Más de medio millón de hogares en México reportan desplazamiento por violencia; PDH IBERO pide pasar de medirlo a atenderlo

La Encuesta Intercensal 2025 incorporó una pregunta específica sobre desplazamiento forzado interno, lo que permite contar con información nacional sobre un fenómeno que anteriormente se documentaba de manera fragmentaria. El INEGI señala que el levantamiento se realizó entre octubre y noviembre de 2025 y que sus resultados están concebidos, entre otros fines, como insumo para el diseño y evaluación de políticas públicas. I 

Para el Programa de Derechos Humanos de la IBERO, esta nueva información representa una oportunidad para que el país pase de medir el desplazamiento interno a diseñar mecanismos concretos para atenderlo. 

“Estamos ante una oportunidad histórica de pasar de medir el desplazamiento interno a atenderlo. El reconocimiento es el primer paso; lo que sigue debe ser garantizar presupuesto, instrumentos, políticas públicas, estrategias de prevención y rutas de atención”, señala el pronunciamiento. 

Violencia no es la única causa del desplazamiento 

El análisis también advierte que no todos los desplazamientos internos están relacionados con la violencia. 

De acuerdo con la información revisada por el PDH, 151 mil 852 hogares, equivalentes al 0.38% del total nacional, reportaron desplazamiento relacionado con catástrofes naturales o de origen humano. 

En Guerrero, por ejemplo, este tipo de desplazamiento alcanzó al 2.12% de los hogares, mientras que en Tabasco representó 0.99%. 

En contraste, los porcentajes más elevados de hogares que reportaron desplazamiento relacionado con inseguridad o violencia se localizaron en Zacatecas, con 2.15%; Morelos, con 2.11%; Colima, con 1.99%; Querétaro, con 1.98%, y Michoacán, con 1.96%. 

El Programa señaló que ambas realidades requieren atención, aunque las respuestas públicas deben considerar las distintas causas y características de los desplazamientos. 

662 municipios concentran 93.3% de los hogares afectados 

Uno de los hallazgos que destaca el pronunciamiento es la concentración territorial del fenómeno. 

Según el análisis del PDH, en 662 municipios se concentra el 93.3% de los hogares que informaron que al menos uno de sus integrantes se desplazó por inseguridad delictiva o violencia. 

En números absolutos sobresalen León, Guanajuato; Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California. 

Las proporciones más elevadas aparecen, sin embargo, en algunos municipios rurales. En Chicomuselo, Chiapas, casi uno de cada cuatro hogares —24%— reportó desplazamiento por esta causa. 

Le siguen Tumbiscatío, Michoacán, con 16.4%; Tepalcatepec, también en Michoacán, con 12.2%, y Amatenango de la Frontera, Chiapas, con 11.7%. 

El Programa puntualizó que estos resultados deben interpretarse con cautela, pues la encuesta registra el lugar en el que actualmente residen los hogares, no necesariamente el territorio desde el que fueron expulsados. 

Por esa razón, entidades como Estado de México, Ciudad de México y Jalisco aparecen como importantes lugares de acogida de familias en las que alguna persona experimentó desplazamiento. 

Un desplazamiento que muchas veces no llega a los registros 

Para el PDH, la nueva medición permite observar una dimensión del fenómeno que difícilmente puede reconstruirse únicamente con casos registrados por autoridades, organizaciones o medios de comunicación. 

El Programa habla de un “desplazamiento silencioso, familia por familia”, que muchas veces ocurre sin quedar documentado públicamente. 

Por ello considera necesario complementar la Encuesta Intercensal con instrumentos que permitan conocer con mayor precisión los lugares de origen y destino, las causas, las trayectorias y las necesidades específicas de las personas desplazadas. 

IBERO plantea registro nacional y retomar una ley pendiente 

Ante los resultados, el Programa de Derechos Humanos propone establecer una mesa de diálogo entre autoridades federales, estatales y municipales, INEGI, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos públicos de derechos humanos y personas desplazadas, con el objetivo de analizar la información y definir prioridades. 

También plantea mantener la pregunta sobre desplazamiento en futuros ejercicios estadísticos, desarrollar instrumentos complementarios y crear un registro nacional de personas desplazadas, independiente de la medición estadística, que permita activar mecanismos de atención, protección, reparación y seguimiento. 

Otra de sus propuestas es retomar el proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. La Cámara de Diputados aprobó ese proyecto el 29 de septiembre de 2020, con 395 votos a favor, y lo turnó al Senado.

El PDH sostiene además que cualquier política deberá contar con recursos presupuestales suficientes y considerar factores como edad, género, pertenencia indígena, discapacidad, ruralidad y otras condiciones que puedan producir necesidades específicas. 

Para el Programa, disponer por primera vez de información nacional abre la posibilidad de convertir los datos en una política pública de prevención y atención. 

“El reconocimiento es el primer paso”, concluye el pronunciamiento, al señalar que el desafío ahora consiste en generar las condiciones para que las familias obligadas a abandonar sus hogares cuenten con una respuesta institucional.