Experta IBERO alerta riesgos en la nueva reforma judicial

• La Mtra. Daniela Carrasco, Académica del Departamento de Derecho, señala que era necesario corregir la elección judicial, pero las nuevas propuestas no atacan problemas estructurales
• Indica que simplificar boletas no resuelve desconocimiento ciudadano sobre quienes aspiran a ser jueces; capacitarlos después de ser electos, no sustituye experiencia acumulada
• Afirma que la justicia no puede detenerse mientras nuevos perfiles aprenden sobre la marcha, porque detrás de cada retraso hay millones de casos urgentes

La nueva propuesta para corregir la reforma judicial de 2024 podría terminar profundizando varios de problemas de origen: más control político sobre los perfiles judiciales, menos transparencia en la selección de aspirantes y una justicia más lenta en un momento crítico para el país, afirmó la Mtra. Daniela Carrasco Berge, Académica del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX).

En entrevista con Prensa IBERO; señaló que, aunque sí era necesario corregir el modelo de evaluación y elección judicial, las nuevas propuestas no atacan los problemas estructurales y, en algunos casos, podrían agravarlos.

La especialista de nuestra casa de estudios advirtió que centralizar las decisiones en una sola Comisión Coordinadora no garantiza objetividad.

Indicó que simplificar boletas no resuelve el desconocimiento ciudadano sobre quienes aspiran a ser jueces o magistrados; y que capacitarlos después de ser electos, no sustituye la experiencia acumulada que antes requería décadas de carrera judicial.

Acotó que la creación de una Comisión Coordinadora para homologar exámenes y requisitos podría concentrar todavía más el control político sobre quiénes llegan al Poder Judicial.

La Mtra. Carrasco Berge explicó que el sistema original ya había generado caos, opacidad y criterios distintos entre los Comités de Evaluación, pero centralizar ahora las decisiones no elimina la arbitrariedad ni garantiza transparencia.

Por el contrario, alertó que una sola instancia podría facilitar la captura política e ideológica de perfiles, especialmente porque siguen sin existir criterios claros, públicos y recurribles para evaluar aspirantes.

“La centralización es todavía más peligrosa que la descentralización cuando no existen reglas claras”, advirtió.

Subrayó que el problema de fondo sigue siendo la ausencia de consensos mínimos sobre qué cualidades deben tener las personas juzgadoras en medio de una crisis de legitimidad judicial que lleva décadas acumulándose.

Aunque la reforma constitucional propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea reducir el número de candidaturas y rediseñar boletas para facilitar el voto, consideró que el problema real no está en el papel, sino en el modelo completo de elección judicial.

Externó que México ya cuenta con especialistas electorales capaces de diseñar boletas eficientes, pero pensar que una boleta “más inteligente” resolverá la crisis judicial es como “pintar un edificio con fallas estructurales”.

Aun con menos candidatos, detalló, seguirán siendo demasiados cargos para que la ciudadanía pueda votar de manera verdaderamente informada.

Además, agregó que persisten problemas de fondo: cómo conocer a quienes compiten, cómo financiar campañas sin comprometer imparcialidad y qué tipo de promesas puede hacer una persona juzgadora sin renunciar a su independencia.

Sobre la capacitación posterior a la elección, reconoció que siempre será positiva, pero recordó que antes de la reforma un juez federal podía tardar entre 15 y 25 años en llegar a ese cargo.

Advirtió que la justicia no puede detenerse mientras nuevos perfiles aprenden sobre la marcha, porque detrás de cada retraso hay víctimas, pacientes, mujeres violentadas y millones de casos urgentes que no admiten pausas ni curvas largas de aprendizaje.