Investigación IBERO: Más de 35 mil personas fueron desplazadas en México en sólo dos años; no existe un registro oficial que las cuente

Y la propia herramienta advierte una limitación fundamental: sus cifras pueden presentar subestimación y subregistro, precisamente porque no existen mecanismos públicos oficiales, federales ni locales que permitan contabilizar de manera integral a quienes son expulsados de sus comunidades. 

Los datos muestran que el fenómeno no sólo persiste: cambia de territorio y se profundiza. En 2024, el Monitoreo estimó 28,900 personas desplazadas en 13 entidades federativas, un incremento de 129% en comparación con años anteriores. Chiapas concentró 61.8% de los desplazamientos, seguido por Sinaloa, con 15.5%, además de Michoacán, Chihuahua y Guerrero. 

Para 2025, se documentaron 15,795 personas afectadas por 73 eventos de desplazamiento masivo en 11 entidades. Sinaloa concentró 39.2% de los casos, Chihuahua 28.4% y Michoacán 21.3%. En esta segunda medición fue posible identificar también impactos psicosociales tanto individuales como comunitarios. 

Detrás de estas cifras hay comunidades enteras fracturadas. Las personas desplazadas pueden abandonar sus hogares con apenas la ropa que llevan puesta, perder identificaciones y documentos personales, llegar a otros municipios o estados y enfrentar un nuevo ciclo de precariedad y violencia, sin recibir atención porque no son reconocidas formalmente como víctimas. 

Drones con explosivos, minas y terror: la violencia que expulsa comunidades

Uno de los hallazgos más relevantes del Monitoreo es que la violencia asociada al desplazamiento interno ha adquirido nuevas formas.  Ha documentado sistemáticamente estrategias de terror utilizadas por grupos del crimen organizado para obligar a pobladores a huir, incluyendo el uso de nuevas tecnologías con fines bélicos contra población civil. Entre ellas aparecen drones con explosivos utilizados para atacar hospitales, iglesias y escuelas, así como minas antipersona y armas registradas como de uso exclusivo del ejército. 

Los desplazamientos por violencia armada se concentran especialmente en entidades donde existen enfrentamientos armados entre grupos criminales, disputas por tala ilegal o control territorial, así como conflictos derivados de la resistencia de pobladores que intentan defender sus comunidades. Y el resultado no es únicamente la pérdida de una vivienda. Se rompe el tejido social, se profundizan la pobreza y los despojos patrimoniales, y se pierde identidad biocultural, con impactos particularmente graves en comunidades indígenas. 

Los hallazgos del Monitoreo se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Cámara de Diputados y otras instancias, donde se ha planteado la necesidad urgente de contar con una Ley General sobre Desplazamiento Interno Forzado. La ausencia de un marco normativo federal que coordine acciones entre los tres niveles de gobierno y la inexistencia de un registro nacional actualizado no son únicamente vacíos administrativos, sino que dificultan reconocer a las víctimas, atenderlas y dimensionar una crisis que transforma territorios completos. 

“El Monitoreo se ha vuelto indispensable y ha logrado incidencia social porque no existen cifras oficiales, y lo que no se cuenta no existe y lo que no se nombra no se atiende”.

— Mtra. Andrea Horcasitas Martínez, Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana 

La académica destaca que se trata del único monitoreo de su tipo a nivel nacional, construido con cifras provenientes de medios de comunicación, organizaciones y acompañantes de distintas entidades, particularmente de aquellas donde se concentra el fenómeno. Más allá de contar personas, el objetivo es hacer visible aquello que suele quedar fuera de las estadísticas y de la agenda mediática: qué sucede con quienes son expulsados, qué estrategias de resiliencia construyen, qué ocurre con sus comunidades, qué territorios quedan abandonados y qué respuestas —o ausencias— existen por parte de las instituciones.