PRENSA IBERO
• 10% de niñas y niños de 13 a 15 años habría reportado contacto de grupos criminales en México • El Dr. Irving Rosales advierte que prohibir el trabajo infantil sin modificar pobreza y oportunidades puede generar consecuencias no previstas • Más de 300 mil niñas, niños y adolescentes tendrían a su madre o padre en prisión, advirtió la Dra. Corina Giacomello • Una política aplicada durante la infancia puede afectar escolaridad, ingresos futuros e incluso oportunidades de la siguiente generación.
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Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: mariana.dominguez@ibero.mx
Uno de cada 10 niñas y niños de entre 13 y 15 años habría reportado haber sido contactado por grupos criminales en México, mientras que más de 30 mil menores estarían involucrados en alguna forma de crimen organizado, de acuerdo con cifras presentadas durante una mesa de análisis sobre políticas públicas e infancias en la Universidad Iberoamericana.
Los datos fueron señalados en la exposición del Dr. Irving Rosales, académico del Departamento de Economía
La Cátedra, que se desarrolla del 1 al 4 de septiembre de 2026, reúne a especialistas de la Universidad Iberoamericana y la Università degli Studi di Milano-Bicocca para analizar las condiciones que pueden ampliar o restringir las oportunidades de niñas, niños y adolescentes.
En ese contexto, Rosales planteó que en situaciones de pobreza e instituciones débiles el dilema que enfrentan algunas familias puede ser mucho más complejo que elegir entre escuela o trabajo: también existe la posibilidad de que niñas y niños terminen incorporándose a actividades ilegales.
Rosales advirtió que las políticas destinadas a restringir el trabajo infantil pueden tener efectos contraproducentes si únicamente actúan sobre las empresas que contratan menores, pero no modifican las condiciones que llevan a una familia a depender de esos ingresos.
Puso como ejemplo el caso de Bangladesh, donde en la década de 1990 decenas de miles de menores fueron despedidos de la industria textil después de presiones internacionales contra el trabajo infantil. Años después, explicó, estudios encontraron que muchos no regresaron a la escuela y terminaron en actividades aún más riesgosas.
“Tenemos una responsabilidad muy fuerte en políticas públicas porque estamos incidiendo sobre seres humanos y cuando incidimos en etapas tempranas estamos cambiando la trayectoria de vida de las personas”, sostuvo.
Su modelo teórico identifica dos factores decisivos: la calidad de la educación, que determina si estudiar representa una posibilidad real de mejores ingresos futuros, y la fortaleza del Estado de derecho, que incide en qué tan rentable puede resultar una actividad ilegal frente al trabajo.
El economista señaló que una política mal diseñada no sólo puede modificar la vida inmediata de una niña o un niño, sino afectar su escolaridad, capital humano, ingresos futuros e incluso las oportunidades de su descendencia.
“Las trayectorias no están escritas de antemano, están determinadas por el entorno institucional”, afirmó.
Por ello, planteó que fortalecer la educación y las instituciones puede ser más efectivo que concentrar la política exclusivamente en prohibiciones.
La mesa mostró otros factores que atraviesan la vida de las infancias. La Dra. Corina Giacomello, profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y especialista en sistema penitenciario, género y derechos de la niñez, estimó que más de 300 mil niñas, niños y adolescentes en México tienen a su madre o padre en prisión, una cifra que consideró conservadora.
A partir de investigación empírica con personas privadas de la libertad, familiares y jóvenes de distintos países de América Latina, advirtió que el encarcelamiento puede modificar los arreglos de cuidado, los ingresos, la convivencia familiar y la trayectoria escolar, además de exponer a hijas e hijos al estigma social.
Por su parte, la Dra. Laura Pedraza, del Centro de Estudios Críticos de Género de la IBERO (Cecrige), mostró que las desigualdades también aparecen dentro de los hogares: 45.9% de las mujeres cuidadoras consultadas dijo sentirse frecuentemente o siempre como la única responsable del bienestar de las personas que cuida, frente a 28.7% de los hombres.
La Dra. Fernanda Cobo Armijo, profesora del Departamento de Derecho, añadió otro eslabón: el derecho a la alimentación infantil depende también del acceso a salud, agua, educación, información y condiciones adecuadas de cuidado.
Advirtió que México cuenta con leyes y normas para proteger ese derecho, pero algunas presentan rezagos de actualización o carecen todavía de mecanismos para hacerse efectivas.
El encuentro pone sobre la mesa cómo factores como el trabajo infantil, la educación, el encarcelamiento de familiares, los cuidados y la alimentación se entrecruzan en la vida de niñas, niños y adolescentes. El mensaje común de las y los especialistas es que las políticas públicas no pueden abordar estos problemas de manera aislada, pues cada decisión puede abrir oportunidades o cerrar caminos enteros en sus trayectorias de vida.
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