PRENSA IBERO
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25 DE MARZO DE 2026
Por: Jorge Luis Cortés
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional

México puede recurrir a tribunales internacionales —incluida la Corte Penal Internacional— para exigir justicia por la muerte de 13 migrantes en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, señaló la** Dra. Virdzhiniya Petrova Georgieva**, académica del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. La especialista explicó que, ante posibles violaciones graves a derechos humanos, el Estado mexicano cuenta con herramientas jurídicas internacionales para reclamar responsabilidad y reparación.
El señalamiento ocurre luego de que el gobierno mexicano informara que 13 connacionales han fallecido en operativos migratorios o bajo custodia de autoridades estadounidenses, hechos que calificó como “inaceptables” y por los cuales ya se han presentado demandas y gestiones diplomáticas para exigir justicia. Las muertes ocurrieron en distintos estados del país y las víctimas tenían entre 19 y 69 años, de acuerdo con autoridades mexicanas. Según la información oficial, seis de los casos estarían relacionados con complicaciones médicas, cuatro con suicidios, dos durante operativos y uno derivado de un tiroteo. Además, el gobierno mexicano ha enviado al menos 14 comunicaciones diplomáticas para exigir investigaciones, mientras que familiares ya han interpuesto dos demandas legales y otros casos se encuentran en análisis jurídico.
De acuerdo con la académica, quien conversó con PRENSA IBERO, el gobierno mexicano puede ejercer la protección diplomática de sus connacionales cuando se hayan agotado los recursos legales internos en Estados Unidos. Este mecanismo permite reclamar la responsabilidad internacional del Estado extranjero y, en casos de violaciones graves, acudir a tribunales internacionales para exigir justicia y reparación del daño.
Entre los derechos que podrían haberse vulnerado se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personales, a no ser detenido arbitrariamente, a no sufrir tratos crueles o inhumanos, así como el derecho a la no discriminación y a recibir asistencia consular. Estos elementos, explicó, pueden configurar escenarios que justifiquen acciones ante instancias internacionales.
Además de las acciones legales internacionales, la Dra. Petrova Georgieva señaló que México puede reforzar la asistencia y protección consular como una vía inmediata de defensa. Esta incluye brindar asesoría jurídica, facilitar el contacto con familiares y abogados, realizar visitas consulares para verificar el trato de las personas detenidas y, en casos de fallecimiento, intervenir en la repatriación de restos y la investigación de los hechos.
¿Qué pueden hacer las familias mexicanas?
Las personas en México que tengan familiares en Estados Unidos y sospechen de abusos pueden acudir directamente a los consulados mexicanos para solicitar asistencia. También pueden documentar posibles violaciones, contactar organizaciones de defensa de migrantes y buscar asesoría legal especializad, recordó la especialista.
La académica explicó que, si los recursos legales en Estados Unidos se agotan, las familias pueden solicitar al gobierno mexicano que evalúe ejercer protección diplomática, una medida que puede escalar el caso a instancias internacionales.
Estos casos, subrayó la Dra. Petrova Georgieva, evidencian la importancia de formar abogadas y abogados con perspectiva internacional y de derechos humanos. Por ello, la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana integra en sus planes académicos el estudio del derecho internacional, la migración y la protección de derechos humanos.
El análisis de casos reales, como las violaciones de derechos en operativos migratorios, permite al estudiantado desarrollar habilidades de defensa jurídica y diseñar estrategias legales para proteger a personas migrantes y exigir justicia en escenarios internacionales.
La académica concluyó que el contexto actual exige profesionistas del derecho capaces de actuar más allá de las fronteras nacionales y de utilizar mecanismos internacionales para defender los derechos humanos de las personas migrantes.
Por: Jorge Luis Cortés
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