Mundial 2026: Informe del PDH IBERO documenta operativos previos a protestas y detenciones con incomunicación

Detener después, revictimizar con el discurso

Detalló que enero de 2026, una movilización contra el alza a la tarifa del transporte público en Jalisco terminó con la detención arbitraria de cuatro personas —dos estudiantes y un padre con su hijo que ni siquiera protestaban— cuando ya se retiraban.

Permanecieron incomunicadas varias horas y enfrentaron carpetas de investigación por portación de armas y delitos contra la salud, pese a ocurrir fuera del contexto de la protesta. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo documentó detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e incomunicación para inhibir la movilización.

El informe registró episodios donde un colectivo de familias buscadoras fue encapsulado en plena jornada pacífica. Uno de sus integrantes fue sometido por el cuello al detenerlo y le arrebataron una manta con la ficha de una persona desaparecida.

En otro caso, señaló que civiles actuando por orden policial retiraron las lonas de una protesta de personas trans y agredieron al periodista que documentaba los hechos.

El organismo también alertó sobre narrativas oficiales que, sin evidencia pública, atribuyen a quienes protestan financiamiento irregular o intenciones de desestabilización: una forma de revictimización que profundiza la estigmatización.

Lo que recomienda el PDH IBERO

El PDH IBERO llamó a reconocer que ninguna circunstancia justifica limitar o criminalizar la protesta, y a prohibir zonas de exclusión, encapsulamientos o despliegues para impedir manifestaciones.

Pidió evitar que las autoridades atribuyan intereses políticos o financiamiento irregular sin evidencia verificable, y crear mecanismos independientes de investigación —con organismos de derechos humanos y colectivos de víctimas— sobre agresiones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

Exigió identificación plena de todo agente en operativos, prohibiendo antimotines o civiles sin identificadores actuando por orden policial, y un mecanismo público de rendición de cuentas con datos desagregados sobre detenciones y uso de armas.

Planteó, finalmente, protocolos con enfoque de derechos humanos que prioricen la mediación sobre la contención, prohíban la detención como forma de disuasión, y mesas de diálogo permanente con organizaciones y colectivos.