Estado y crimen intervienen simultáneamente en regulación del orden y la seguridad en territorios de México y América Latina, advierte experto IBERO
• Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, advierte que la presencia institucional del Estado no necesariamente desplaza a las organizaciones criminales; en algunos territorios ambas estructuras intervienen simultáneamente en la regulación de la vida cotidiana
7 OCTUBRE, 2026 | 08:22 hrs.lectura 5 minutos
AUTOR
Jorge Luis Cortés
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx
La presencia del Estado no necesariamente significa la desaparición del poder de los grupos criminales. En distintos territorios de México y América Latina, instituciones públicas y organizaciones delictivas pueden intervenir simultáneamente en la regulación del orden, la seguridad y la vida cotidiana de las comunidades, advirtió el Mtro. Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Durante la inauguración del
III Congreso Internacional de Justicia Transicional: “La protección de los derechos humanos en tiempos de regresión democrática en América”
, el especialista explicó que investigaciones recientes sobre América Latina y el Caribe cuestionan una de las ideas más extendidas sobre la relación entre Estado y criminalidad: que una mayor presencia institucional necesariamente reduce la capacidad de control de las organizaciones criminales.
Al referirse a estudios realizados en 18 países de la región, López Portillo señaló que millones de personas viven en contextos donde las organizaciones criminales no sólo desarrollan actividades ilícitas, sino que también intervienen en la regulación de la vida cotidiana y del orden local.
Uno de los hallazgos que destacó es que puede existir incluso una correlación entre presencia estatal y gobernanza criminal.
Es decir, la expansión de las instituciones públicas no siempre implica el retroceso de las estructuras delictivas.
Para explicar este fenómeno, López Portillo habló de un “duopolio de la violencia”, en el que la gobernanza estatal y la gobernanza criminal pueden superponerse dentro de un mismo territorio.
En estos escenarios, explicó, el Estado no desaparece ni es completamente sustituido por organizaciones criminales. Las instituciones continúan operando, pero al mismo tiempo existen grupos que establecen reglas, ejercen coerción o intervienen en la seguridad y en distintos aspectos de la vida comunitaria.
Así, habitantes de determinados territorios pueden encontrarse sujetos simultáneamente a autoridades formales y estructuras criminales.
México, señaló el especialista, representa un caso particularmente relevante para analizar este fenómeno.
La gobernanza criminal puede desarrollarse incluso en zonas donde existe una presencia importante del Estado y donde las redes delictivas llegan a entrelazarse con dinámicas políticas, económicas y electorales.
La observación obliga, dijo, a revisar la manera tradicional de entender la relación entre criminalidad y debilidad estatal.
El problema ya no puede analizarse únicamente como una disputa entre territorios “controlados por el Estado” y territorios “controlados por el crimen”, pues en algunos casos ambos tipos de gobernanza pueden coexistir y superponerse.
Del control territorial al debilitamiento democrático
Para López Portillo, esta transformación también debe analizarse junto con los cambios en las expectativas sociales frente a la democracia.
A partir de estudios recientes de opinión pública en América Latina, señaló que el fracaso de los gobiernos para ofrecer resultados en ámbitos como la economía o la seguridad no necesariamente provoca que las sociedades exijan instituciones democráticas más fuertes.
En algunos casos ocurre lo contrario: crece la disposición a aceptar menos contrapesos democráticos a cambio de mayor orden, seguridad o eficacia gubernamental.
“Una cosa es la Constitución escrita y otra es el ánimo social”, resumió.
Las constituciones latinoamericanas pueden mantener formalmente sistemas de derechos, división de poderes y controles al ejercicio de la autoridad, mientras sectores de la población comienzan a considerar negociables algunos de esos límites ante problemas persistentes de violencia e inseguridad.
Fue en este contexto que López Portillo mencionó lo que especialistas han denominado la “franquicia Bukele”: la expansión regional de un modelo de seguridad basado en respuestas de mano dura, concentración del poder y reducción de controles institucionales que conserva un amplio respaldo ciudadano.
La pregunta, planteó, resulta especialmente importante para la justicia transicional: si las sociedades están cada vez más dispuestas a reducir contrapesos en nombre de la seguridad, ¿existen mejores o peores condiciones para impulsar procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición?
Derechos humanos frente a democracias que se debilitan desde dentro
La reflexión se presentó durante la apertura del III Congreso Internacional de Justicia Transicional, organizado desde el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México para analizar los desafíos que enfrentan los derechos humanos en escenarios de regresión democrática.
El presidium estuvo integrado por la Dra. Ariadna Salazar Quiñones, académica del Departamento de Derecho y coordinadora general del Congreso; el Mtro. Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana; el Dr. Manuel López-Pereyra, Coordinador de Posgrado; el Dr. Luis Alejandro Kauachi, Director de Internacionalización; y el Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho.
La ceremonia fue conducida por el Dr. Iván Escoto, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Durante la inauguración, la Dra. Ariadna Salazar advirtió que el debilitamiento de las democracias contemporáneas no necesariamente ocurre mediante rupturas abruptas, pues las instituciones pueden erosionarse gradualmente desde dentro mientras permanecen elecciones y estructuras formalmente democráticas.
Por su parte, el Dr. Ricardo Ortega señaló que la justicia transicional enfrenta actualmente escenarios distintos de aquellos para los que fue concebida originalmente, debido a que las violencias, las redes de macrocriminalidad y el debilitamiento institucional pueden desarrollarse también dentro de democracias formales.
El Congreso reúne durante dos días a especialistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de sistemas de justicia, personas académicas, estudiantes y actores que trabajan junto a víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
En medio de ese escenario, la advertencia planteada por López Portillo coloca una discusión adicional sobre la mesa: en distintos territorios de América Latina, el desafío ya no consiste solamente en recuperar espacios frente al crimen, sino en comprender qué ocurre cuando el Estado y las estructuras criminales ejercen simultáneamente distintas formas de control sobre una misma población.
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