Expertos de 14 países redactan en la IBERO la Ley Modelo de Ecocidio para América Latina, la región más peligrosa para quienes defienden tierra y territorio

"Estamos reunidos aquí para hacer algo que nunca se ha hecho antes: redactar colectivamente una ley modelo de ecocidio para América Latina", afirmó Jojo Mehta, cofundadora y CEO de Stop Ecocidio Internacional, durante el acto inaugural moderado por el Dr. Raúl Gutiérrez, académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la IBERO.

La experta ambiental que ha impulsado la tipificación del ecocidio como delito en la Corte Penal Internacional (CPI), recordó que la humanidad ya cruzó siete de los nueve límites planetarios y que la destrucción ambiental "no es un fenómeno natural, sino el resultado de decisiones humanas".

"Las regulaciones ambientales son permisivas y se eluden con facilidad, y los daños más graves han permanecido en su mayor parte impunes", señaló.

Desde Argentina, en un mensaje virtual, Miguel Ángel Asturias, director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC) coincidió que el derecho penal debe dejar de tratar la destrucción masiva de la naturaleza como un mero costo de producción.

Detalló que el núcleo del borrador de la Ley Modelo de Ecocidio para América Latina es una estructura bipartita que distingue el delito de peligro concreto del de resultado consumado; la imprudencia corporativa grave y la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas.

Además, la norma agrega la posición de garante de altos directivos; la imprescriptibilidad; la jurisdicción universal subsidiaria; salvaguardas interculturales para no criminalizar a comunidades, y la reparación integral con restauración de la naturaleza.

En su participación, Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y egresado IBERO de la Licenciatura de Derecho equiparó el ecocidio con el genocidio en su gravedad.

"Si se destruye la vida de las personas, de la flora, de la fauna, de los ecosistemas, no es desarrollo; estamos en muchos casos ante la comisión de crímenes y de delitos", advirtió.

De la Corte Penal Internacional a los códigos locales

Jojo Mehta también explicó que de acuerdo a un panel de expertos independientes se acordó una definición en 2021: “Ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.

Relató que, a finales de 2024, Vanuatu, Fiji y Samoa la propusieron como enmienda al Estatuto de Roma y después se sumó la República Democrática del Congo, pero dijo que el derecho internacional no basta.

"El principio de complementariedad significa que las acciones nacionales también deben actuar", explicó Mehta.

En ese sentido, el Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la IBERO, advirtió que trasladar una definición pensada para la Corte Penal Internacional a sistemas civilistas "exige un trabajo técnico riguroso".

Una ley construida desde abajo

La Mtra. Andrea Domínguez Noriega, coordinadora de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, detalló que para el borrador se realizó una consulta pública con más de 240 personas de 16 países —incluidos pueblos indígenas, campesinos y defensores—, 74 aportes técnicos de especialistas de 14 países y España, y mesas que abordan 41 preguntas en 11 ejes.

"Una ley modelo no debería significar trasladar automáticamente una fórmula de un país a otro", subrayó.

Para el Dr. Jorge Peláez Padilla, coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la IBERO, ahí es donde radica la fuerza política de la Ley Modelo de Ecocidio para América Latina.

"No es lo mismo llegar a impulsar una reforma en un congreso diciendo que se le ocurrió a dos personas, que decir que esto es fruto de un trabajo de años con consultas a distintos actores".

Asimismo, insistió en que adaptar la ley a la realidad local implica reconocer que América Latina "es la región más peligrosa para quienes defienden la tierra y el territorio", por lo que el texto incluye provisiones para proteger a personas defensoras.

La Dra. Alejandra Elizondo Cordero, directora del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la IBERO, habló desde la economía sobre esta ley, la cual busca "alinear los incentivos" y dejar claro "cuál es el límite ambiental que no podemos transgredir".

La Ley Modelo de Ecocidio para América Latina abrirá una etapa de cabildeo con los congresos de la región con el fin de que no sea "derecho penal decorativo", sino la plantilla de referencia técnica para los parlamentos de la región.