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• La propuesta podría incentivar la autocensura en los medios, señala la Dra. Grisel Salazar, Académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx
El contexto de debilitamiento institucional y la falta de autonomía del órgano regulador generan dudas sobre el uso de la propuesta para los nuevos lineamientos de audiencias, advirtió la Dra. Grisel Salazar, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (IBERO)
La especialista quien ha explorado las narrativas mediáticas, institucionales y sociales en el ámbito de la política pública, consideró que la propuesta para defender los derechos de las audiencias resulta insuficiente para combatir la desinformación y podrían derivar en incentivos para la autocensura en los medios.
Señaló que los objetivos declarados de los lineamientos como el garantizar información verificada, proteger los derechos de las audiencias y combatir la desinformación son principios con los que hay un amplio consenso. Sin embargo, sostuvo que esos propósitos deben analizarse en el contexto institucional.
Desde su perspectiva, uno de los principales focos de preocupación es el debilitamiento de los organismos autónomos en los últimos años, particularmente tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que modificó el contexto político para cualquier nueva regulación en materia de medios.
A ello sumó la integración de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuya independencia e imparcialidad puede resultar insuficientemente acreditada cuando los defensores de las audiencias de los medios de radio o televisión fallen en su labor y sea esta comisión la que tenga la última palabra.
La CRT no es un órgano constitucional autónomo, como lo era el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La nueva ley la creó como un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo federal, aunque la ley reconoce autonomía técnica y de gestión para ejercer funciones regulatorias.
La especialista sostuvo que el debate no debe concentrarse únicamente en las sanciones previstas en los lineamientos, sino en la facultad que tendría la autoridad reguladora para intervenir cuando existan controversias relacionadas con los derechos de las audiencias. A su juicio, el problema central es quién fungirá como árbitro y cuáles serán las garantías de imparcialidad en sus decisiones.
Otro elemento relevante, consideró, son los antecedentes de los procesos de consulta pública, pues señaló que experiencias previas como parlamentos abiertos y otros mecanismos de participación, han dejado la percepción de que las observaciones de especialistas rara vez se incorporan a los documentos finales, por lo que hay dudas sobre la efectividad de la consulta pública anunciada para estos lineamientos.
La investigadora también cuestionó que la preocupación gubernamental por proteger a las audiencias no vaya acompañada de una política más amplia de fortalecimiento de la libertad de expresión y de protección a periodistas.
En ese sentido, mencionó como antecedentes el debilitamiento de instituciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información, así como el ambiente que enfrentan los medios críticos.
Apuntó que los lineamientos llegan desfasados respecto al ecosistema informativo actual, pues la propuesta se concentra en radio y televisión, mientras que buena parte de la información y de la desinformación circula hoy en plataformas digitales y redes sociales, espacios que quedan fuera del alcance de la regulación.
Planteó que fenómenos como las conferencias matutinas de la Presidencia representan un nuevo tipo de instrumento de comunicación política que tampoco encuentra una definición clara dentro del marco normativo vigente.
La especialista advirtió que, aunque formalmente las sanciones recaerían sobre los concesionarios y no directamente sobre periodistas, podría generarse un efecto indirecto.
En su opinión, la posibilidad de revisiones o sanciones incentivaría que las propias empresas adopten medidas preventivas sobre sus contenidos, reduciendo espacios para el periodismo de investigación o promoviendo la autocensura para evitar conflictos con la autoridad.
Consideró que las herramientas planteadas como la obligación de contar con defensores de las audiencias, códigos de ética o etiquetas para distinguir opinión de información no representan medidas novedosas ni suficientes para enfrentar la desinformación.
Finalmente, sostuvo que el desafío pasa por fortalecer la alfabetización digital de las audiencias y fomentar capacidades críticas.
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