“Están aprendiendo a usar los derechos contra los derechos”: alertan en la IBERO sobre nuevas formas de censura
• “La censura no es ni de lejos pedir la cabeza de un periodista”: Daniel Moreno, fundador de Animal Político
• El silencio sobre los mecanismos de protección para periodistas dificulta evaluar la actuación del Estado y debilita la rendición de cuentas, asegura la Dra. Grisel Salazar
• Gobiernos de distintos partidos políticos recurren a prácticas como criminalización, vigilancia y acoso judicial, señala el Mtro. Leopoldo Maldonado, relator de la ONU
17 AGOSTO, 2026 | 10:48 hrs.lectura 4 minutos
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx
La libertad de expresión enfrenta una etapa de presión más sofisticada. La censura ya no aparece únicamente como una prohibición directa. Puede operar mediante vigilancia, acoso, publicidad oficial, deslegitimación, litigios, polarización y reglas que, bajo la apariencia de proteger derechos, terminan afectando su ejercicio.
Ese fue el diagnóstico principal del conversatorio inaugural “Libertad de expresión bajo presión. Periodismo, desinformación y derechos humanos”, organizado por el
El encuentro moderado por el director del Departamento de Derecho, el Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano, reunió al periodista y fundador de Animal Político, Daniel Moreno Chávez; a la Dra. Grisel Salazar Rebolledo, Académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas; y a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, egresado IBERO de la Maestría en Derechos Humanos y relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho
La censura también puede ser indirecta
Daniel Moreno planteó que censurar no significa únicamente ordenar a un periodista que calle. Entre los mecanismos de presión, mencionó la publicidad oficial, el acoso judicial y en redes sociales, la vigilancia, la falta de transparencia y las políticas relacionadas con los derechos de las audiencias.
Estos mecanismos, dijo, pueden acumularse hasta crear un entorno de inhibición como sucede con periodistas locales, particularmente en municipios donde informar puede implicar riesgos físicos. Defender la libertad de expresión, planteó, no significa solo proteger a quienes ejercen el periodismo, pues cuando se debilita la prensa, se afecta el derecho de la sociedad a recibir información.
“La censura no es ni de lejos pedir la cabeza de un periodista al dueño de un medio. Tenemos que hablar de publicidad oficial, de acoso judicial, de acoso en redes sociales, del fin de la transparencia en este país, de la vigilancia que se ejerce sobre periodistas. Es indispensable sumar cada uno de estos elementos para entender lo que significa la censura”, acotó.
El Estado debe proteger, no solo abstenerse
Duran su participación, la Dra. Grisel Salazar Rebolledo explicó que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, el derecho de quien habla; y otra social, el derecho de todas las personas a recibir información. Desde esa perspectiva, mencionó, el Estado tiene responsabilidades de prevención, investigación, sanción y reparación frente a las agresiones.
La académica se centró en señalar sobre aquello que el poder político dice y al mismo tiempo sobre lo que omite. Sostuvo que el silencio sobre los mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos dificulta evaluar la actuación estatal y debilita la rendición de cuentas. También, señaló que las narrativas públicas pueden contribuir a deslegitimar al periodismo crítico.
“Hay una creatividad que se ha ido construyendo de manera muy perversa a lo largo de estos últimos años para eludir la norma. Y no solamente eso, sino para usar la norma como instrumento de censura”, manifestó.
De la polarización a una “democracia de trincheras”
Por su parte, el Mtro. Leopoldo Maldonado vinculó las presiones contra la libertad de expresión con el retroceso democrático y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. El riesgo, explicó, no debe reducirse a una disputa entre izquierda y derecha pues el problema central es la tensión entre democracia y autoritarismo.
Apuntó que gobiernos que pertenecen a distintos partidos políticos pueden recurrir a prácticas semejantes: criminalización, vigilancia, acoso judicial y utilización de normas que terminan restringiendo derechos.
Además, alertó sobre normas creadas para proteger datos personales, combatir la desinformación o garantizar la seguridad pueden usarse de forma indebida para restringir información o perseguir voces críticas. También, señaló que empresas tecnológicas, crimen organizado y otros actores privados tienen capacidad para modificar las condiciones en que circula la información.
“Están aprendiendo a usar los derechos en contra de los derechos. El objetivo puede llegar a ser legítimo en muchos de los casos. El problema es la operación y cómo se instrumentaliza el derecho de protección de datos personales para negar información pública”, señaló.
La Mtra. Pamela Ortega, Coordinadora de Posgrados y la Mtra. Fernanda Bitar, Académica del Departamento de Derecho.
El conversatorio “Libertad de expresión bajo presión. Periodismo, desinformación y derechos humanos” ofreció dos temas claves para defender la libertad de expresión en México:
· Recuperar la conversación pública: Frente a la polarización, resulta necesario recuperar la capacidad de dialogar con quienes piensan distinto. La libertad de expresión no consiste solo en tener un canal para hablar, sino en preservar las condiciones para debatir sin convertir automáticamente al otro en enemigo
· Reconocer información de calidad: La multiplicación de contenidos, redes sociales, inteligencia artificial y desinformación obliga a distinguir entre periodismo sustentado en investigación y materiales que simplemente reproducen afirmaciones o narrativas
La defensa no puede quedarse en la academia
El conversatorio concluyó con una convocatoria a transformar la reflexión en participación y con la invitación no solo a conocer los estándares internacionales de libertad de expresión, también, a impulsar educación cívica, contrapesos y auditoría social desde una perspectiva crítica.
El cierre del encuentro subrayó la responsabilidad de las universidades de involucrarse en estos debates, y a que la apuesta de los espacios académicos no se limiten a describir el deterioro de las libertades, sino que ayuden a generar preguntas, movilización y herramientas para defenderlas.
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