PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- El reporte "Geografías de la crueldad" advierte que la ausencia de un marco normativo deja sin protocolos homologados de atención a las víctimas de violencia y crimen organizado
- También, señala que solo existen leyes locales en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca que previenen, atienden o reparan desplazamientos forzados internos
La ausencia de una legislación federal y de cifras oficiales sobre desplazamientos forzados internos en México deja a poblaciones vulnerables sin protocolos homologados de atención, precisa en uno de sus apartados el reporte "Geografías de la crueldad", elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
El texto, que reúne un diálogo colectivo de más de 33 especialistas provenientes de la academia, la sociedad civil y el periodismo de investigación, señala que solo existen leyes locales en los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca que en sus disposiciones previenen, atienden o reparan los desplazamientos forzados internos.
El apartado "El continuo de las violencias. Desplazamiento y desaparición", señala que tanto el desplazamiento como la desaparición en la discusión pública suelen tratarse como categorías separadas, pero con evidencia se ha demostrado que forman parte de un mismo proceso.
"Las desapariciones, el desplazamiento forzado y los homicidios forman parte de eventos continuos y acumulados de violencia que se entrelazan en las disputas por los territorios entre organizaciones criminales".
El apartado cita un monitoreo sistemático de medios y fuentes abiertas del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la IBERO, que retoma un esfuerzo que desde 2016 venía realizando la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Además se trianguló con otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, la Universidad Autónoma de Guerrero y el Observatorio de Seguridad Humana en Apatzingán.
En el caso de Zacatecas, Jairo Antonio López, investigador de El Colegio de México fue quien presentó un análisis construido a partir de cuatro años de trabajo de campo y acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado interno en ese estado.
La principal causa identificada del desplazamiento forzado interno detectado fue la violencia ejercida por grupos del crimen organizado, aunque en Chiapas la categorización resulta más difícil porque los desplazamientos entrelazan conflictividad social y disputas territoriales de larga data.
El apartado menciona que no fue posible caracterizar a las personas desplazadas por sexo, edad o pertenencia étnica. Sin embargo, se suman riesgos de seguridad que enfrentan periodistas, defensores de derechos humanos y las propias personas desplazadas al documentar o denunciar estos eventos.
Los testimonios recabados revelaron reclutamiento forzado de menores por grupos armados, uso de drones para vigilancia de comunidades previo a incursiones violentas, dobles y triples desplazamientos de familias que no logran establecerse, y separaciones familiares prolongadas.
Una de las entrevistas recogió el caso de una mujer cuyo hijo de 11 años fue reclutado de manera forzosa tras el asesinato de su esposo.
Las violencias documentadas por "Geografías de la Crueldad" rara vez se presentan aisladas, sino empalmadas y entrelazadas con violencia de género, violencia familiar, despojo y desprotección jurídica.
Recientemente, el PDH de la IBERO documentó al menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos durante 2025 en 11 estados del país, en el informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”.
El estudio identificó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada a la criminalidad organizada, mientras que entidades como Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor cantidad de casos.