PRENSA IBERO
• El Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho, señaló que las presiones a la libertad de expresión ya no llegan únicamente mediante prohibiciones: litigios, manejo presupuestal, estigmatización, normas ambiguas y algoritmos pueden producir efectos inhibidores
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx
Las amenazas a la libertad de expresión han cambiado y el Derecho enfrenta el reto de responder a mecanismos de presión que ya no necesariamente se presentan como una prohibición abierta, advirtió el Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, durante las conclusiones del seminario Derecho y comunicación en la era digital: plataformas, libertades y democracia
Luego de dos jornadas de discusión entre especialistas del Derecho, la comunicación, el periodismo y la tecnología, Ortega resumió uno de los principales desafíos identificados durante el encuentro: actualmente no existe un sólo tipo de amenaza a la libertad de expresión, sino un entramado en el que confluyen transformaciones políticas, tecnológicas e informativas.
El académico mencionó entre estos factores el debilitamiento de contrapesos democráticos, la irrupción de las redes sociales, la desinformación, la inteligencia artificial y la transformación de los medios y de los ecosistemas informativos. También planteó una pregunta que atraviesa muchos de los dilemas actuales: ¿qué significa hoy la veracidad?
El planteamiento profundizó las discusiones desarrolladas previamente durante el seminario, en las que Ortega había señalado que las presiones al periodismo pueden provenir del poder político, actores privados, grupos criminales y herramientas jurídicas o digitales capaces de inhibir la libertad de expresión.
Para el Director de Derecho IBERO, detrás de esta complejidad existe además un problema más elemental: una tolerancia cada vez menor frente a la crítica.
“La censura ha aprendido a ser creativa y eso debería asustarnos”, expresó.
Ortega explicó que la censura contemporánea ya no necesariamente aparece mediante una orden que prohíbe publicar o expresarse. Puede manifestarse, dijo, a través de litigios que desgastan e inhiben al periodismo, del uso del presupuesto para premiar o castigar, de la estigmatización proveniente del poder político o económico, de normas ambiguas capaces de provocar autocensura e incluso de algoritmos que determinan qué contenidos llegan a las personas.
A estas formas se suma la expresión más violenta del problema: las agresiones y asesinatos de periodistas, recordó el académico.
La diversidad de mecanismos, sostuvo, vuelve especialmente complicado responder a las amenazas actuales utilizando categorías jurídicas construidas para otros momentos históricos. De ahí que planteara un desafío particular para quienes estudian y ejercen el Derecho: imaginar herramientas y soluciones capaces de responder no sólo a los problemas actuales, sino a escenarios futuros cada vez más cercanos.
Para Ortega, la respuesta tampoco puede limitarse a crear nuevas normas.
El académico consideró necesario construir espacios en los que el Derecho dialogue con la comunicación, la tecnología y el periodismo, disciplinas cuyos problemas se encuentran cada vez más entrelazados.
Así, reivindicó el papel de las universidades como lugares donde sea posible analizar estas transformaciones con tiempo, argumentos y perspectivas diversas.
“Sostener el debate abierto en las universidades no es un lujo académico”, sostuvo Ortega, quien lo consideró una condición necesaria para comprender lo que está ocurriendo y formular respuestas serias ante fenómenos que cambian rápidamente.
La Universidad Iberoamericana fue sede de las seis mesas que integraron el seminario, en las que especialistas abordaron temas como libertad de expresión, privacidad, desinformación, responsabilidad de las plataformas digitales, inteligencia artificial y comunicación política.
Como conclusión del encuentro, Ortega recordó que la libertad de expresión no debe entenderse como un derecho aislado.
Retomando los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la calificó como una “piedra angular” de toda sociedad democrática, pues permite ejercer otros derechos, exigir rendición de cuentas y mantener abierta la discusión pública.
El Director de Derecho IBERO dirigió un mensaje especialmente a las y los estudiantes que participaron en el seminario: los riesgos para la libertad de expresión están presentes y corresponde tanto a las nuevas generaciones como al resto de la sociedad enfrentarlos y mantener abiertos los espacios de discusión.
Por ello, señaló que las puertas de la IBERO permanecerán abiertas para continuar una conversación que, frente a nuevas tecnologías y formas cada vez menos evidentes de inhibir voces, también obliga al Derecho a revisar y actualizar las herramientas con las que protege la libertad de expresión.
También en las conclusiones, la Dra. Lidia Camacho Camacho, Presidenta de la Academia Mexicana de la Comunicación, sostuvo que uno de los principales retos es fortalecer el espacio cívico para que las personas no sean únicamente espectadoras de la vida pública. Planteó que una sociedad democrática requiere ciudadanía capaz de informarse, deliberar, disentir, dialogar, organizarse y defender sus derechos, y consideró que la protección de la libertad de expresión es una responsabilidad que rebasa a periodistas y medios de comunicación.
Camacho también advirtió sobre los efectos que pueden tener la desinformación, la polarización y la confrontación permanente en la confianza pública. Frente a la aceleración tecnológica y al avance de la inteligencia artificial, llamó a mantener a las personas en el centro de la discusión y a procurar que las nuevas herramientas estén al servicio de la sociedad. Para la especialista, una democracia se construye también desde la pluralidad de voces, el respeto a las diferencias y la capacidad colectiva de mantener abierto el diálogo.
Por su parte, el Mtro. Arturo Pueblita Fernández, Presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, expresó preocupación por el uso que pueden tener el Derecho y la comunicación dentro de dinámicas políticas que, a su juicio, erosionan libertades. El experto llamó particularmente a las y los jóvenes a ejercer sus derechos ciudadanos, “hablar” y “levantar la voz”, y propuso que la IBERO, la Academia Mexicana de la Comunicación y el Consejo mantengan espacios permanentes de discusión entre abogados, comunicadores y estudiantes para analizar los cambios políticos, jurídicos y tecnológicos que atraviesan la vida pública.
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