones asciende a aproximadamente 1,704 billones de pesos, equivalente a cerca de 24% del gasto programable federal. Las pensiones y jubilaciones absorben la mayor parte del presupuesto de los dos principales institutos de seguridad social del país; el ISSSTE destina el 73% de sus recursos totales a este rubro, mientras que el IMSS dedica el 64%. Esto limita el margen financiero para la atención médica, la infraestructura hospitalaria y el abasto de medicamentos.

A ese compromiso se suman las pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Las cifras de ambos tipos de pensión no siempre se presentan bajo una clasificación única y comparable, por lo que es indispensable comprobar qué programas incluye cada agregado para evitar dobles conteos. Las pensiones contributivas están vinculadas con cotizaciones y con las reglas de los distintos sistemas de seguridad social; sus obligaciones dependen del régimen, la historia laboral, las condiciones de retiro y, en algunos casos, compromisos de legislaciones anteriores. Las no contributivas proporcionan un ingreso básico a quienes no cuentan con una pensión derivada de sus cotizaciones o cuya protección es insuficiente. En un país con alta informalidad, cumplen una función distributiva importante y reducen la vulnerabilidad económica en la vejez.

La Gráfica 3 muestra ese desplazamiento. Con microdatos de la ENIGH, la proporción de personas de 65 años y más con pensión no contributiva pasó de 43.3% en 2018 a 55.8% en 2020, mientras que la cobertura contributiva apenas varió, de 31.2% a 33.4%. En términos reales, el monto de la Pensión para el Bienestar se multiplicó casi cuatro veces entre 2018 y 2025; en 2026 asciende a 3,200 pesos mensuales. La expansión redujo la desprotección, pero no sustituye la acumulación de derechos contributivos.

Fuentes: Rodríguez-Gómez (2024), con microdatos de la ENIGH 2018 y 2020; Reglas de Operación de la Pensión para el Bienestar (DOF); ENIGH 2018–2024 (INEGI). Deflactor: INPC, inflación promedio anual. La serie contributiva del panel B es un promedio por hogar y no es comparable con el monto individual de la pensión no contributiva.

Por tanto, no sería correcto presentar las pensiones no contributivas como un gasto prescindible ni suponer que toda pensión contributiva elevada es irregular. El problema es cómo sostener los distintos compromisos, evaluar sus efectos distributivos y garantizar que el sistema sea financieramente viable.

La discusión presupuestaria debe incorporar una pregunta adicional: ¿qué ocurre con la capacidad de las instituciones de seguridad social para prestar servicios médicos cuando una parte importante de sus recursos se destina a obligaciones pensionarias? En el IMSS y el ISSSTE es indispensable distinguir entre presupuesto total, gasto programable, transferencias federales y obligaciones pensionarias registradas en distintas partidas. Ningún porcentaje del presupuesto destinado a pensiones es interpretable sin especificar el denominador y el concepto utilizado.

El dilema económico es real. Las instituciones deben cumplir sus obligaciones pensionarias y, simultáneamente, garantizar atención a la salud. Sin planeación financiera de largo plazo, las presiones sobre una función reducen el margen disponible para la otra, ambas obligaciones forman parte de un mismo sistema de protección social y requieren reglas transparentes, financiamiento suficiente y evaluación periódica de su sostenibilidad.

Modalidad 40: derechos, incentivos y equidad

La controversia sobre la Modalidad 40 del IMSS ilustra los conflictos que surgen cuando las reglas pensionarias interactúan con trayectorias laborales desiguales. La continuación voluntaria en un régimen que era obligatorio (Modalidad 40) permite que personas que dejaron de cotizar con empleo formal sigan realizando aportaciones al Instituto, conforme a las condiciones legales aplicables. Para quienes están sujetos al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y el número de semanas reconocidas influyen en el cálculo de la pensión; por ello, algunas personas utilizaron esta modalidad para incrementar el monto de pensión. El régimen de la Ley de 1997 contempla cuentas individualizadas que dejarán de ejercer presión a las finanzas públicas.

El problema asociado a la Modalidad 40 no radica en que una persona quiera mejorar su pensión mediante aportaciones propias, pues esa posibilidad puede formar parte de una planeación legítima del retiro. Pero si las reglas generan incentivos para obtener prestaciones muy superiores a las que resultarían de una trayectoria salarial y contributiva ordinaria, y si el costo de esos compromisos está adecuadamente financiado.

También existe un problema de equidad. Quienes disponen de recursos para realizar aportaciones elevadas durante varios años pueden mejorar su pensión con mayor facilidad que quienes tienen bajos ingresos, enfrentan periodos de desempleo o trabajan en la informalidad. Sin embargo, debemos ser rigurosos: una aportación elevada a la Modalidad 40 no demuestra por sí misma una irregularidad, ni permite concluir que la persona haya subreportado ingresos durante su vida laboral. Tampoco puede suponerse que quien cotizó con un salario bajo carezca de capacidad para ahorrar o que toda aportación voluntaria alta refleje un fraude.

El 21 de octubre de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, relativo al análisis del efecto de la continuación voluntaria y a medidas temporales, vigente desde el día siguiente. Así, habrá restricciones a nuevas incorporaciones y a la cotización, bajo determinadas condiciones; las personas inscritas antes de su entrada en vigor conservarían el reconocimiento de las semanas y salarios efectivamente cotizados y pagados conforme a las disposiciones aplicables.

En México se necesita revisar la coherencia de sus regímenes pensionarios, la relación entre aportaciones y prestaciones, los mecanismos para prevenir abusos y la distribución de los riesgos del retiro. Cualquier reforma debe distinguir entre fraude, planeación legítima y desigualdad estructural, y ofrecer certidumbre jurídica a quienes organizaron sus decisiones conforme a reglas vigentes.

El objetivo final debe ser construir un sistema que proteja adecuadamente a las personas mayores sin generar obligaciones que no puedan financiarse en el largo plazo, expertos han expuesto lo inviable financieramente que era mantener la Modalidad 40, pues uno de cada cinco pesos del presupuesto federal, o más, se compromete con el pago de pensiones en sus diferentes modalidades.  No se puede agregar presión a los gastos públicos ni perpetuar diferencias injustificadas en el acceso a una jubilación digna.

Trabajo y reemplazo generacional

El envejecimiento plantea otra pregunta: ¿cómo cambiará el mercado laboral cuando una proporción creciente de personas permanezca activa durante más años? La idea de que los trabajadores mayores bloquean necesariamente las oportunidades de los jóvenes es demasiado simple. No puede asumirse que cada puesto ocupado por una persona mayor equivale a una vacante para una persona joven; las empresas pueden ampliar su actividad, crear nuevos puestos y aprovechar la experiencia acumulada de sus trabajadores.

Sin embargo, existe una tensión, cuando las personas no pueden retirarse porque carecen de una pensión suficiente o digna, pueden verse obligadas a prolongar su vida laboral en condiciones que no eligieron. Al mismo tiempo, los jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleos formales, construir una trayectoria profesional y acumular derechos de seguridad social.

El problema no es que las personas mayores sigan trabajando; hacerlo después de la edad convencional de retiro puede ser una decisión deseada y una forma de aprovechar conocimientos y experiencia. La dificultad aparece cuando la permanencia laboral se convierte en necesidad económica y no existe flexibilidad para combinar retiro, empleo y cuidados.

La transición que todavía podemos construir

En México se debe trazar un horizonte temporal a mediano y largo plazo que articule cinco prioridades.

La primera es fortalecer la atención primaria y la prevención, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades crónicas, la continuidad de los tratamientos y el acceso efectivo a medicamentos esenciales. La segunda es ampliar la formación de especialistas y los servicios de geriatría, rehabilitación y cuidados de largo plazo, asegurando que existan plazas, infraestructura y equipos donde puedan trabajar.

La tercera consiste en construir un sistema nacional de cuidados que reconozca el trabajo no remunerado, profesionalice los servicios y distribuya las responsabilidades entre las familias, el Estado, las comunidades y el mercado. La cuarta es revisar el sistema pensionario con criterios de sostenibilidad, equidad y certeza jurídica, distinguiendo entre obligaciones legítimas, mecanismos redistributivos y posibles abusos.

La quinta es invertir en capital humano desde la infancia. Una política de envejecimiento comienza mucho antes de los 60 años: con alimentación adecuada, educación de calidad, prevención de enfermedades, empleos formales y oportunidades para ahorrar y cotizar. Las decisiones actuales sobre salud, educación y cuidados condicionan la productividad y la autonomía de las personas en las décadas siguientes.

Estas prioridades requieren financiamiento y evaluación. No basta con anunciar programas ni aumentar partidas de manera aislada; es necesario medir si los recursos se traducen en consultas oportunas, medicamentos disponibles, menos complicaciones evitables, mayor autonomía y protección económica efectiva para las personas mayores.

Los recursos públicos son limitados y las decisiones presupuestarias implican costos de oportunidad, pero la solución no consiste en abandonar a una generación para proteger a otra, sino en diseñar instituciones que distribuyan los riesgos de manera justa y eviten que la falta de prevención hoy genere costos mayores mañana.

México está envejeciendo antes de alcanzar los niveles de desarrollo que permitirían afrontar esa transformación con holgura. Pero todavía tiene margen para adaptar sus políticas y construir una protección social más sólida. El envejecimiento no debe convertirse en una culpa generacional ni en una amenaza utilizada para justificar recortes indiscriminados, es una realidad demográfica que exige decisiones colectivas, instituciones confiables y visión de largo plazo.  Vivir más debería ser una conquista, no una condena económica. Para conseguirlo, necesitamos entender que la salud, las pensiones, el empleo y los cuidados forman parte de una misma arquitectura de protección social.

Finalmente, la transición demográfica ya avanzó y la epidemiológica aún no concluye; la transición institucional que debe acompañarlas sigue pendiente.