Multihomicidio de Atizapán no será el último mientras persista la impunidad: académico IBERO

Las autoridades detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con el crimen. Uno de los señalados mantenía una relación de confianza y negocios con Jonathan, circunstancia que habría utilizado para ingresar al domicilio. Las investigaciones deberán determinar el móvil, las responsabilidades y los antecedentes del caso.

Para el Dr. Heredia, la respuesta relativamente rápida de las autoridades frente a este multihomicidio debe convertirse en la regla y no limitarse a los acontecimientos que adquieren notoriedad por involucrar a una figura pública.

“En casos como éste actúan porque fue muy notable y escandaloso, por la función pública de Jonathan. Pero hay niveles de impunidad altísimos; mucha gente no denuncia porque piensa: ‘¿Para qué?, no van a hacer nada o después van a venir contra mí’”, señaló.

La falta de consecuencias permite que la violencia escale

El académico consideró indispensable esclarecer si existieron denuncias formales o alertas previas relacionadas con las actividades del principal sospechoso. En redes sociales han circulado testimonios que lo señalan por presuntos fraudes vinculados con negocios de alojamiento; sin embargo, corresponde a las autoridades verificar su contenido y establecer si fueron presentados previamente ante alguna fiscalía.

Heredia sostuvo que cuando una conducta posiblemente delictiva no se investiga ni recibe seguimiento, aumenta el riesgo de que los responsables continúen actuando y la violencia alcance consecuencias más graves.

“¿Por qué la policía espera a que pasen las cosas?”, cuestionó. “Hay un hartazgo de la sociedad porque el gobierno no cumple eficazmente su tarea de perseguir el crimen”.

Aclaró que la impunidad no comienza únicamente cuando un homicidio queda sin sentencia. También se construye cuando las personas no confían en las fiscalías, temen represalias, desisten de denunciar o encuentran instituciones incapaces de investigar oportunamente.

“Se ha perdido el temor de Dios”

Desde la ética teológica, Heredia explicó que la crueldad mostrada en Atizapán representa una negación absoluta de la dignidad humana. Una diferencia económica o una disputa entre socios, subrayó, nunca puede justificar el asesinato de una persona y mucho menos la eliminación de quienes no tenían participación alguna en el conflicto.

“Antes se decía que ‘se ha perdido el temor de Dios’. Esto quiere decir que ya no se toma en cuenta el respeto, la dignidad de las personas ni la vulnerabilidad de las víctimas”, explicó.

El profesor recordó una segunda idea central de la tradición cristiana: cada ser humano es imagen de Dios y, por ello, posee una dignidad que nadie puede arrebatarle.

“Desconocen por completo la dignidad de las personas: somos imagen de Dios y cada persona merece respeto”, sostuvo al reflexionar sobre el asesinato de una mujer embarazada, una niña y una trabajadora del hogar, además del músico.

Ese “temor de Dios”, precisó, no debe entenderse solamente como miedo a un castigo religioso, sino como el reconocimiento de un límite moral: ninguna vida puede convertirse en moneda de cambio, obstáculo o instrumento para resolver una disputa.

Cuando una tragedia se convierte en estadística

El caso también muestra que la sociedad mexicana conserva capacidad de indignación, aunque ésta no se distribuya de la misma manera entre todas las víctimas. La trayectoria pública de Jonathan y la violencia ejercida contra una familia dentro de su hogar facilitaron una identificación afectiva que no siempre ocurre ante otros homicidios.

Heredia recordó una frase atribuida a Stalin: “La muerte de una persona es una tragedia; la muerte de un millón es una estadística”.

“Cuando conocemos los detalles de un asesinato nos identificamos fácilmente con esa familia, con ese muchacho o con esa señora. Pero cuando sabemos que son miles y miles de muertos o más de cien mil personas desaparecidas, ¿quién se acuerda de ellos? Muchas veces solamente sus madres, y a ellas también las matan”, lamentó.

La exposición cotidiana a asesinatos, desapariciones y masacres también provoca saturación. Algunas personas, explicó, dejan de consumir noticias como un mecanismo para proteger su salud mental. No necesariamente han perdido la capacidad de sentir, pero la repetición de la violencia puede conducir a la desconexión y, finalmente, a su normalización.

La IBERO analiza la justicia y cuestiona la impunidad

El Dr. Heredia destacó que la Universidad Iberoamericana contribuye a examinar críticamente las causas institucionales de la violencia mediante investigación, formación y trabajo de incidencia. Mencionó, particularmente, los análisis realizados desde la Universidad sobre el funcionamiento de la reforma judicial y sus posibles efectos en la independencia, imparcialidad y eficacia de la justicia.

Esta labor se complementa con el trabajo del Programa de Seguridad Ciudadana, que produce investigación, datos y espacios de discusión sobre seguridad pública, justicia y militarización, así como con las actividades del Programa de Derechos Humanos de la IBERO.

El académico también resaltó la aportación del periodismo para documentar casos que las autoridades no atienden y mantener la exigencia pública de justicia. Recordó el trabajo de periodistas como Héctor de Mauleón y de la egresada IBERO Gabriela Warkentin, quienes han cuestionado al poder y contribuido a visibilizar problemas de violencia e impunidad.

“Los periodistas hacen una labor indispensable cuando dicen la verdad y señalan lo que está pasando. No se trata de querer derribar a un gobierno, sino de exigir que realmente haya una solución al problema de la seguridad”, afirmó.

El reto, añadió, consiste en informar sin reproducir fotografías sangrientas ni transformar el dolor en espectáculo. Una cobertura ética debe explicar los hechos, vigilar la actuación de las autoridades y conservar la dignidad de las víctimas.

Finalmente, Heredia señaló que los derechos humanos deben permitir que las personas vivan libres del miedo: caminar con seguridad, denunciar sin sufrir represalias, recibir atención de las instituciones y acceder a un juicio justo.

El multihomicidio de Atizapán, concluyó, debe sacudir las conciencias, pero también impulsar una exigencia colectiva para que la justicia alcance tanto a los casos de gran notoriedad como a las miles de víctimas cuyos nombres rara vez ocupan los titulares.