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PRENSA IBERO
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• Investigación identifica estructura legal de concentración que favorece a poderosos. • La crisis hídrica no puede explicarse sólo por sequía, consumo doméstico o falta de infraestructura. • Los hallazgos tienen vigencia para debates públicos y legislativos sobre leyes y regulación del agua.
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Mientras millones de personas enfrentan escasez, tandeos, contaminación o dependencia de pipas, 1.1% de los usuarios del agua en México concentra 22.3% del total de agua concesionada para uso consuntivo. La cifra forma parte de una investigación del Mtro. Wilfrido Gómez Arias, académico del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que pone el foco en una dimensión poco visible de la crisis hídrica: la desigualdad en la distribución legal del agua mediante el régimen de concesiones.
El estudio identifica a 3,304 grandes usuarios privados, denominados por la investigación como “millonarios del agua”
Esa denominación no es una metáfora ni un apodo: responde a un criterio empírico verificable basado en el volumen concesionado. Para dimensionar la escala, 1 hm³/año equivale aproximadamente a las necesidades domésticas de más de 6,000 familias o más de 20,000 personas durante un año.
La investigación sostiene que las explicaciones habituales sobre la crisis hídrica (clima, sequía, ciclos naturales, consumo doméstico, crecimiento urbano o falta de infraestructura) resultan incompletas si dejan fuera la estructura legal que permite concentrar grandes volúmenes del recurso.
El origen del proyecto se remonta a 2020 y se ha mantenido vigente por la relevancia de sus hallazgos para el debate público, particularmente durante las discusiones sobre las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Agua ocurridas en 2025.
La evidencia proviene del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), una plataforma administrativa pública que contiene información sobre títulos, usuarios, volúmenes, usos y ubicaciones, pero cuyos datos (por sus características técnicas y dispersión) dificultan que una persona, comunidad, autoridad municipal o periodista pueda identificar patrones como es la concentración de concesiones.
El proyecto buscó precisamente abrir esa “caja negra”: descargar, depurar, clasificar y analizar los registros para convertir cientos de miles de datos administrativos en información comprensible y verificable.
La dimensión de la concentración se hace visible al ordenar los datos nacionales. De 514,684 títulos y permisos, distribuidos entre 361,600 usuarios, se identificaron 298,292 usuarios de uso consuntivo, es decir, aquellos casos en los que el agua se extrae y no se devuelve, o se devuelve contaminada.
De ese universo, únicamente 6,247 usuarios con concesiones de 1 hm³/año o más concentraban 61.4% del agua concesionada. Al separar grandes usuarios públicos y sociales de grandes usuarios privados, la investigación identificó a los 3,304 “millonarios del agua”: 966 empresas, 1,537 personas físicas y 801 asociaciones civiles, con consumos de 13,208 hm³/año.
El resultado coloca una pregunta fundamental en el centro de la conversación pública: en un país donde el acceso al agua está marcado por profundas desigualdades, ¿quién tiene capacidad real para extraer, acumular, transferir y defender jurídicamente grandes volúmenes del recurso?
El análisis también desarrolló una tipología de mecanismos legales de concentración. De acuerdo con sus hallazgos, el diseño actual de la administración del agua permite al sector privado concentrar legalmente el recurso mediante tres vías:
Acceder a una sola concesión con grandes volúmenes.
Acumular distintas concesiones con diversos usos y volúmenes.
Distribuir concesiones entre parientes, socios o prestanombres.
Este hallazgo adquiere especial relevancia frente a los cambios legislativos y regulatorios, pues, de acuerdo con la investigación, no bastaría con prohibir determinadas transmisiones o incrementar sanciones si el diseño estructural continúa permitiendo concentraciones mediante el mismo sistema de concesiones.
La concentración no se limita a una estadística nacional. Los grandes usuarios identificados tienen presencia territorial en 99 de los 115 acuíferos sobreexplotados registrados al 2020.
El universo incluye actores vinculados con agroindustria, minería, fabricación de papel, embotelladoras de refresco, cerveza y agua, plantas automotrices, acereras, hoteles, bancos y asociaciones civiles con fines o efectos privados.
“El proyecto plantea que hablar de disponibilidad del agua no es suficiente. También resulta necesario analizar cómo se distribuye legalmente, quién puede acceder a grandes volúmenes y qué relaciones de poder se construyen alrededor de las concesiones.”
— Mtro. Wilfrido Gómez Arias, Universidad Iberoamericana.
Para llegar a estos resultados, la investigación combinó investigación social crítica y ciencia de datos. El REPDA fue descargado y procesado mediante herramientas estadísticas en R, programa de código abierto utilizado para gestionar grandes volúmenes de información e identificar patrones.
El análisis se concentró en usuarios de usos consuntivos, estableció el umbral de 1 hm³/año por usuario para identificar a los grandes consumidores, clasificó a los titulares por origen público, social y privado, y examinó usos, volúmenes y patrones territoriales, incluida su relación con acuíferos sobreexplotados. Así, una base administrativa pública pero difícil de interpretar se convirtió en una radiografía nacional de la concentración del recurso.
Una aportación del proyecto sería traer al debate relaciones entre problemas que no suelen tocarse cuando se habla de crisis hídrica: cuánta agua hay disponible y quién tiene legalmente acceso a ella, cuánto puede concentrar y bajo qué reglas.
En un país donde la escasez pareciera explicarse tan sólo mirando al cielo (la falta de lluvia, las sequías o el cambio climático), los datos del estudio obligan a mirar también hacia otro lugar: el diseño legal que determina quién puede tener el agua en sus manos.
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