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PRENSA IBERO
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• Las declaratorias están asociadas con una reducción cercana al 50% en los feminicidios oficialmente registrados por municipio • El efecto comenzaría a observarse aproximadamente dos años después de activar la alerta • Las cifras no permiten distinguir entre prevención efectiva, cambios en la clasificación de los casos o posibles problemas de subregistro
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx

Las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) están asociadas con una disminución de los feminicidios registrados oficialmente en México. Sin embargo, este resultado no basta para afirmar que el mecanismo reduce en la misma proporción la violencia feminicida real, advierte un análisis elaborado por especialistas del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
El estudio Killing on the Basis of Sex: Do Gender Violence Alerts Actually Reduce Feminicides in Mexico?
Sus resultados muestran que, después de la declaración de una alerta, los municipios presentan una reducción promedio de 0.17 feminicidios registrados al año. Aunque en términos absolutos la cifra puede parecer pequeña, representa aproximadamente 50% del promedio municipal, que es de 0.33 casos anuales.
Al limitar el análisis a los municipios que registraron al menos un feminicidio durante el periodo estudiado, la disminución estimada alcanza 0.38 casos anuales, también equivalente a cerca de la mitad de su promedio.
No obstante, las autoras y el autor subrayan que este segundo resultado debe interpretarse con especial cuidado, debido a que la selección de municipios considera información de todo el periodo, incluidos los años posteriores a la declaratoria.
Las AVGM son mecanismos de emergencia creados para enfrentar la violencia feminicida en territorios donde la problemática ha alcanzado niveles graves o donde la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.
Su declaratoria puede activar medidas de prevención, seguridad, procuración de justicia, atención a víctimas, coordinación entre instituciones y vigilancia pública. No se trata, por lo tanto, de un solo programa aplicado de manera idéntica en todo el país.
El análisis de la IBERO indica que sus posibles resultados tampoco aparecen de inmediato. Las disminuciones estadísticamente significativas en los feminicidios registrados comienzan a observarse aproximadamente dos años después de la declaratoria.
Esto podría responder al tiempo necesario para coordinar autoridades, implementar medidas y transformar las capacidades institucionales. Sin embargo, los efectos parecen debilitarse o incluso revertirse alrededor del quinto año.
El estudio aclara que esta tendencia de largo plazo es menos precisa, pues cada vez son menos los municipios que cuentan con suficientes años de seguimiento. También podría relacionarse con diferencias en la aplicación de las alertas, cambios en las prácticas de registro o una mejor identificación de los asesinatos cometidos por razones de género.
La principal advertencia de la investigación se encuentra en la naturaleza de los datos disponibles. Un feminicidio registrado oficialmente no representa automáticamente la totalidad de los asesinatos de mujeres relacionados con razones de género.
Para que un caso aparezca en las estadísticas, las autoridades deben reconocer los motivos de género, investigarlo bajo ese protocolo, clasificarlo como feminicidio y reportarlo correctamente. Estas prácticas pueden variar entre fiscalías, estados y municipios.
Por esta razón, una reducción en los registros puede reflejar una prevención efectiva, pero también cambios en la clasificación de los casos, problemas de subregistro o incentivos institucionales para presentar mejores resultados después de una declaratoria.
La situación contraria también es posible: si una alerta mejora las investigaciones y permite reconocer más muertes como feminicidios, las cifras oficiales podrían aumentar, aunque eso no signifique necesariamente que haya crecido la violencia.
Los resultados fueron más consistentes al analizar el número absoluto de casos por municipio. Cuando se emplearon tasas de feminicidio por cada 100 mil mujeres o datos semestrales, las estimaciones conservaron una tendencia descendente, pero fueron menos precisas.
La investigación concluye que las AVGM deben evaluarse como mecanismos de emergencia, coordinación y rendición de cuentas. Una declaratoria formal puede aumentar la visibilidad de la violencia, pero sus resultados dependen de los recursos asignados, la capacidad institucional, el seguimiento y el cumplimiento de las medidas.
Por ello, los autores no plantean que las alertas deban ampliarse o eliminarse únicamente a partir de la reducción observada. Proponen examinarlas junto con sus presupuestos, prácticas ministeriales, reglas de clasificación, transparencia y grado de implementación en cada territorio.
El análisis ofrece evidencia positiva: después de una declaratoria disminuyen los feminicidios reconocidos por las autoridades en las principales estimaciones. Pero también plantea una pregunta indispensable para interpretar el resultado: ¿está disminuyendo la violencia o está cambiando la manera en que las instituciones la nombran y la registran?
Responderla será fundamental para determinar si las alertas están transformando las condiciones que producen la violencia feminicida o solamente los indicadores con los que se intenta medirla.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
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