PRENSA IBERO
AUTOR
José L. García, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas
A lo largo de los siglos, la humanidad ha cultivado una relación paradójica, casi esquizofrénica, con el agua. En el terreno de los mitos, de la poesía y de la religión, el agua ha sido el símbolo supremo de la pureza, de la renovación incesante y de la infinitud. Nos acostumbramos a pensar en ella como un ciclo eterno que dictaminaba que, sin importar cuánto extrajéramos, la lluvia terminaría por devolvérnosla.
Esta disonancia nos está conduciendo inevitablemente al colapso. En el inicio de este 2026, la agenda global se enfrentó a un parteaguas conceptual y existencial que nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre nuestra supervivencia. El Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo, ha transitado de ser una efeméride pedagógica o celebratoria a convertirse en el recordatorio anual de una tragedia planetaria en cámara lenta. Ya no se trata únicamente de generar conciencia sobre la conservación; se trata de diagnosticar un estado crónico de insolvencia ecológica.
La narrativa convencional sobre la crisis climática y ambiental suele apoyarse en el lenguaje de la presión, del estrés o de la emergencia. Es un lenguaje que, en el fondo, sigue siendo profundamente optimista, pues sugiere que si logramos aliviar la carga, si cerramos la llave mientras nos cepillamos los dientes o si instalamos inodoros de bajo flujo, el sistema recuperará su homeostasis y volveremos a la “normalidad”.
No obstante, la evidencia científica más reciente y contundente exige un cambio radical no solo en las políticas públicas, sino en el léxico con el que nombramos la realidad. Según los diagnósticos más avanzados, hemos ingresado oficialmente en la era de la bancarrota hídrica global, un término que trasciende la mera metáfora económica para describir una condición de fracaso sistémico, irreversible y destructivo.
Esta bancarrota no es un “fenómeno democrático”. No se distribuye de manera equitativa sobre la geografía del planeta ni de la sociedad. Sus costos más severos y sus peajes más crueles recaen, con una precisión quirúrgica e histórica, sobre los sectores más vulnerables, marginando de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. En el cruce de estas dos realidades colosales (el colapso irreversible de los ecosistemas acuáticos y la arraigada desigualdad de género) se encuentra el núcleo del debate contemporáneo.
En enero de 2026, el Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH) publicó un documento histórico que habrá de marcar un antes y un después, el reporte Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era. En este documento Madani postula que el mundo ya no enfrenta simplemente sequías esporádicas, sino que ha trascendido los umbrales de la reversibilidad para adentrarse formalmente en la era de la bancarrota hídrica.
El informe del UNU-INWEH define formalmente la bancarrota hídrica como un estado crónico y persistente en el que la sobreextracción de agua superficial y subterránea supera drásticamente las entradas renovables y los límites seguros de agotamiento. El rasgo definitorio de la bancarrota no es la escasez momentánea, sino la destrucción de los activos naturales que almacenan, filtran y producen el agua (como los humedales, los glaciares y los acuíferos subterráneos), lo que resulta en un daño ecológico irreversible o prohibitivamente costoso de reparar.
Para dimensionar esta tragedia global, basta observar la radiografía de la ruina presentada en el informe de 2026:
La bancarrota hídrica es un evento de alcance planetario, pero sus mecanismos de operación y sus consecuencias son ferozmente locales y asimétricos. La escasez rara vez es un castigo puramente meteorológico; casi siempre es el resultado de un diseño institucional, de leyes promulgadas en despachos lejanos y de las voraces lógicas del capitalismo extractivista. Los defensores del mercado suelen argumentar que la privatización y la desregulación conducen a la eficiencia en el manejo de los recursos. La realidad latinoamericana se encarga de pulverizar esta hipótesis día tras día.
La advertencia que emana del Global Water Bankruptcy Report y de las conmemoraciones del Día Mundial del Agua 2026 no debe leerse como un epitafio, sino como un violento y necesario despertar de la anestesia en la que nos sumieron las mentiras mediáticas y las promesas del consumismo infinito.
Desmontar artificios retóricos como el “Día Cero”, en metrópolis como la Ciudad de México, es el primer paso indispensable para dejar de gestionar el pánico de las clases privilegiadas y comenzar a atender la desigualdad sistémica de la mayoría. Significa mirar hacia el subsuelo, reconocer el suicidio lacustre que hemos perpetrado durante siglos y exigir a la clase política y económica que asuma el gigantesco costo de rehabilitar los acuíferos, tratar las aguas residuales y detener la subsidencia de una ciudad que se hunde físicamente bajo el peso acumulado de su soberbia.
Significa, además, confrontar las arquitecturas del despojo en toda América Latina y el mundo: revisar los códigos legales neoliberales que permiten que las corporaciones, mineras y plantaciones de palma acaparen los ríos para sus monocultivos mientras los habitantes locales padecen racionamientos atroces y beben toxicidad. El dolor del planeta no es un azar climatológico, es el resultado del saqueo tolerado por instituciones débiles o cómplices.
El camino hacia la resiliencia no se trazará únicamente con turbinas, compuertas y megatúneles emisores; se edificará a través de una revolución ética en nuestra gobernanza. Exigirá reconocer que el agua no es una mercancía que se negocia en los tableros bursátiles, sino el prerrequisito absoluto de la vida, de la paz social y de la estabilidad de la civilización. Requerirá otorgar, por fin y de manera definitiva, voz, derechos, representación agraria y liderazgo financiero a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades.