Impunidad y miedo normalizan la violencia: sociedad debe romper la inercia, advierte especialista IBERO

“Nos hemos acostumbrado a la forma en que la sociedad puede llegar a convivir con robos, asaltos y otras expresiones de violencia. Romper esta inercia, requiere que las personas dejen de permanecer indiferentes y que, desde las universidades, la investigación, organizaciones sociales e instituciones se contribuya a generar alternativas”, planteó el responsable del proyecto de investigación “violencia contra actores religiosos”.

Cuando denunciar parece no tener sentido

La percepción de que acudir ante una autoridad no necesariamente conduce a una solución puede convertirse en un obstáculo para denunciar. A ello, indicó el también especialista en teologías y realidades históricas, se suma el temor de que la persona afectada pueda enfrentar consecuencias por señalar a quienes cometieron un delito.

Consideró que el miedo es uno de los elementos que explican por qué algunas personas prefieren mantenerse al margen. A esto se agregan los procesos largos y lo que puede representar para una víctima atravesar trámites que percibe como engorrosos.

Enfatizó que la consecuencia es una especie de círculo: ocurre un hecho violento, la persona afectada puede decidir no denunciar, el problema queda sin respuesta visible y, con el tiempo, la violencia puede comenzar a percibirse como algo inevitable.

“Mientras no me toque a mí”, resumió en entrevista con Prensa IBERO al describir una actitud que puede aparecer en sectores de la sociedad. El problema, detalló, surge cuando esa indiferencia termina debilitando la capacidad colectiva para exigir justicia y prevenir nuevas agresiones.

La violencia también modifica la vida cotidiana

Indicó que la normalización no significa que la violencia deje de producir efectos; por el contrario, puede modificar rutinas, relaciones familiares y formas de convivencia.

Uno de los ejemplos más extremos, señaló, se encuentra en comunidades donde los enfrentamientos armados han obligado a modificar actividades escolares. Para niñas, niños y adolescentes, crecer en entornos donde pueden presentarse balaceras o enfrentamientos representa una experiencia distinta a la de quienes viven en lugares donde los principales riesgos que se practican en simulacros son los fenómenos naturales.

El especialista advirtió que esta situación muestra hasta qué punto la violencia puede incorporarse a la vida cotidiana. Mientras en algunas regiones los simulacros preparan a la población para enfrentar un sismo, en otras comunidades la población debe considerar qué hacer ante un enfrentamiento armado.

Además, dijo, no todos los hechos violentos alcanzan la misma visibilidad pública. El entrevistado señaló que existen acontecimientos que llegan a los medios de comunicación y otros que permanecen fuera de la agenda pública, lo que puede contribuir a que parte de la dimensión cotidiana del problema permanezca oculta.

El miedo puede romper el tejido social

La violencia no solamente afecta a quienes son víctimas directas. También genera miedo, angustia y desconfianza, condiciones que pueden deteriorar las relaciones entre vecinos y comunidades.

Ante un problema de seguridad, explicó, puede aparecer la búsqueda de un responsable inmediato: policías, administradores, autoridades u otras personas. Sin embargo, esta reacción puede dejar de lado la responsabilidad que también corresponde a la ciudadanía.

Por ello, planteó la necesidad de avanzar hacia una “corresponsabilidad social”. La seguridad no depende exclusivamente del gobierno o de las corporaciones policiacas; también requiere que las comunidades establezcan mecanismos de cuidado y prevención.

Esto implica, detalló, asumir responsabilidades dentro de los espacios donde se vive, establecer medidas de seguridad y evitar prácticas que puedan incrementar los riesgos. Más que convertir los problemas en enfrentamientos entre vecinos y vecinas, propuso construir redes de cuidado.

La exigencia de mejores policías, sistemas de vigilancia eficaces y una aplicación adecuada y pronta de la justicia debe acompañarse, señaló, de una participación activa de la sociedad.

Pobreza y crimen organizado

Otro elemento abordado durante la entrevista fue la manera en que grupos del crimen organizado pueden aprovechar condiciones de pobreza y necesidad para incorporar a personas, particularmente jóvenes de zonas rurales, a actividades ilícitas.

El especialista expuso que en comunidades con pocas alternativas económicas una propuesta proveniente de grupos criminales puede presentarse como una posibilidad para obtener mayores ingresos. En ese contexto, la violencia no puede analizarse únicamente como una decisión individual, sino considerar las condiciones sociales que pueden facilitar el reclutamiento.

Frente a esta situación, planteó la necesidad de fortalecer una “indignación ética”: una reacción social que no se limite a lamentar los hechos violentos, sino que impulse a exigir respuestas a las instituciones responsables de impartir justicia.

Cuando las estructuras institucionales no responden adecuadamente, advirtió, la sociedad continúa expuesta a la reproducción de la violencia.

Recuperar la solidaridad

Para el especialista, reconstruir el tejido social también implica recuperar valores que favorezcan la convivencia. La solidaridad es uno de ellos.

Aunque consideró que estos valores no han desaparecido, sí observa una transformación en la escala de prioridades de sectores de la sociedad. La solidaridad —entendida como la disposición para actuar y ayudar a otra persona— puede perder presencia cuando predomina la indiferencia ante los problemas ajenos.

Señaló que la reconstrucción social no depende únicamente de grandes decisiones institucionales. También se construye en las familias, comunidades, universidades y espacios cotidianos donde las personas establecen relaciones con los demás.

Iglesia y universidades, espacios para romper la inercia

Desde el ámbito de las Ciencias Religiosas, consideró que las universidades pueden contribuir mediante la investigación, el acompañamiento a las comunidades afectadas y la reflexión sobre justicia, paz y reconciliación.

En este trabajo ubicó el acompañamiento a colectivos como las Madres Buscadoras y a personas que reclaman justicia por familiares desaparecidos o asesinados. Acotó  que algunos sectores de las iglesias han participado en estos procesos mediante acompañamiento, oración, espacios de reflexión y acciones de denuncia.

La función de la religión, planteó, no debería limitarse a ofrecer consuelo frente al sufrimiento. También puede contribuir a denunciar situaciones de injusticia y a generar esperanza para quienes buscan transformar su realidad.

En ese sentido, conceptos como perdón, reconciliación, paz y esperanza adquieren una dimensión social. El perdón, aclaró, no significa ignorar el daño ni sustituir la justicia, sino que puede convertirse en un elemento para romper dinámicas de violencia y evitar que la respuesta al daño genere nuevos ciclos de agresión.

Dejar de ser indiferentes

"Romper la normalización de la violencia requiere, finalmente, superar la pasividad y la resignación", manifestó.

Para el especialista, la esperanza no significa esperar que los problemas desaparezcan por sí mismos. Implica actuar, denunciar, investigar, acompañar y exigir que las instituciones cumplan con su responsabilidad.

También, afirmó, supone que la ciudadanía reconozca la parte que le corresponde: la seguridad, la justicia y la reconstrucción del tejido social no pueden descansar exclusivamente en una autoridad.

La apuesta, concluyó, consiste en generar acciones que vayan en sentido contrario a la espiral de violencia: recuperar la solidaridad, fortalecer las comunidades, exigir justicia y construir espacios de paz.