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PRENSA IBERO
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• Ante las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con el paso de caravanas migrantes por México, cobra relevancia una serie de propuestas de política pública elaboradas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México desde 2024, que plantean sustituir la lógica de contención y militarización por una estrategia de protección, regularización e integración de las personas migrantes
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves 12 de noviembre con duplicar los aranceles que actualmente aplica a los productos mexicanos si el Gobierno de México no detiene una caravana de aproximadamente mil 500 personas migrantes que partió de Tapachula, Chiapas, con dirección al norte del país.
El mandatario estadounidense aseguró que no permitirá el ingreso de estas personas a su territorio y advirtió que las autoridades mexicanas deben impedir su avance. La amenaza ocurre mientras ambos países mantienen negociaciones comerciales y vuelve a colocar la migración como un punto de presión en la relación bilateral.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los procedimientos implementados por su administración para atender a las caravanas migrantes y sostuvo que éstas no están llegando a Estados Unidos.
La mandataria explicó que el Gobierno de México informa a las personas migrantes sobre las restricciones vigentes para solicitar asilo en territorio estadounidense, particularmente después de que la administración Trump suspendiera mecanismos que anteriormente permitían iniciar estos procedimientos desde el sur de México.
De acuerdo con Sheinbaum, muchas personas deciden regresar a sus países de origen después de conocer estas condiciones, mientras que las autoridades mexicanas les ofrecen acompañamiento para facilitar su retorno. La presidenta aseguró que estos procedimientos se realizan con respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, más allá de las declaraciones de ambos mandatarios, surge una pregunta que atraviesa la discusión sobre el futuro de la política migratoria mexicana: ¿qué debe hacer México con las personas que llegan a su territorio en busca de mejores condiciones de vida, protección internacional o una oportunidad para establecerse?
Desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se han planteado alternativas para atender este fenómeno desde una perspectiva que va más allá de la vigilancia fronteriza y la contención de los flujos migratorios.
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México impulsó IBERO Propone, una iniciativa académica que reunió recomendaciones de política pública sobre distintos desafíos nacionales, con el propósito de contribuir al debate público y ofrecer soluciones a quienes aspiraban a gobernar el país.
Las propuestas fueron desarrolladas por especialistas de la Universidad y presentadas durante el proceso electoral como una aportación al diseño de políticas públicas.
Entre estos documentos se encuentra Propuestas en materia migratoria, elaborado por la Mtra. Margarita Núñez, del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la IBERO.
Desde entonces, el Programa advirtió sobre las consecuencias de una política migratoria mexicana organizada principalmente desde una perspectiva de seguridad nacional y militarización, cuyo objetivo central ha sido contener a las personas que llegan al territorio mexicano para permanecer en él o intentar ingresar a Estados Unidos.
El documento sostiene que este enfoque genera riesgos para la vida, integridad, dignidad y libertad de las personas migrantes, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de movilidad forzada o requieren protección internacional.
Aunque fueron formuladas en 2024, las recomendaciones adquieren renovada relevancia frente a las presiones comerciales y migratorias de la administración Trump.
Una de las principales propuestas de la IBERO consiste en desvincular la gestión migratoria del enfoque militarizado y sustituirlo por uno orientado a la protección de los derechos humanos.
Para ello, el documento plantea retirar a las Fuerzas Armadas de los puntos de revisión, aduanas y espacios de control fronterizo, lo que implicaría modificar las atribuciones establecidas en la legislación correspondiente.
También recomienda que quienes integren el Instituto Nacional de Migración (INM) sean perfiles civiles con formación especializada en derechos humanos y que las funciones de esta institución se limiten a tareas administrativas y técnicas, como el registro de entradas y salidas del país y los procedimientos de regularización migratoria.
Otra propuesta es modificar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración para avanzar hacia revisiones migratorias exclusivamente en puntos de internación, eliminando prácticas discriminatorias como el perfilamiento racial.
Asimismo, plantea armonizar la legislación para garantizar que las detenciones por razones migratorias no excedan las 36 horas, con mecanismos de control judicial y respeto a los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
Frente a una realidad en la que miles de personas permanecen en México durante periodos prolongados, el Programa de Asuntos Migratorios propone establecer mecanismos de regularización acordes con las necesidades actuales de movilidad humana.
Estos procedimientos deberían ser accesibles, flexibles y transparentes, considerando particularmente a quienes se desplazan por situaciones de violencia, desigualdad, desastres naturales, cambio climático o falta de oportunidades.
Entre las recomendaciones destaca otorgar una situación migratoria regular mientras las autoridades resuelven cada solicitud, de manera que las personas tengan certeza jurídica durante el procedimiento.
La propuesta también plantea permitir que las personas migrantes trabajen y cuenten con medios de subsistencia suficientes mientras se determina su situación migratoria.
A ello se suma la necesidad de establecer mecanismos accesibles para renovar documentos y facilitar, cuando corresponda, el acceso a la residencia permanente y la ciudadanía en el mediano y largo plazo.
El documento incorpora además una perspectiva de género interseccional, el interés superior de la niñez y la prohibición de discriminación.
Una de las reflexiones centrales de IBERO Propone es que México ya no puede entenderse exclusivamente como un país de tránsito hacia Estados Unidos.
El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y los obstáculos para acceder a protección internacional han contribuido a que numerosas personas permanezcan en territorio mexicano, en ocasiones sin condiciones adecuadas para ejercer sus derechos.
Por ello, el Programa de Asuntos Migratorios plantea reconocer oficialmente que México también es un país de destino y desarrollar políticas públicas orientadas a la integración de estas poblaciones.
Esto incluye promover su incorporación a la vida laboral, educativa y financiera, así como facilitar el acceso a servicios de salud, educación y otros derechos fundamentales, sin discriminación por origen nacional o situación migratoria.
La Universidad también recomienda fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatales, con participación de organizaciones civiles, instituciones académicas y el sector privado.
Otra medida es desarrollar campañas educativas y de comunicación para combatir prejuicios, estereotipos y estigmas contra las personas migrantes, al tiempo que se promueve una cultura de hospitalidad y valoración de la diversidad.
Las recomendaciones también contemplan fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), institución responsable de atender las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.
La IBERO propone ampliar sus capacidades financieras, humanas, técnicas y de infraestructura para agilizar los procedimientos y responder de manera efectiva a las necesidades de protección internacional.
Asimismo, plantea mejorar la coordinación entre dependencias gubernamentales, incluida la Comar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para garantizar atención a personas en situaciones de vulnerabilidad.
Estas recomendaciones buscan que las necesidades de protección internacional no dependan exclusivamente de las disposiciones del INM, sino que exista una política articulada entre distintas instituciones responsables de garantizar derechos.
Las nuevas amenazas de Donald Trump y la respuesta de Claudia Sheinbaum reflejan la importancia que ha adquirido la migración en la relación bilateral, particularmente cuando las decisiones sobre movilidad humana se vinculan con posibles sanciones comerciales.
No obstante, las propuestas desarrolladas por la IBERO desde 2024 permiten ampliar la discusión hacia un problema de fondo: las condiciones en las que viven las personas migrantes que permanecen en México y las responsabilidades del Estado para garantizar sus derechos.
Más allá de detener caravanas o impedir que lleguen a la frontera estadounidense, el documento invita a considerar cómo construir instituciones capaces de atender solicitudes de protección, facilitar la regularización y generar oportunidades de integración.
¿Deportar, detener o integrar? Frente a esta disyuntiva, IBERO Propone plantea que la política migratoria mexicana no debe limitarse a administrar fronteras, sino reconocer a las personas migrantes como sujetas de derechos y responder a una realidad en la que México es también un lugar de destino.
Las recomendaciones completas pueden consultarse en IBERO Propone, iniciativa mediante la cual la Universidad Iberoamericana busca contribuir, desde el conocimiento académico, a la construcción de soluciones para los principales desafíos del país.
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