Claudia Alejandra Sánchez Rodríguez[1] Estudiante de Relaciones Internacionales Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Históricamente, los flujos migratorios que se trasladan desde Sudamérica y Centroamérica, atravesando México para dirigirse hacia Estados Unidos, han sido modificados y configurados por las políticas migratorias que Estados Unidos impone haciendo uso de su asimetría de poder en la región. A través de presión económica, diplomática y de fuerza condiciona las políticas migratorias de los países de tránsito y origen, por lo que el fenómeno migratorio responde tanto a factores estructurales como a los intereses de las administraciones en turno.
En el marco del regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense, a principios de 2025, se intensificaron los discursos xenófobos que utilizaron a las personas migrantes como “válvula de escape” para los fracasos económicos atribuidos a administraciones anteriores. Esta capitalización del descontento social resultó exitosa para conseguir mayor apoyo electoral, al tiempo que derivó en un pánico moral, es decir, un temor extendido que señala a la persona migrante como una amenaza para el bienestar de la sociedad estadounidense (Bauman, 2016, p. 5).
Para ahondar en los intereses de esta segunda administración de Trump, es necesario entender las medidas que se han implementado en el ámbito migratorio como la expresión operativa de una securitización[2] progresiva de la agenda migratoria estadounidense, mediante la cual las personas migrantes han sido posicionadas discursiva e institucionalmente como una amenaza a la seguridad nacional. Esta postura quedó plasmada de forma explícita en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que enlista la migración entre las amenazas a la seguridad de Estados Unidos y plantea la aspiración de un control absoluto sobre sus fronteras: “Queremos un mundo en el que la migración no sea simplemente «ordenada», sino uno en el que los países soberanos colaboren para frenar —en lugar de facilitar— los flujos de población desestabilizadores, y ejerzan un control total sobre a quiénes admiten y a quiénes no” (The White House, 2025, p. 3).
En la práctica, esta dinámica securitaria se ha materializado a través de la declaración de una “invasión” de “extranjeros ilegales” hacia Estados Unidos (Frelick, 2025), narrativa que ha servido para legitimar una serie de acciones orientadas al cierre de fronteras. De ahí se desprende un conjunto de disposiciones concretas: la suspensión de los programas de apoyo para trámites de asilo, del Estatus de Protección Temporal (TPS) y del sistema de refugio; la cancelación de CBP One, aplicación que permitía a las personas migrantes programar citas de asilo en los puertos de entrada; la ampliación de las competencias de las policías estatales y locales para desempeñar funciones de migración en la investigación, aprehensión o detención de extranjeros; y el despliegue de las fuerzas armadas, tanto para impedir la llegada de personas migrantes como para ejecutar operativos de detención y deportación (Frelick, 2025). Estas medidas revelan que el objetivo no ha sido únicamente la contención fronteriza, sino la producción de una deportación masiva y mediatizada que responde a los mismos intereses discursivos que le han dado a esta política un amplio respaldo popular.
Ahora bien, la implementación, así como la amplia mediatización de estas políticas ha generado un efecto contraintuitivo, ya que, en lugar de disuadir por completo la migración hacia el norte, ha llevado a que muchas personas opten por permanecer en México. Por lo tanto, este país ha dejado de ser percibido únicamente como país de tránsito para consolidarse como un destino migratorio en sí mismo, donde las personas buscan regularizar su situación migratoria mediante los trámites correspondientes.
En este sentido, los cambios en las políticas migratorias implementadas por México no deben entenderse como decisiones aisladas, sino como parte de una conexión directa con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Esto responde a la lógica de la externalización de la frontera, concepto que hace referencia a aquellos mecanismos extraterritoriales cuyo fin es el control migratorio, mediante los cuales “los Estados desarrollados llevan la soberanía más allá de sus límites fronterizos a lo largo de toda la ruta migratoria” (Vega Macías, 2022).
En muchas ocasiones, la externalización se presenta discursivamente como acuerdos de cooperación bilateral, cuando en realidad responde al mismo esquema de contención impulsado por Estados Unidos. Tal es el caso de las deportaciones llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en coordinación con el gobierno de México, mediante las cuales se traslada a las personas migrantes hacia el sur del territorio mexicano, alejándolas de la frontera norte con el objetivo de disuadirlas de intentar un nuevo ingreso a Estados Unidos (Red Jesuita con Migrantes, 2026).
Esto evidencia un cambio de paradigma en el que las deportaciones al país de origen han disminuido, mientras que aumentan las detenciones seguidas de traslados internos hacia el sur de México. Ahí, las personas deben iniciar trámites para transitar libremente por territorio mexicano —ya sea mediante la solicitud de refugio o la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH)—, procedimiento que suele tardar meses en resolverse (Calva Sánchez y Torre Cantalapiedra, 2026, p. 11).
Para dimensionar la magnitud de estos trámites, basta observar que las solicitudes ante la Comar pasaron de apenas 1,000 en 2013 a 140,000 en 2023, y aunque descendieron a menos de 80,000 en 2024, en 2025 se mantuvieron en niveles similares, con 70,500 registros (Comar, 2024, citado en Calva Sánchez y Torre Cantalapiedra, 2026, p. 11; ACNUR, 2025). Sin embargo, este incremento no ha sido acompañado por un aumento proporcional del presupuesto ni del personal de la Comar; por el contrario, tras el retiro del apoyo de ACNUR en 2025, la institución perdió más del 60% de su presupuesto y dejó a más de 80,000 solicitantes en un pre-registro que podía prolongarse hasta 10 meses (Campoy, 2026).
Estos datos permiten leer la dilación burocrática no como una simple falla administrativa, sino como una herramienta más de contención, ya que al extenderse los tiempos de resolución, muchas personas se vieron obligadas a permanecer largos periodos en el sur del país. Esta espera prolongada, en consecuencia, ha empujado a buena parte de esta población hacia la Ciudad de México, ya que, ante la incertidumbre generada por el cierre de vías regulares hacia Estados Unidos y la imposibilidad de resolver su situación migratoria en el corto plazo, muchas personas optaron por trasladarse a la capital en busca de mejores oportunidades laborales mientras esperaban la resolución de sus documentos.
Aun así, este flujo no es casual, ni responde únicamente a razones económicas. En distintos momentos se ha posicionado a la Ciudad de México como una “nueva ciudad santuario”, e incluso se ha consolidado un imaginario sobre el “nuevo sueño mexicano”, según el cual la ciudad sería un lugar donde las personas migrantes podrían establecerse y realizar sus trámites con mayor seguridad, lo cual ha sido atractivo para cada vez más personas en busca de un lugar para asentarse. Esta percepción tiene su origen, en parte, en el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien incorporó, tanto en el discurso como en la agenda oficial, el compromiso de adoptar medidas para proteger de manera más amplia los derechos de las personas migrantes (Calva Sánchez y Torre Cantalapiedra, 2025, p. 442).
No obstante, la evidencia contradice esta narrativa, ya que en 2024, en la Ciudad de México se registraron operativos en los que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) irrumpieron en viviendas de personas migrantes para detenerlas y posteriormente deportarlas hacia Tabasco (De la Sancha, 2024, y Gómez, 2024, citados en Calva Sánchez y Torre Cantalapiedra, 2026, p. 15). A partir de un monitoreo de noticias,[3] se identificó que estas redadas no solo continuaron, sino que se intensificaron. Incluso, organizaciones como la Red Jesuita con Migrantes México las han clasificado como parte de “un esquema de control migratorio profundamente militarizado” que involucra al INM, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Cibercuba, 2026).
Lo anterior confirma que, aunque ya desde 2024 la capital operaba con dispositivos de vigilancia y contención dirigidos específicamente a la población migrante, en clara alineación con las políticas migratorias estadounidenses, lo que ha cambiado no es tanto la naturaleza de estas prácticas, sino su escala, frecuencia y visibilidad. Estas acciones, que antes eran dispersas, discretas o escasamente documentadas, se han vuelto sistemáticas y evidentes, en la medida en que esta ciudad ha dejado de ser vista únicamente como punto de tránsito para convertirse, para un número creciente de personas migrantes, en un lugar de asentamiento. Esto se refleja en el aumento de notas periodísticas y testimonios de personas migrantes que documentan detenciones arbitrarias, desapariciones, deportaciones internas hacia el sur del país, presión para firmar documentos bajo coacción, e incluso uso de la fuerza en dichos operativos.
En este contexto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han señalado que la CDMX ha dejado de operar como una “ciudad santuario” para las personas migrantes, quienes antes podían al menos acceder a espacios como albergues que ofrecían un mínimo de servicios básicos. Sin embargo, tanto la falta de insumos para atender las necesidades básicas de la población migrante como la saturación de estos espacios, han obligado a muchas personas a establecerse en la calle (DW, 2024). Así surgieron distintos campamentos improvisados —en la Plaza Giordano Bruno, en la Central de Autobuses del Norte; en la Plaza de la Soledad; en Tláhuac; o en Vallejo—, que presentaban condiciones aún más severas: nula salubridad y ausencia total de acceso a servicios básicos para quienes ahí aguardaban la resolución de sus trámites (PRAMI, 2024).
De manera creciente desde 2025, estos campamentos comenzaron a ser blanco de redadas, en episodios que en varias ocasiones derivaron en actos de violencia en los que agentes del INM destruían los espacios que las personas migrantes habían logrado construir para sí mismas y sus familias, como tiendas de campaña o estructuras de madera improvisadas para dormir. Además, les despojaban de las pocas pertenencias que habían conseguido reunir, y posteriormente las trasladaban hacia el sur del país (Laureles y Xantomila, 2026; N+, 2026).
Asimismo, previo a la inauguración del Mundial, estos operativos se intensificaron, tal como quedó documentado en distintos videos compartidos en redes sociales que mostraban camionetas del INM realizando redadas ya no únicamente en los campamentos, sino también en lugares de trabajo, lo cual provocó un temor generalizado entre la población migrante que se encontraba laborando en la CDMX (N+, 2026). Estas acciones han sido comparadas con los procedimientos observados en Estados Unidos, marcados por las redadas y la violencia ejercida por el ICE (Cibercuba, 2026). Además, han sido catalogadas como prácticas arbitrarias, propias de un patrón de limpieza social en el marco de los preparativos para el Mundial y en alineación con los intereses de control de EE. UU. (Campoy, 2026).
Podemos argumentar, entonces, que la etiqueta de “ciudad santuario” atribuida a la CDMX nunca correspondió a una política de acogida real, sino a un relato funcional que proyecta apertura mientras las acciones del Estado exhiben la inseguridad jurídica cotidiana en la que viven quienes intentan establecerse en la capital. Lo que sostuvo esta narrativa durante años no fue la solidez institucional, sino la configuración específica de los flujos migratorios de ese momento: estancias cortas y de bajo volumen, pues la mayoría solo pasaba por la ciudad de camino a Estados Unidos, sin enfrentar de forma prolongada la dilación burocrática de los trámites. Por ende, no fue que la ciudad ofreciera condiciones estructurales de protección, sino que el reducido número de personas que se quedaba de forma permanente, junto con la brevedad de su estancia, hizo menos visibles las falencias del sistema.
Con el cierre de vías regulares hacia EE. UU. y el consecuente alargamiento forzado de las estancias, ese vacío institucional dejó de ser sostenible, puesto que las personas migrantes ahora experimentan directamente la precariedad de un sistema que nunca estuvo diseñado para permanencias largas y que cada vez está más alineado con la lógica de contención estadounidense, desplazando la externalización de la frontera de Estados Unidos hacia el interior del territorio mexicano. Actualmente, lo que observamos con la intensificación de los operativos es la consolidación de ese desplazamiento hacia aquellos puntos del país donde se concentra la población migrante, siendo la Ciudad de México uno de los más representativos.
[1] Este artículo fue elaborado como parte del servicio social en el Programa de Asuntos Migratorios https://prami.ibero.mx/
[2] Para este análisis se recurre al paradigma de la Escuela de Copenhague. Véase Ole Wæver, Barry Buzan y Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998).
[3] Realizado por la autora entre enero y junio de 2026, en el marco de las actividades de servicio social en el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.
Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Paidós.
Calva Sánchez, Luis Enrique, & Torre Cantalapiedra, Eduardo. (2025). La caída de las deportaciones en México: ¿protección de los migrantes o dificultades operativas?. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 71(256). Recuperado de https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/90599/83390
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Universidad Iberoamericana Ciudad de México. (2024). Entre la espera forzada y la esperanza: Los campamentos de personas migrantes y solicitantes de asilo en Ciudad de méxico. Recuperado de https://prami.ibero.mx/wp-content/uploads/2025/05/250515-VF_INFORME_GMFC.pdf
Villarreal Cabello, V. (2026). Plaza de la Soledad: entre la espera y el despojo migrante en Ciudad de México [Tesis de maestría, El Colegio de la Frontera Norte, A.C.]. Recuperado de https://posgrado.colef.mx/tesis/pl20251237/
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
Para mayor información sobre este comunicado llamar a los teléfonos: (55) 59 50 40 00, Ext. 7594, 7759 Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Prol. Paseo de la Reforma 880, edificio F, 1er piso, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219
