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PRENSA IBERO
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• Entre 2020 y 2024, cerca de 6 mil 800 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones • Alrededor de 7 mil 900 desaparecidos entre 2019 y 2024 seguían sin ser localizados • Especialistas de la IBERO, El Colegio de México y el CIESAS advierten que la prevención exige reconocer a las infancias reclutadas como víctimas • Piden investigar las redes digitales de captación y construir alternativas de identidad, pertenencia y protección
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Reportero de la IBERO

México enfrenta una de las expresiones más graves y menos reconocidas de la violencia: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales, un fenómeno que se extiende por territorios rurales y urbanos, utiliza las redes sociales para captar a jóvenes y carece de un registro oficial que permita conocer su verdadera magnitud.
De acuerdo con el cuadernillo Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX)
El documento sistematiza las aportaciones de Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Alejandra Arias Vásquez, del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, y Marisol Ochoa Elizondo, académica del Departamento de Historia de la IBERO. La sesión fue moderada por Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de esta universidad.
Entre 2020 y 2024, en México se registraron 6 mil 837 defunciones por agresiones de personas de cero a 17 años. A esta cifra se suman 7 mil 941 niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre 2019 y 2024 que todavía no habían sido localizados en septiembre de 2025.
Estas cifras no significan que todas las víctimas hayan sido reclutadas por el crimen organizado. Sin embargo, constituyen indicadores de la dimensión de una violencia cuyo vínculo con la captación criminal todavía no puede medirse con precisión.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba, al 8 de junio de 2026, 126 mil 524 niñas, niños y adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos o no localizados en algún momento; de ellos, 18 mil 104 continuaban sin ser localizados. Siete de cada diez tenían entre 12 y 17 años al momento de su desaparición.
Para las especialistas, el problema no puede comprenderse como un acto aislado. Se trata de un proceso que puede comenzar con una invitación, una relación de confianza o una falsa oferta de empleo, continuar con el traslado y la pérdida de contacto con la familia y terminar en explotación, prisión o muerte.
El cuadernillo recupera una estimación de REDIM según la cual entre 388 y mil 84 adolescentes estaban privados de la libertad en 2024 por delitos asociados con la delincuencia organizada. La organización también estimó que el número de adolescentes probablemente reclutados aumentó 20.6 por ciento entre 2023 y 2024.
La captación ya no depende exclusivamente de la presencia de reclutadores en las comunidades o en las centrales de autobuses. Las redes sociales permiten contactar a adolescentes a distancia, aprovechar sus intereses y presentar la incorporación a grupos criminales como una oportunidad económica o una forma de reconocimiento.
Una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México analizó 100 cuentas activas de TikTok y encontró que 54.3 por ciento estaban vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, 47 por ciento tenía como función principal el reclutamiento y 31 por ciento la propaganda.
Otro estudio, coordinado por Arias Vásquez, identificó tres narrativas de captación: ofertas explícitas para incorporarse a grupos criminales; contenidos musicales que generan conexión emocional y propician invitaciones en los comentarios, y publicaciones que exaltan armas, vehículos y estilos de vida asociados con la violencia.
En uno de los videos analizados se registraron 868 comentarios solicitando información para ser reclutado.
Las publicaciones pueden prometer salarios elevados, alojamiento, alimentación, capacitación y gastos de traslado. En ocasiones, los mensajes son explícitos sobre la afiliación criminal; en otras, la captación comienza mediante vínculos entre amistades, conocidos o familiares.
La investigación también identificó diferencias en la moderación de contenidos: mientras TikTok reportaba retirar proactivamente 96.6 por ciento del contenido que infringía sus normas sobre conducta criminal y violenta a escala global, en México la proporción era de 34.2 por ciento.
Para las especialistas, estas dinámicas evidencian que las plataformas digitales de uso cotidiano también pueden convertirse en espacios de captación, por lo que se requieren diagnósticos permanentes y mecanismos eficaces de detección y prevención.
Aunque la desigualdad y la precariedad incrementan la vulnerabilidad, las investigadoras advierten que el reclutamiento no ocurre únicamente en hogares pobres ni en familias sin supervisión adulta.
La violencia familiar, el abandono escolar, la falta de oportunidades, la exposición cotidiana a actividades criminales y la ausencia de vínculos afectivos sólidos pueden incrementar los riesgos. Sin embargo, incluso adolescentes que estudian y cuentan con familias presentes pueden ser captados.
El mecanismo puede comenzar con pequeñas gratificaciones, dinero, acceso a videojuegos o promesas de protección. Después, las organizaciones construyen relaciones de dependencia e incorporan gradualmente a las personas menores de edad a distintas tareas.
Azaola destacó que la necesidad de identidad, pertenencia y reconocimiento durante la adolescencia puede ser aprovechada por los grupos criminales. No se trata necesariamente de que las infancias aspiren a convertirse en líderes delictivos, sino de que buscan aceptación, reconocimiento y posibilidades de futuro en entornos donde las alternativas parecen limitadas.
Ochoa, por su parte, subrayó que la captación responde a necesidades operativas y territoriales de las organizaciones. Las funciones asignadas pueden ir desde la vigilancia y el traslado de mercancías hasta la participación en enfrentamientos. En esa lógica, niñas, niños y adolescentes son utilizados como recursos para sostener economías ilegales y disputas territoriales.
Uno de los principales obstáculos para enfrentar el problema es la ausencia de una respuesta integral del Estado. El cuadernillo advierte que México carece de un registro oficial específico del reclutamiento y de un tipo penal autónomo federal que permita reconocer y perseguir adecuadamente esta conducta.
El 5 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para agravar las penas por corrupción de menores cuando tenga como finalidad incorporarlos a la delincuencia organizada. La minuta, de acuerdo con el documento, permanecía pendiente de dictamen en el Senado al cierre del cuadernillo.
En el ámbito estatal, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes y Jalisco habían aprobado disposiciones penales relacionadas con el reclutamiento, aunque con alcances distintos.
Las especialistas plantean que la respuesta no debe limitarse a detener y encarcelar integrantes de las organizaciones. Es indispensable investigar la captación, proteger a las víctimas y establecer mecanismos de desvinculación y reintegración para adolescentes que han sido utilizados por grupos criminales.
El documento también retoma una investigación que modeló la dinámica de las organizaciones criminales en México. Según ese estudio, reducir a la mitad el reclutamiento podría disminuir 25 por ciento las muertes semanales vinculadas con esos grupos, mientras que duplicar la capacidad de detención no evitaría que las organizaciones buscaran reemplazar a sus integrantes.
El Programa de Seguridad Ciudadana propone avanzar en cuatro ejes: reconocer y medir el fenómeno; prevenir la captación; fortalecer la protección y la atención de las víctimas, y construir rutas de desvinculación y reintegración.
Entre las acciones necesarias están crear un registro oficial, cruzar información sobre homicidios, desapariciones y justicia para adolescentes, investigar las modalidades de reclutamiento digital y escuchar directamente a niñas, niños y adolescentes mediante instrumentos sistemáticos en las escuelas.
También se requiere capacitar a familias, docentes y autoridades para reconocer señales de captación, fortalecer las políticas de protección de la infancia y exigir a las plataformas digitales una respuesta más eficaz frente a los contenidos de reclutamiento.
La discusión de Aula en Acción concluye que las organizaciones criminales han aprendido a explotar necesidades humanas básicas —identidad, pertenencia, reconocimiento y cuidado— que las instituciones no siempre consiguen atender.
Por ello, combatir el reclutamiento implica mucho más que responder a los delitos consumados: exige impedir que las infancias sean captadas, reconocerlas como víctimas cuando han sido utilizadas y garantizar condiciones para reconstruir sus proyectos de vida.
La sexta sesión de Aula en Acción se realizó el 9 de septiembre de 2026, en el marco de las actividades del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO CDMX.
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