¿Negociar con grupos criminales? Conversatorio IBERO analiza retos para alcanzar la paz

Una de las primeras precisiones de la mesa fue que la justicia transicional es un conjunto de mecanismos destinados a coadyuvar en sociedades que atraviesan o han atravesado periodos de violencia extrema, conflictos armados, dictaduras o violaciones masivas de derechos humanos.

Sus principales componentes son la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas, las garantías de no repetición y la memoria. Las y los participantes insistieron en que estos elementos no constituyen una receta que pueda copiarse de un país a otro, sino herramientas que deben adaptarse a cada realidad.

Coincidieron en que la discusión para alcanzar la paz no puede reducirse a una pregunta moral sobre si “se debe perdonar” o “se debe castigar” a criminales, pues el verdadero problema consiste en definir qué combinación de verdad, justicia, reparación y no repetición puede producir una transformación real.

Otro de los puntos centrales del debate fue reconocer que México no encaja en los modelos clásicos de la justicia transicional porque no hubo una transición de una dictadura a una democracia como en varios países de América Latina. Tampoco existe una guerra civil entre dos bandos claramente identificables como en Colombia o El Salvador.

Los especialistas plantearon que las organizaciones criminales en México representan un fenómeno particularmente complejo: no son solo grupos dedicados al narcotráfico porque están conformadas de redes con estructuras criminales, empresariales y políticas, capaces de ejercer formas de gobernanza sobre territorios y de involucrarse en múltiples actividades ilícitas.

Además del narcotráfico, estas redes pueden estar relacionadas con desapariciones, tortura, ejecuciones, corrupción, delitos contra el acceso a la justicia y otras violaciones graves. Su operación puede ser local, regional, nacional e incluso transnacional.

¿Negociar con grupos criminales?

En uno de los análisis más provocadores del conversatorio se habló sobre la negociación con grupos criminales, lo cual no sería un fenómeno hipotético, ya que en distintas regiones del país hay negociaciones cotidianas entre autoridades, comunidades, organizaciones religiosas, grupos empresariales, familias de personas desaparecidas con organizaciones criminales.

Las y los especialistas detallaron que cuando el Estado no puede proporcionar seguridad, las personas terminan buscando respuestas con quienes controlan la violencia, pero la negociación no siempre significa una mesa formal sino es un intercambio: permisos para circular, acuerdos para evitar ataques, pagos derivados de la extorsión, pactos locales o conversaciones informales para contener la violencia.

También se habló que cada proceso de extorsión en comunidades donde el Estado no puede proteger, implica una negociación como estrategia de supervivencia. Señalaron que no se trata de decidir si el Estado “debe negociar” con criminales sino de preguntarse qué tipo de negociación existe, quién la realiza, bajo qué condiciones, con qué objetivos y quién queda fuera.

Guillermo Valdés sostuvo que no hay las condiciones para implementar en México un proceso de justicia transicional de manera seria, tras argumentar que antes de construir un mecanismo extraordinario, México necesita preguntarse si tiene las instituciones capaces de sostenerlo.

Otros participantes llevaron la discusión más lejos: Si las redes criminales han penetrado instituciones públicas, si existen vínculos entre delincuencia y política y si algunas autoridades están comprometidas con intereses criminales, ¿qué Estado sería el encargado de sentarse a negociar? El problema deja de ser jurídico y se convierte en un problema de poder.

Indicaron que un Estado que no puede investigar, proteger a las víctimas o controlar territorios difícilmente puede presentarse ante una organización criminal como un interlocutor con capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento de un acuerdo.

Por eso, una de las posturas más contundentes del conversatorio planteó que el primer objetivo no tendría que ser necesariamente reducir la violencia de manera inmediata, sino reconstruir el Estado y la reducción de la violencia sería una consecuencia posterior.

Apuntaron que pensar que un acuerdo con grupos criminales podría solucionar por sí mismo el problema, simplemente no lo haría. Sin embargo, el debate permitió identificar dos grandes líneas que atraviesan prácticamente todas las intervenciones:

• La reconstrucción de policías, fiscalías y capacidades de investigación

• La justicia transicional y la construcción de paz tendrían que caminar juntas

• Definir para qué se quiere negociar: ¿se busca reducir homicidios? ¿Obtener información sobre desaparecidos? ¿Desmantelar estructuras? ¿Conseguir reparación para víctimas? ¿Recuperar territorios? ¿Garantizar elecciones?

La discusión también planteó que la paz debe convertirse en un objetivo explícito de la agenda nacional y que México tendría que definir qué tipo de paz quiere construir. No existe una sola idea de paz ni una única herramienta para alcanzarla.

El debate sobre justicia transicional concluyó en reconocer la existencia de las víctimas, garantizar su derecho a la verdad y diseñar mecanismos de justicia y reparación, mientras que la negociación tendría que formar parte de una estrategia mucho más amplia.