Las costas de Campeche y Tabasco albergan numerosas comunidades cuya economía depende de la pesca artesanal, la cual es uno de los principales usos productivos del espacio marino en el sur del Golfo de México (Flores-Hernández y Ramos-Miranda, 2006; Ramos-Muñoz et al., 2019): miles de familias dependen directa o indirectamente de la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros. Además de su valor económico, la pesca cumple un papel muy importante para la seguridad alimentaria, la identidad comunitaria y la reproducción social de las comunidades costeras (Ramos-Muñoz et al., 2019).
Desde finales de la década de 1970, la Sonda de Campeche (ubicada aproximadamente 80 km. mar adentro de Ciudad del Carmen) adquirió un papel central en la producción petrolera nacional, especialmente tras el descubrimiento del complejo Cantarell en 1976 y su inicio de producción en 1979 (Padilla y García de León, 2015). El descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo en la Sonda de Campeche transformó el territorio marítimo mediante la instalación de plataformas, pozos, ductos y zonas de seguridad, así como la proliferación de embarcaciones especializadas. En consecuencia, el mar se reorganizó alrededor de las necesidades de la industria petrolera, volviendo al sur del Golfo una región fundamental para la economía energética del país (Padilla y García de León, 2015; Ramos-Muñoz et al., 2019).
Tanto la pesca como la extracción de petróleo dependen del mismo territorio marino, sin embargo, no tienen el mismo peso político, económico ni respaldo institucional. Mientras la extracción de hidrocarburos es priorizada como actividad estratégica, las comunidades pesqueras enfrentan restricciones de acceso, así como contaminación, pérdida de zonas de captura y mayores costos para sostener su actividad (Ramos-Muñoz et al., 2019).
Este artículo analiza cómo la petrolización del mar en el sur del Golfo de México ha contribuido al desplazamiento económico de las comunidades pesqueras. El argumento central es que la expansión de la infraestructura petrolera y la creación de zonas de exclusión han generado procesos de desposesión territorial que limitan las posibilidades de reproducción económica de la pesca artesanal. Para ello se retoman los conceptos de petrolización, zona de exclusión y desplazamiento económico, tomando como casos principales la Sonda de Campeche y Ciudad del Carmen.
Contexto
Las comunidades pesqueras del sur del Golfo de México han construido históricamente sus formas de vida en torno al aprovechamiento de los recursos marinos. La pesca artesanal ha sido una de las principales actividades económicas de múltiples localidades costeras en Campeche y Tabasco, donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros para su sustento (Ramos-Muñoz et al., 2019). Además de su importancia económica, la pesca representa una práctica cultural ligada a la identidad de estas comunidades, al conocimiento del territorio y a la transmisión intergeneracional de estos conocimientos sobre el mar.
Así, el mar constituye un bien común del que dependen múltiples actividades productivas y sociales. El acceso a los bancos pesqueros, las rutas de navegación y los ecosistemas marinos han permitido históricamente la reproducción social y económica de las comunidades costeras. Por eso, la viabilidad de la pesca artesanal depende no solamente del estado de los recursos pesqueros, sino también de la posibilidad de acceder libremente al espacio marítimo donde estos se encuentran.
Sin embargo, la expansión de la industria petrolera ha modificado esta relación. Con el descubrimiento de los yacimientos de la Sonda de Campeche a finales de la década de los años 70, la extracción de hidrocarburos en la zona adquirió un carácter estratégico para el desarrollo económico nacional (Padilla y García de León, 2015). En consecuencia, la pesca y el petróleo comenzaron a coexistir en un mismo territorio, pero en condiciones profundamente desiguales. Mientras la industria petrolera ha sido favorecida por la planeación institucional y la política energética, la pesca artesanal ha visto reducido su margen de participación en las decisiones sobre el uso del territorio marítimo (Ramos-Muñoz et al., 2019; Padilla y García de León, 2015).
Actualmente, Campeche y Tabasco concentran la mayor parte de la producción petrolera marina del país (CNH, citada en Energy & Commerce, 2022), con cientos de plataformas, pozos y ductos que ocupan extensas áreas del Golfo de México. Esta expansión ha intensificado la competencia por el espacio marino y ha generado transformaciones económicas y sociales en las localidades costeras, entre ellas la dependencia de empleos vinculados al sector energético, el incremento del costo de vida y procesos de degradación ambiental. Bajo esta idea, el mar dejó de ser únicamente un espacio compartido para convertirse en un territorio donde distintos actores disputan el acceso, el control y el aprovechamiento de los recursos.
La petrolización del mar
La petrolización del mar se puede entender como el proceso mediante el cual la extracción de hidrocarburos se convierte en la actividad dominante de un territorio marítimo, reorganizando el uso del espacio y las dinámicas económicas locales en función de las necesidades de la industria petrolera (Ramos-Muñoz et al., 2019). En términos prácticos, este proceso implica que el mar deja de ser un espacio compartido entre distintas actividades, como la pesca, la navegación o el turismo, y comienza a ordenarse principalmente alrededor de la exploración, extracción, transporte, procesamiento y resguardo de la infraestructura petrolera.
Sin embargo, esto no implica únicamente la presencia física de plataformas, pozos, ductos o embarcaciones especializadas, sino que también implica la creación de normas, zonas de exclusión, instituciones y mecanismos de control que regulan quién puede acceder el espacio marítimo y en qué condiciones. Como señalan Ramos Muñoz y Espinosa Tenorio (2020), la relación entre la pesca y el petróleo en el sur del Golfo de México ha pasado de una etapa de coexistencia a una de creciente exclusión, en la que la actividad petrolera impone nuevas formas de organización territorial sobre el mar.
Algunos de los principales efectos de la petrolización son: la ocupación física del espacio marítimo, la fragmentación de áreas de pesca, la contaminación asociada y la transformación de las economías locales. La presencia de plataformas, ductos y embarcaciones altera los patrones tradicionales de navegación y reduce las áreas disponibles para la captura. A ello se suman los riesgos derivados de derrames, descargas operativas y otras afectaciones ambientales que pueden alterar la productividad pesquera.
En teoría, el desarrollo de estas actividades impulsa la economía mexicana, por lo que se vuelve un eje fundamental para el desarrollo del país (PEMEX, 2025). Sin embargo, dicho desarrollo no se refleja en las comunidades pesqueras que absorben los principales impactos de la industria petrolera, entre ellos ambientales, sociales y económicos. Quienes más se benefician de este proceso son el Estado mexicano y la industria energética, tanto nacional como transnacional. En este sentido, la petrolización del mar no solo transforma el espacio físico, sino también las relaciones de poder entre quienes lo requieren como entorno productivo.
Zona de exclusión
Uno de los principales mecanismos mediante los cuales opera la petrolización del mar es la creación de zonas de exclusión alrededor de plataformas, pozos e instalaciones estratégicas. Estas áreas restringen la navegación y las actividades pesqueras por razones de seguridad y protección de la infraestructura petrolera. Aunque su propósito formal es prevenir accidentes y garantizar la continuidad de las operaciones extractivas, en la práctica limitan el acceso al espacio marítimo y favorecen determinados usos del territorio sobre otros.
Este proceso puede entenderse como una forma contemporánea de cercamiento (enclosure). Harvey (2003) señala que los cercamientos consisten en la apropiación o restricción del acceso a bienes que anteriormente eran de uso común, permitiendo que estos sean controlados en función de intereses económicos específicos. En el sur del Golfo de México, el mar continúa siendo un espacio público, pero la expansión de zonas de exclusión alrededor de la infraestructura petrolera restringe el acceso de las comunidades pesqueras a áreas que histórica y tradicionalmente habían utilizado para desarrollar su actividad.
Este fenómeno resulta especialmente visible en la Sonda de Campeche, donde la alta concentración de plataformas, pozos y ductos ha generado una superposición de zonas de exclusión. Como consecuencia, las comunidades pesqueras deben recorrer mayores distancias para encontrar zonas de captura, lo que implica asumir mayores costos de operación y competir por espacios cada vez más reducidos. Las zonas de exclusión representan un mecanismo operativo de la industria petrolera, pero también una forma de reorganización territorial que transforma el acceso a un bien común y subordina su uso a las necesidades de la extracción de hidrocarburos (Harvey, 2003; Ramos-Muñoz et al., 2019).
Sonda de Campeche y Ciudad del Carmen
La petrolización del sur del Golfo de México transformó el uso del territorio marítimo y la forma en que las comunidades costeras se relacionan con él. Durante décadas, la pesca constituyó el eje económico, social y cultural de localidades como Ciudad del Carmen y numerosas comunidades ribereñas de Campeche. El conocimiento de las temporadas de captura, de los bancos pesqueros y de las rutas de navegación formaba parte de un patrimonio biocultural construido por generaciones (Padilla y García de León, 2015; Ramos-Muñoz et al., 2019).
Con la expansión de la industria petrolera, el mar dejó de percibirse únicamente como un espacio de trabajo y de vida para convertirse también en un espacio regulado por la lógica extractivista. Los pescadores tuvieron que adaptar sus recorridos, modificar sus zonas tradicionales de captura y convivir con restricciones de acceso, tráfico constante de embarcaciones industriales y riesgos asociados a la actividad petrolera, además de la contaminación derivada de la industria petrolera, con consecuencias directas para la sobrevivencia de ciertas especies. Así, el conocimiento marino acumulado durante generaciones perdió parte de su utilidad (Ramos-Muñoz et al., 2019).
Esta transformación también alteró la estructura económica de Ciudad del Carmen. Conforme la industria petrolera se convirtió en el principal motor económico de la región, buena parte del empleo, la inversión y los servicios comenzaron a depender de ella (Padilla y García de León, 2015). Por ejemplo, las principales posibilidades de empleo comenzaron a concentrarse en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en las empresas contratistas encargadas del transporte marítimo, el mantenimiento de plataformas, la logística, la construcción, el hospedaje y otros servicios asociados a la industria. Este proceso atrajo mano de obra especializada de distintas regiones del país y modificó las expectativas laborales de la población local, para la cual el empleo petrolero pasó a representar mayores ingresos y estabilidad que la pesca artesanal (Padilla y García de León, 2015).
Como consecuencia, muchas familias combinaron ambas actividades o abandonaron progresivamente la pesca para incorporarse al sector petrolero, mientras que la economía de la ciudad se volvió cada vez más dependiente del comportamiento de la industria energética. Esta relación de dependencia quedó en evidencia durante las crisis recientes de PEMEX, cuando la reducción de contratos y los adeudos a proveedores provocaron despidos masivos, afectando a los trabajadores petroleros y a buena parte de la economía local, evidenciando la vulnerabilidad de un territorio cuya estructura productiva quedó fuertemente vinculada a una sola actividad (La Jornada Maya, 2026; Por Esto!, 2026).
Los acontecimientos recientes refuerzan esta lectura. Durante 2026, organizaciones pesqueras de Campeche denunciaron que los derrames de hidrocarburos asociados a la Sonda de Campeche y al complejo Cantarell afectaron directamente a más de 5 mil pescadores de la entidad, provocando un desplome en las capturas y afectando la economía de numerosas comunidades ribereñas (La Jornada, 2026). De acuerdo con testimonios de los pescadores, la contaminación del agua y del fondo marino provocó que diversas especies se alejaran de las zonas tradicionales de captura, obligándolos a desplazarse cada vez más lejos para mantener su actividad. Denunciaron la contaminación del fondo marino con lodo y residuos de hidrocarburos, así como la reducción de subsidios al combustible y la exclusión de Campeche de algunos programas federales de apoyo dirigidos a pescadores afectados por derrames (La Jornada, 2026).
En Ciudad del Carmen, los efectos del derrame fueron reportados por organizaciones pesqueras locales, las cuales señalaron daños persistentes a las artes de pesca, presencia de chapopote en embarcaciones y la necesidad de establecer mecanismos de indemnización y compensación por la disminución de las capturas (La Jornada, 2026; Campeche Hoy, 2026). Organizaciones ciudadanas sostuvieron que el desarrollo de la ciudad no puede seguir descansando exclusivamente en la extracción de hidrocarburos y plantearon la necesidad de fortalecer actividades como la pesca, el turismo y otras alternativas productivas para reducir la vulnerabilidad económica del municipio (Por Esto!, 2026).
En conjunto, estos acontecimientos muestran que la petrolización del territorio continúa generando costos ambientales, económicos y sociales que recaen principalmente sobre las comunidades pesqueras. Más allá de los derrames recientes, los casos de la Sonda de Campeche y Ciudad del Carmen evidencian cómo la expansión de la industria petrolera restringe el acceso a los recursos marinos, incrementa los costos de producción y profundiza procesos de desplazamiento económico.
Desplazamiento económico
A diferencia de la mirada clásica del desplazamiento forzado, en que las personas abandonan físicamente sus hogares, proponemos mirar el desplazamiento económico como un proceso progresivo mediante el que una población pierde acceso a los recursos, activos o espacios productivos que sostienen sus medios de vida. De acuerdo con Peluso y Lund (2011), las transformaciones territoriales pueden generar procesos de desposesión cuando las comunidades pierden el acceso y el control sobre los recursos de los que dependen para subsistir. La pérdida de acceso a bienes comunes y espacios productivos reduce sus posibilidades de sostenerse, aun cuando permanezcan físicamente en el mismo territorio. En una línea similar, Watts (2004) argumenta que la expansión de las industrias extractivas produce formas de desplazamiento asociadas al deterioro de las condiciones materiales de existencia, al limitar el acceso a los recursos naturales y alterar las actividades económicas tradicionales.
Este proceso puede comprenderse también a partir del concepto de acumulación por desposesión (Harvey, 2003). Este término describe los mecanismos mediante los cuales recursos previamente accesibles para una comunidad son apropiados o controlados con fines de acumulación de capital. En el caso de la Sonda de Campeche, el espacio marino continúa existiendo físicamente, pero su acceso se encuentra cada vez más subordinado a los intereses de la industria petrolera. Así, el desplazamiento económico de las comunidades pesqueras puede entenderse como un proceso más amplio de desposesión territorial asociado a la petrolización del mar.
Conclusiones
La expansión petrolera en el sur del Golfo de México ha detonado una reconfiguración territorial que provoca más que la redistribución del espacio. La creación de zonas de exclusión y el crecimiento de la infraestructura petrolera ha reducido el acceso de los pescadores a zonas de pesca esenciales para su subsistencia, resultando en un debilitamiento de la economía local tradicional y de sus medios de vida. La petrolización del mar configura el territorio en función de la extracción de hidrocarburos, subordinando actividades como la pesca artesanal y, aunque las comunidades no son desplazadas físicamente, sí son las principales afectadas por los costos ambientales, sociales y económicos, reestructurando la economía y fuerza laboral hacia la industria petrolera.
Los casos de la Sonda de Campeche y Ciudad del Carmen son una vista a cómo estos procesos han transformado tanto el territorio marítimo como las dinámicas económicas regionales. Bajo esta idea, el sur del Golfo de México se entiende como una región donde la expansión petrolera ha provocado características propias de una zona de sacrificio (Quist 2019), concentrando costos sociales y ambientales sobre comunidades pesqueras, mientras los beneficios económicos no se reflejan en la región.
Entender estos procesos permite visibilizar formas de extractivismo menos evidentes. Y es que solemos asociarlo con la destrucción total del territorio, pero es fundamental insistir en que también opera mediante la privatización del espacio y el desplazamiento cultural y económico de las personas.
Flores-Hernández, D., & Ramos-Miranda, J. (2006). Las pesquerías artesanales en el Golfo de México. En A. V. Botello, J. Rendón von Osten, G. Gold-Bouchot y C. Agraz-Hernández (Eds.), Manejo costero en México. Universidad Autónoma de Campeche.
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