PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- Un informe del Programa de Derechos Humanos de la IBERO documenta que huyen por violencia relacionada con crimen organizado
- Advierte que el uso creciente de explosivos, drones y minas agrava los impactos humanitarios y dificulta el retorno seguro de las comunidades afectadas
- Señala que entidades como Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentran la mayor cantidad de casos
El Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana (IBERO) documentó al menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos durante 2025 en 11 estados del país, en el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”.
El estudio identificó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada a la criminalidad organizada, mientras que entidades como Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor cantidad de casos.
Durante la presentación, las investigadoras del PDH IBERO Agnes Jiménez, Suelem Luna y Janette Carrillo alertaron sobre el incremento en el uso de explosivos, drones y minas antipersona, factores que han profundizado los riesgos para las comunidades afectadas y deteriorado sus condiciones de vida.
Explicaron que el documento fue elaborado a partir de un monitoreo nacional de medios de comunicación y busca aportar evidencia para el diseño de políticas públicas y respuestas institucionales frente al desplazamiento interno en México.
En su exposición, señalaron que el análisis evidenció que el fenómeno continúa expandiéndose territorialmente y afecta derechos fundamentales como la seguridad, la vivienda, la salud y el acceso a medios de vida.
Destacaron que Sinaloa registró el 39.2% de los eventos documentados, seguido de Chihuahua con 28.4% y Michoacán con 21.3%, lo que refleja una fuerte concentración regional vinculada a contextos de violencia armada y disputas criminales.
Las investigadoras subrayaron que muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares de forma repentina para salvaguardar su integridad física frente a amenazas directas, enfrentamientos armados o control territorial por parte de grupos criminales.
Otro de los hallazgos más relevantes, apuntaron, fue la identificación de nuevas dinámicas de violencia asociadas al uso de explosivos, drones y minas antipersona.
Estas prácticas han incrementado el impacto humanitario del desplazamiento interno, ya que dificultan el retorno seguro de las comunidades y afectan actividades económicas, educativas y sociales en las zonas de origen.
También, señalaron que estas condiciones profundizan la vulnerabilidad de las personas desplazadas y generan afectaciones prolongadas en los territorios afectados.
Durante la presentación se reconoció como avance relevante la incorporación de una pregunta sobre desplazamiento interno en la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.
Sin embargo, acotaron que todavía hay importantes desafíos institucionales para atender el fenómeno, entre ellos la necesidad de crear una ley general sobre desplazamiento interno, construir un registro nacional articulado y fortalecer mecanismos de prevención, atención y reparación integral.
En el evento participaron Daniel Macguire, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Flor Estela Morales Hernández, titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca; e Iris Martínez Cepeda, defensora de derechos humanos y personas desplazadas de San Juan Copala, Oaxaca.
Coincidieron en la urgencia de fortalecer la coordinación entre municipios, estados y federación para garantizar respuestas integrales y soluciones duraderas para las personas desplazadas.
Al cierre de la presentación, las investigadoras del PDH IBERO enfatizaron que el desplazamiento interno continúa siendo un fenómeno subregistrado y poco visibilizado en México, pese a sus profundas consecuencias sociales y humanitarias.
“Lo que no se nombra no existe y lo que no se contabiliza no se puede atender”, concluyeron al hacer un llamado a reconocer oficialmente la dimensión del problema y avanzar hacia políticas públicas integrales basadas en evidencia.