PRENSA IBERO
AUTOR
Mariana Domínguez Batis
Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional de la IBERO
- El Dr. José Luis Caballero, también académico de la Universidad Iberoamericana, llama a universidades a ser espacios de diálogo frente a la polarización
- El Clúster Universitario de Alto Nivel de la alcaldía Álvaro Obregón realiza la primera sesión del Seminario del Think Tank “Deconstrucción del discurso de odio”, en colaboración con nuestra casa de estudios
El discurso de odio, en su forma más grave, no es una opinión provocadora ni una crítica incómoda: es la negación de la diversidad y la imposición de una visión que excluye al “otro”. Así lo sostuvo el Dr. José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, al inaugurar el Seminario del Think Tank “Deconstrucción del discurso de odio”, organizado por el Clúster Universitario de Alto Nivel de la Alcaldía Álvaro Obregón en colaboración con la IBERO.
Durante esta primera sesión, coordinada por nuestra universidad, el Dr. Caballero explicó que en el sistema interamericano el discurso de odio no surgió como una categoría aislada, sino en tensión permanente con la libertad de expresión, considerada piedra angular de las democracias. “La libertad de expresión protege discursos críticos, incómodos o impopulares. Pero deja de estar protegida cuando se convierte en apología o incitación a la violencia contra personas o colectivos por razones de identidad”, señaló.
Entre la crítica legítima y la exclusión
El jurista advirtió que uno de los principales riesgos es diluir el concepto: si todo es discurso de odio, nada lo es. Por ello, insistió en distinguir entre discriminación y odio. No toda exclusión constituye incitación a la violencia, pero
cuando un mensaje busca despojar a una persona de su condición o dignidad por su raza, religión, nacionalidad, género u otras categorías protegidas, se cruza una frontera jurídica y ética.
Caballero subrayó que los Estados tienen obligaciones específicas: armonizar su legislación con estándares internacionales, evitar sanciones penales desproporcionadas que inhiban la libertad de expresión, promover la rectificación y capacitar a autoridades judiciales. También enfatizó la necesidad de políticas educativas y culturales que fortalezcan el reconocimiento de la diversidad.
En el contexto de redes sociales y procesos electorales, alertó sobre la responsabilidad agravada de quienes ejercen cargos públicos. “La libertad de expresión de una persona funcionaria no es absoluta. El poder amplifica el discurso y puede generar condiciones de exclusión”, afirmó.
El seminario marca el inicio de un proceso interuniversitario para elaborar lineamientos mínimos que permitan prevenir y atender prácticas de discurso de odio en las universidades, protegiendo la libertad de expresión y la deliberación democrática.
Universidades, antídoto contra la polarización
Desde su doble papel como presidente de la CIDH y profesor universitario, el Dr. Caballero destacó la responsabilidad de las instituciones de educación superior frente a la polarización social.
Las universidades, dijo, son “espacios privilegiados de reconocimiento de la dignidad de las personas y de construcción dialógica”, lo opuesto a la cancelación y la exclusión.
Planteó que este espacio debe impulsar información rigurosa sobre diversidad e inclusión, combatir estereotipos y fortalecer mecanismos institucionales de protección, como las procuradurías universitarias.
El académico agradeció la articulación entre universidades, gobierno y sociedad civil, al considerar que sólo desde el diálogo informado pueden enfrentarse narrativas que erosionan derechos humanos.
