PRENSA IBERO
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17 DE MARZO DE 2026
Por: Luis Reyes
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El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX), que documenta la situación de los pueblos y comunidades indígenas frente a la irrupción de proyectos extractivos en México, ha desarrollado durante años un sistema de registro y análisis de conflictos socioambientales, el cual ha evolucionado de una base de datos que usa programas de hojas de cálculo a una plataforma digital que requiere más complejidad.
Para tal fin, las investigadoras Diana Sandoval Perevochtchikova, del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas y Paola Lilí García Alanís, del OCSA, cuentan que acaban de integrar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para acelerar el procesamiento de información de los proyectos extractivos activos para acortar la brecha temporal entre un acontecimiento en territorio y su documentación en el sistema del OCSA.

Señalan que para acelerar la investigación del OCSA la IA procesará grandes volúmenes de información mediática sobre proyectos extractivos en el país. Aclaran que aunque esta tecnología permite analizar cada vez más datos en menos tiempo, cada registro pasa por la aprobación humana que revisa conceptos, fuentes y coherencia de la información antes de ser publicado en el archivo y el mapa interactivo.
Apuntan que la nueva plataforma facilitará el cruce de bases de categorías, permitiendo identificar actores involucrados y tipos concretos de afectaciones, además de analizar las relaciones entre los conflictos socioambientales y fenómenos como la violencia, la criminalización o los mecanismos legales de despojo.
La incorporación de la IA, agregan, también ayudará a visualizar vínculos entre el Estado, las grandes corporaciones y las comunidades, ampliando la comprensión de cómo se desarrollan estos conflictos en el territorio.
Proyectos extractivos producen desfragmentación social
El OCSA sigue documentando las afectaciones ambientales vigentes y este año se cumplen 12 años del derrame de la mina Buenavista del Cobre que derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo cual fue considerado como el peor desastre ambiental minero en México, que afectó a más de 22 mil personas en ocho municipios.
Diana Sandoval Perevochtchikova y Paola Lilí García Alanís señalan que los procesos mineros extractivos no solo producen una afectación ambiental en los territorios, también provocan una profunda desfragmentación social en las comunidades indígenas y rurales.
En el caso específico de la mina Buenavista del Cobre, apuntan que el derrame afectó a la población en su salud, el acceso al agua potable, la agricultura y la ganadería del lugar, lo que puso en evidencia las relaciones de poder que se configuran entre el Estado y las empresas privadas.
A la fecha, las personas afectadas que viven en la región todavía siguen denunciando que no hubo reparación total, además de que los monitoreos ambientales no fueron suficientes y que varios de los compromisos gubernamentales quedaron inconclusos y olvidados y con la pérdida parcial de sus modos de subsistencia.
¿Qué hace el OCSA de la IBERO?
El OCSA visibiliza, reconoce y acompaña los procesos de defensa del territorio y de un medio ambiente sano que encabezan las comunidades frente al avance del modelo extractivista.
Advierte la urgencia de proteger la tierra, el territorio y los recursos naturales ante políticas que priorizan la explotación indiscriminada en nombre del desarrollo económico. Si quiere conocer el mapa interactivo del OCSA en este enlace lo puedes consultar.
Por: Luis Reyes
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