Opinión. Escuchar también es cuidar: el ruido como desigualdad urbana

Desde 1996, cuando se conmemoró por primera vez en Nueva York el Día Internacional de Lucha contra el Ruido, cada último miércoles de abril nos recuerda algo que, paradójicamente, solemos ignorar: vivimos rodeados de ruido, pero rara vez lo reconocemos como problema.

A diferencia del aire contaminado o del agua sucia, el ruido no se ve. No deja huella visible. No ensucia las manos. Pero sí altera el cuerpo. Se instala en el descanso, fragmenta la concentración, desgasta el sistema nervioso. Como advierte la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al ruido ambiental está asociada con estrés, trastornos del sueño, afectaciones cognitivas e incluso enfermedades cardiovasculares. Es, de hecho, uno de los principales riesgos ambientales para la salud en contextos urbanos.

Y, sin embargo, seguimos tratándolo como si fuera una molestia menor. Como si fuera parte inevitable de la vida en la ciudad. Como si el precio de habitar lo urbano fuera renunciar a la escucha.

Pero el ruido no es neutro. No se distribuye de manera equitativa. No todos los territorios suenan igual, ni todos los cuerpos lo resisten de la misma forma. En la Ciudad de México, el ruido es también una forma de desigualdad: hay zonas más expuestas, horarios más vulnerables, poblaciones más afectadas. Quien vive cerca de una vía primaria, de un corredor comercial, de una obra constante o de un nodo de transporte, sabe que el ruido no es eventual: es estructural.

Aquí es donde el problema deja de ser técnico y se vuelve político.

Porque si el ruido afecta la salud, entonces no es sólo un tema de convivencia, sino de salud pública. Y si su distribución es desigual, entonces también es una cuestión de justicia urbana. El derecho al descanso —a dormir, a concentrarse, a habitar sin sobresalto constante— debería entenderse como parte del derecho a la ciudad.

Sin embargo, las políticas públicas en torno al ruido suelen ser fragmentarias, reactivas y débiles en su aplicación. Existen normas, sí, pero su cumplimiento es irregular. Existen quejas, pero su seguimiento es incierto. Existen mediciones, pero no siempre son accesibles ni continuas. El resultado es una paradoja: sabemos que el ruido enferma, pero seguimos sin gobernarlo.

Quizás el primer paso sea hacerlo visible.

Nombrarlo como contaminación —no como “ambiente”— cambia la conversación. Medirlo de forma sistemática permite entender su alcance. Comunicarlo de manera clara abre la posibilidad de exigir. En este sentido, la Ciudad de México tiene una oportunidad concreta: avanzar hacia un sistema de etiquetado acústico urbano, que informe a la ciudadanía sobre los niveles de ruido en distintas zonas, como ya ocurre con otros indicadores ambientales.

No se trata solo de datos, sino de derechos.

Un etiquetado acústico permitiría identificar zonas críticas, orientar decisiones de planeación, regular actividades y, sobre todo, reconocer que el sonido también forma parte de la calidad de vida urbana. A esto habría que sumar monitoreo continuo con datos abiertos, fortalecimiento de la normativa existente y una coordinación más efectiva entre autoridades.

Pero hay algo más de fondo.

El ruido también habla de nuestra relación con lo común. De cuánto estamos dispuestos a considerar al otro. De cómo entendemos el espacio compartido. En ese sentido, reducir el ruido no es solo una cuestión técnica, sino cultural y política.

Escuchar implica reconocer límites. Implica entender que lo que para alguien es música, para otro puede ser desgaste; que lo que para unos es actividad, para otros es insomnio. Implica, en última instancia, asumir que la ciudad no es solo un lugar para hacer, sino también para habitar.

Después de casi tres décadas de conmemorar este día, el desafío es claro: dejar de naturalizar el ruido y empezar a gobernarlo.

Porque no todo lo que contamina se ve.
Pero sí se escucha.
Y se padece.