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PRENSA IBERO
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• En un informe, PDH IBERO, Clínica de la Vivienda IBERO y otras organizaciones reportan 21 episodios de contención y represión de protestas; 18 en la CDMX • En Guadalajara, reportan el asesinato de al menos 23 personas en situación de calle durante 2025 y 2026 en paralelo a operativos de reubicación previos al torneo • Señalan que los colectivos de familias buscadoras fueron el blanco más frecuente de las medidas de contención, seguidos por el magisterio agrupado en la CNTE • Además, documentan 11 agresiones contra mujeres periodistas durante el torneo; ocho de ellas fueron cometidas por personas funcionarias públicas
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx

Mientras millones de personas seguían los partidos del Mundial FIFA 2026, organizaciones de derechos humanos documentaron represión de protestas, desplazamiento de poblaciones vulnerables, agresiones contra periodistas, presión sobre la vivienda y los beneficios fiscales asociados con el torneo.
El informe “Gritar GOL y gritar ¡JUSTICIA! Afectaciones a los derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026” señala que el Mundial no creó estas problemáticas, pero sí aceleró y visibilizó prácticas preexistentes de exclusión, censura, securitización y criminalización de la protesta.
Fue elaborado por El Caracol, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD),
De acuerdo con el monitoreo realizado durante el torneo, se registraron 21 episodios de contención y represión contra movilizaciones sociales. Dieciocho ocurrieron en la Ciudad de México y se concentraron en el corredor de Calzada de Tlalpan, una de las principales rutas de acceso al estadio.
Las organizaciones identificaron que las tácticas de contención se estandarizaron conforme avanzó el torneo y que los picos represivos coincidieron con días de partido en la capital.
El protocolo incluyó zonas de exclusión, barreras corporales de agentes, vehículos oficiales y vallas. El encapsulamiento fue la táctica más utilizada, seguido por la fuerza física y las amenazas o actos de intimidación.
El informe señaló que el uso de gas lacrimógeno, balas de goma, petardos y explosivos se concentró durante la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del 1 de junio y el día inaugural del Mundial.
Los colectivos de familias buscadoras fueron el blanco más frecuente de las medidas de contención, seguidos por el magisterio agrupado en la CNTE.
Las organizaciones identificaron una represión diferenciada: mientras contra los colectivos de búsqueda predominó la violencia de contención, contra integrantes de la CNTE se documentó el presunto uso de gas y proyectiles, robo de pertenencias y persecución.
La transformación urbana vinculada con las tres sedes mexicanas también tuvo consecuencias para sectores considerados particularmente vulnerables, entre ellos comerciantes informales, personas en situación de calle, niñez trabajadora y personas con discapacidad.
En la Ciudad de México, la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” de la IBERO documentó que entre enero y junio de 2026, 85% de los casos atendidos tuvo como trasfondo un aumento de renta asociado con una amenaza de desalojo.
Los casos se concentraron en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, zonas que concentran una mayor oferta de alojamientos temporales.
El informe señaló que la oferta de inmuebles en plataformas digitales se duplicó entre 2020 y 2026 en toda la ciudad, mientras que en el perímetro del Estadio Azteca aumentó 150% un día antes del partido inaugural.
En Guadalajara, CEPAD documentó operativos de reubicación de poblaciones callejeras desde lugares como el Palacio Federal y el Mercado Corona hacia zonas menos visibles.
El documento señaló que medios locales reportaron el asesinato de al menos 15 personas en situación de calle durante 2025 y de ocho más durante los primeros meses de 2026, sin avances significativos en las investigaciones.
Las organizaciones además documentaron agresiones físicas, detenciones arbitrarias, obstáculos para realizar la cobertura y despojo de equipo contra periodistas y personas que documentaban las movilizaciones.
El balance de CIMAC identificó 11 agresiones contra mujeres periodistas, nueve de ellas en la Ciudad de México y dos en Jalisco.
Ocho de las agresiones provinieron de personas funcionarias públicas, principalmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Del total, 54.55% ocurrió durante manifestaciones, 27.27% en partidos y 18.18% durante operativos policiales.
El informe registró al menos seis casos de afectaciones directas al trabajo periodístico durante los operativos, así como la presencia de elementos antimotines sin identificadores visibles y de personas vestidas de civil que, de acuerdo con la documentación, actuaban por orden policial.
El informe también cuestionó las prioridades presupuestarias vinculadas con el megaevento y advirtió que no estuvieron alineadas con la Resolución Núm. 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que plantea la importancia de distribuir equitativamente las cargas fiscales y orientar el gasto público hacia la realización progresiva de los derechos humanos.
Las organizaciones destacaron que México fue el único de los tres países sede que otorgó un régimen de exenciones fiscales de alcance nacional a la FIFA, sus subsidiarias y empresas vinculadas con el torneo.
A la fecha señalada en el informe, la Secretaría de Hacienda no había revelado la identidad de las personas físicas y morales beneficiadas, bajo el argumento del secreto fiscal.
En Guadalajara, las organizaciones documentaron una reorientación de inversión pública hacia seguridad, inteligencia, videovigilancia y control territorial que trascendió la preparación operativa del Mundial y se convirtió en un eje prioritario de la política pública estatal.
El objetivo del informe no es atribuir al Mundial la creación de estas problemáticas, sino documentar cómo el evento aceleró y visibilizó dinámicas que ya existían.
Las organizaciones señalaron que buscan que las afectaciones identificadas sean atendidas por las autoridades y que la experiencia sirva para detectar riesgos y exigir medidas de prevención frente a futuros megaeventos.
El desafío, planteó el documento, consiste en evitar que la celebración de acontecimientos deportivos de gran escala implique normalizar prácticas de exclusión, desplazamiento, censura o criminalización de quienes ejercen sus derechos.
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