La crisis que enfrenta Venezuela podría agravarse significativamente si no se atienden de manera inmediata los daños a su infraestructura y a los servicios esenciales tras los sismos del 24 y 25 de junio, advirtió el Dr. Mauricio Hernández, colaborador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana y coordinador del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), una red académica de universidades que promueve y defiende este derecho humano fundamental.
A través de un comunicado, la red coordinada por nuestro académico explicó que cuando colapsan sistemas como el suministro eléctrico, el acceso al agua potable, las vías de comunicación o la infraestructura sanitaria, también se pone en riesgo el funcionamiento de toda la cadena alimentaria. La producción, conservación, transporte y distribución de alimentos se vuelven más difíciles, mientras que las familias enfrentan mayores obstáculos para acceder a productos básicos.
"Una emergencia de esta magnitud no sólo afecta viviendas o servicios públicos; también amenaza directamente el derecho de las personas a una alimentación adecuada. Si la infraestructura deja de funcionar, el acceso a los alimentos puede deteriorarse rápidamente, especialmente entre la población más vulnerable", señaló.
Mediante su mensaje, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe emitió un llamado a la comunidad internacional para impulsar una respuesta humanitaria extraordinaria, rápida y coordinada que permita atender las necesidades más urgentes de la población venezolana.
El pronunciamiento advierte que el deterioro de la infraestructura puede provocar interrupciones en las cadenas de suministro, dificultades para transportar alimentos, pérdidas de productos perecederos y aumentos en los precios, factores que profundizarían la inseguridad alimentaria en un contexto ya complejo.
Para el Dr. Hernández, la respuesta no puede limitarse al envío de alimentos. Es indispensable garantizar también el acceso a agua potable, servicios de salud, saneamiento, protección social y atención especializada para grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas y niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Asimismo, subrayó que la ayuda humanitaria debe regirse por los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, evitando que factores políticos retrasen la atención de quienes enfrentan mayores necesidades.
El académico destacó que el derecho a la alimentación implica mucho más que disponer de comida: requiere que los alimentos sean accesibles, suficientes, inocuos y estables en el tiempo. Cuando la infraestructura esencial deja de operar, todos estos elementos se ven comprometidos.
Finalmente, el ODA-ALC hizo un llamado a que organismos multilaterales, gobiernos, agencias humanitarias, organizaciones de la sociedad civil y redes académicas sumen esfuerzos para evitar que la emergencia derive en una crisis alimentaria de mayores dimensiones y garantizar que la población venezolana pueda ejercer plenamente su derecho humano a la alimentación.
El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) es uno de los tres institutos de investigación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Su misión es generar evidencia científica para entender y atender algunos de los principales problemas sociales del país, especialmente los relacionados con la pobreza, la salud y las desigualdades, con el objetivo de influir en el diseño de políticas públicas.
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