Más de 133 mil desaparecidos y menos de 1% de casos sancionados; sin justicia no hay paz en México: Rector IBERO

Impunidad y militarización: dos obstáculos para la paz

Arriaga señaló que el 93% de los delitos no se denuncia en México y que, de aquellos que sí llegan a fiscalías o ministerios públicos, apenas 0.77% termina en una sanción efectiva, de acuerdo con datos citados durante su exposición.

Añadió que el país acumula más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras que en 2025 registró 27 mil 989 homicidios, una reducción respecto al año anterior que, dijo, sigue representando decenas de miles de vidas perdidas.

El Rector cuestionó además la estrategia de militarización de la seguridad pública iniciada en 2006. Retomando planteamientos del académico IBERO Ernesto López Portillo, Director del Programa de Seguridad Ciudadana, advirtió que sustituir progresivamente policías civiles por fuerzas armadas debilita controles de legalidad, reduce contrapesos y excluye a las comunidades de decisiones que afectan directamente sus territorios.

“No hay paz posible mientras sigamos tratando el despliegue de la fuerza como una solución técnica, en lugar de mirar la reconstrucción institucional como el corazón mismo del problema”, planteó.

Sin verdad, reparación y memoria no hay justicia

Arriaga insistió en que la construcción de paz exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, especialmente para víctimas de desaparición, tortura y otras violaciones graves a derechos humanos.

Recordó su experiencia en litigios ante el Sistema Interamericano y subrayó que no basta con sancionar a quienes ejecutaron una violación si quedan fuera quienes dieron las órdenes, ni con reparar a las víctimas si las instituciones siguen permitiendo que los hechos se repitan.

Para el Rector, la justicia también implica preguntarse quién puede participar como igual en la sociedad, quién es escuchado y quién continúa siendo tratado como interlocutor de segunda categoría.

La universidad debe intervenir en la realidad

En su conferencia, Arriaga sostuvo que educar para la paz no consiste únicamente en incorporar contenidos en los planes de estudio, sino en formar personas capaces de escuchar, cuestionar desigualdades, dialogar con la diferencia y actuar frente a las violencias.

“La educación ignaciana concibe al ser humano como cocreador del mundo, no como receptor pasivo de conocimiento”, explicó.

Como ejemplos citó el Reconciliab, Laboratorio para la Paz con Reconciliación del Sistema Universitario Jesuita, surgido después del asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la Sierra Tarahumara, así como el trabajo del Programa de Derechos Humanos de la IBERO con familiares de personas desaparecidas.

Ese, dijo, es el tipo de universidad que exige la tradición jesuita: “una que construya confianza en el territorio, escuche antes de proponer y acompañe procesos que no le pertenecen, sino que le son confiados para cuidarlos”.

México y Colombia frente a un nuevo dilema

El seminario forma parte de un proyecto binacional de investigación sobre experiencias de educación para la paz en territorios afectados por el conflicto en México y Colombia, impulsado por la IBERO y la Pontificia Universidad Javeriana, junto con otras instituciones de ambos países.

Arriaga cerró con dos preguntas que colocan el debate más allá del ámbito universitario: si los enfoques tradicionales de construcción de paz bastan para enfrentar redes macrocriminales vinculadas al narcotráfico y si la justicia transicional sigue siendo adecuada cuando la violencia ya no tiene una transición claramente delimitada.

México, señaló, puede aprender de la justicia transicional, la Comisión de la Verdad y los acuerdos de paz colombianos; pero ambos países enfrentan un desafío común: impedir que los mecanismos extraordinarios se normalicen y terminen convirtiéndose en refugio de la impunidad.

“La esperanza es un principio de intervención y cambio”, concluyó. “La tarea es ahora”.